Venta de tierras a extranjeros: qué cambios acordó Bullrich en el Senado para aprobar el proyecto

La eliminación del límite para la venta de tierras rurales a extranjeros es el punto central del proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" que mandó el presidente Javier Milei al Senado y que, tras más de un mes trabado, finalmente llegará al recinto la próxima semana con un acuerdo que cerró la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con bloques aliados para tener una última sesión antes del receso de invierno.

Desde la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, Bullrich busca recuperar la iniciativa política del oficialismo en el Senado con este proyecto, pero encontró dificultades para sesionar por falta de acuerdo con los dialoguistas, Finalmente, este miércoles se llevó de la reunión de Labor Parlamentaria el consenso necesario para abrir el recinto el jueves 16 de julio a las 12:00.

Además de la iniciativa sobre propiedad privada, el temario incluirá una treintena de pliegos judiciales, entre ellos la prórroga en el cargo del juez del fuero laboral Víctor Pesino, de interés para el Gobierno por haber sido el magistrado que anuló la cautelar que había suspendido más de 80 artículos de la reforma laboral. También un proyecto para declarar a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año.

Sin embargo, el plato fuerte de la sesión será el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que introduce cambios en desalojos, expropiaciones, uso de tierras afectadas por incendios y en los requisitos para que los extranjeros puedan adquirir grandes extensiones de tierras rurales en el país. Este capítulo se convirtió en el eje central de la discusión.

Bullrich tuvo que negociar con los bloques provinciales, la UCR y el PRO hasta el extremo de que circularon 13 borradores distintos sobre ese punto, incluso después de haberse firmado el dictamen de comisiones. El Gobierno finalmente aceptó mantener algunas prohibiciones y compartir con las provincias el poder de autorizar la venta y se quedó con lo que más le importaba.

Venta de tierras a extranjeros: ¿cuáles son los cambios que aceptó el Gobierno para avanzar en el Senado?

El objetivo central de Milei y Sturzenegger es la eliminación del límite legal para que las personas físicas o jurídicas de otro país puedan adquirir tierras rurales, que actualmente es el 15% del territorio nacional (o de una misma provincia o departamento) por lo establecido en la Ley de Tierras Rurales fijada por el kirchnerismo en 2011. En la negociación, el Gobierno logró mantener este punto, central para la visión de desregulación total de la economía que tiene el Presidente.

A cambio, el Gobierno aceptó que en primer lugar que la regulación y las restricciones finales para esas operaciones sean potestad de los gobiernos provinciales. En la discusión que se llevó a cabo durante las semanas siguientes, acordó además mantener "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros".

En el borrador número 13 del proyecto, al que accedió iProfesional, otro de los cambios que figura es que las empresas con participación estatal extranjera tampoco podrán adquirir tierras rurales "salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".

De esta forma, el gobernador y la Casa Rosada tendrán que estar de acuerdo con la venta cuando el interesado sea una compañía donde participe un Estado extranjero. La misma condición se acordó para la adquisición de tierras en "zonas de seguridad de frontera".

El detalle técnico que incluye proyecto para la autorización de venta de tierras 

El borrador final que destrabó el principio de acuerdo para votar el proyecto la próxima semana incluye un detalle: en todos los casos esa autorización de la provincia y del Gobierno nacional se regirá por el "silencio administrativo". Esto implica que, si no hubiera respuesta del Estado al permiso para comprar tierras, quedaría aceptado automáticamente.

Ocurre que a partir de la Ley Bases impulsada por Milei en 2024, la legislación argentina interpreta el silencio administrativo en sentido positivo, a la inversa de lo que ocurría antes, cuando la falta de respuesta por parte de la administración se tomaba tácitamente como un rechazo.

El capítulo sobre las tierras rurales en el proyecto sobre "propiedad privada", según el borrador con los últimos cambios acordados, establece que la autorización "se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho".

