Sube la presión contra la venta de tierras a extranjeros que vota el Senado y apuntan a un empresario ligado a Milei

A pocos días de que el Senado vote el proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada" que impulsa Javier Milei, cuyo punto central es la eliminación del límite para la venta de tierras rurales a extranjeros, sectores opositores empezaron a elevar la presión para que ese capítulo no se apruebe, con la mira puesta en los grandes empresarios tecnológicos y en particular en Peter Thiel.

Se trata del tecno magnate fundador de la poderosa empresa Palantir -especializada en la recopilación de datos e inteligencia artifical aplicada a la defensa y seguridad- que se reunió con Milei en varias opotunidades y hace poco más de un mes se instaló a vivir en Buenos Aires.

El Senado sesionará el jueves a partir de las 12:00 y La Libertad Avanza (LLA) quiere darle media sanción al proyecto que realiza cambios en materia de desalojos, expropiaciones y también en los requisitos para que personas, empresas y Estados extranjeros puedan adquirir tierras en el país sin el límite del 15% que existe hoy. Los votos para eso están muy justos, según señalan a iProfesional en distintos despachos.

Por eso cobra relevancia el movimiento coordinado que se dio en las últimas horas para que el Senado rechace ese capítulo por parte de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y de un grupo de diptuados nacionales de distintos bloques, que se suman a las duras críticas que realizan también la CGT y la Iglesia. El punto en común es que todos apuntan, directa o indirectamente, a la injerencia de Thiel.

¿Cómo es la presión sobre el Senado contra la habilitación de venta de tierras a extranjeros?

La carta abierta de Carrió -a la que sumaron su firma todos los dirigentes de la Coalición Cívica- sostiene que "la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno Nacional constituye una entrega de poder sobre el territorio argentino" en beneficio, según afirman, del "nuevo feudalismo tecnológico"

En ese sentido, señala que al remover límites "el proyecto compromete la soberanía nacional, el control sobre el agua, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país" afirma que "Javier Milei quiere que la Argentina sea territorio de ensayo para grandes empresas tecnológicas y poderes privados globales que buscan sustituir reglas públicas por reglas privadas".

Tras advertir que quienes acompañen la reforma "incurren en una conducta que el artículo 29 de la Constitución Nacional califica como traición a la patria", la carta señala que el proyecto "debe leerse junto con otras iniciativas que debilitan la capacidad regulatoria del Estado, flexibilizan controles societarios, que permiten ley y jurisdicción extranjera y sociedades automatizadas".

La carta no menciona a Thiel pero lo alude y lo hace casi al mismo tiempo en que la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade presentó un proyecto de declaración que sí le apunta directamente, al declarar el "enérgico rechazo a la injerencia del empresario estadounidense Peter Thiel en asuntos estratégicos de la República Argentina que podrían comprometer futuras decisiones de Estado".

El proyecto lleva las firmas las de Esteban Paulón (Provincias Unidas), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), Blanca Osuna, Carlos Castagneto y Sergio Palazzo (Unión por la Patria) y cuestiona supuestas gestiones del Gobierno con "actores privados vinculados al complejo tecnológico-militar de los Estados Unidos" desarrolladas, según afirman, con "un preocupante nivel de opacidad, sin brindar información suficiente" al Congreso.

¿Por qué ponen la mira en Peter Thiel, el empresario aliado de Milei?

Los diputados afirman que "Peter Thiel no puede ser considerado un mero inversor extranjero" por su rol central en el "procesamiento masivo de datos, la inteligencia artificial aplicada a la defensa, la vigilancia y la creciente privatización de funciones históricamente reservadas a los Estados".

En los fundamentos del proyecto afirmaron que en los últimos meses "comenzaron a conocerse distintos acuerdos celebrados entre el Gobierno argentino y los Estados Unidos en materia de defensa, cooperación tecnológica e inteligencia artificial, algunos de los cuales incorporan empresas pertenecientes al mismo entramado tecnológico y militar en el que desarrolla sus actividades Peter Thiel".

"Tales circunstancias no pueden analizarse de manera aislada, sino en el marco de una profunda reconfiguración geopolítica impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que asigna una importancia creciente al Atlántico Sur, los pasos bioceánicos, la Antártida, los minerales críticos, la infraestructura tecnológica y el control de los datos estratégicos de los Estados", agregan.

La mención a los minerales críticos, así como al "interés por la Patagonia" por parte del "aparato de defensa norteamericano" que también señala el proyecto -en base a "diversos análisis especializados"- son un punto de contacto clave entre el repudio a la presencia de Thiel y el avance del proyecto que reforma la Ley de Tierras, porque en las negociaciones entre los senadores hubo advertencias sobre la importancia estratégica de esos recursos.

Días antes, la CGT y la Iglesia también reclamaron al Senado que rechace el proyecto sobre "propiedad privada" con la mira puesta en el capítulo sobre tierras y en empresarios como Thiel. La CGT apuntó a los "tecnomagnates" y señaló los "estrechos vínculos con la Casa Rosada" de algunos de ellos, una alusión clara.

"Eliminar esa restricción (del 15% del territorio para la venta de tierras a extranjeros) significa entregar soberanía a quienes hoy concentran el poder económico y buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía y agua. De todo