Según ese artículo, el plazo sería de 60 días. A pesar de que el proyecto siguió teniendo modificaciones después de la firma del dictamen, el consenso al que arribó Bullrich con los bloques aliados es formalizar estos cambios directamente en el recinto el día de la sesión. Habrá críticas por parte del peronismo y los senadores que se oponen a este punto.

Fuentes parlamentarias señalaron a iProfesional que en La Libertad Avanza confían en que estas modificaciones le asegurarán la mayoría para darle media sanción al proyecto. Toman el acuerdo para convocar a la sesión el próximo jueves como un anticipo de la aprobación, aunque sea con lo justo. En la oposición, en cambio, deslizan que todavía hay algunas dudas sobre la letra final del texto, por lo que no se descartan más cambios conforme se acerque el día.

El otro punto clave del proyecto de Milei sobre propiedad privada: ¿cómo serán los desalojos exprés?

Por otro lado, el proyecto introduce cambios importantes en otros aspectos relacionados con la "propiedad privada", como los procesos judiciales de restitución de inmuebles. Allí dispone que la acción de desalojo "se sustanciará por el procedimiento establecido" por el Código Procesal Civil y Comercial "para el juicio sumarísimo", lo que acelera mucho el trámite.

Con la idea de promover un "desalojo exprés", la iniciativa del Gobierno señala que cuando la acción de desalojo sea contra "tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible" el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble "en cualquier estado del juicio" después de iniciado el litigio.

En tanto, cuando sea a causa de "cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes, según indica el dictamen.

Una de las principales modificaciones que aceptó el oficialismo en este tema durante el debate en las comisiones fue clarificar una distinción entre inquilinos y "okupas", dado que el proyecto original contemplaba el desalojo "exprés" también para los casos de falta de pago por parte de un ocupante legal en el marco de un contrato de alquiler.

La oposición criticó esta falta de distinción, especialmente en un momento de dificultades económicas para muchas familias que alquilan. El oficialismo aceptó hacer una diferenciación y que, en los casos donde el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgue un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que se pueda proceder con la demanda de desalojo.

Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble, "el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley", según establece el artículo 23 del proyecto. El proyecto también le da validez a las notificaciones electrónicas, lo que permite que el trámite de desalojo continúe aun cuando el inquilino se niegue a recibir la notificación física.

Además, el proyecto indica que en los procesos sumarísimos de desalojo el juez deberá observar si hay menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo y dar un plazo de 10 días para asegurar "una alternativa habitacional", con intervención del fiscal y los organismos pertinentes.

Los cambios que introduce el proyecto también en las expropiaciones

En la negociación con los bloques, el oficialismo también aceptó retirar todos los artículos que habilitaban el desalojo directo sobre asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones, con el fin de que la declaración de utilidad pública de un bien sea "de interpretación restrictiva", que especifique de manera concreta "el fin perseguido" y que la expropiación del bien se pruebe "idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo". El objetivo del Gobierno es dar mayor seguridad a grandes empresas e inversores.

Otra de las modificaciones que se acordaron en el Senado fue la limitación del cálculo del lucro cesante en las expropiaciones por parte del Estado, al señalar que "la indemnización por lucro cesante en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente". Este fue un planteo de la oposición para juicios millonarios que afecten las arcas públicas.

El texto establece que el valor del bien expropiado deberá determinarse a la fecha inmediatamente anterior a "cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación" y, en ese aspecto, se agregó que el monto será actualizado conforme al IPC "con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago".

La expectativa del Gobierno ahora, tras el acuerdo logrado por Patricia Bullrich para sesionar antes de que el Congreso entre en receso el 20 de julio, es aprobar este proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" pero sin perder el capítulo clave que elimina el límite para la venta de tierras rurales a extranjeros. El oficialismo confía en que así será y que el resultado general de la votación mostrará a los libertarios recuperados tras la parálisis que había generado el "Adornigate".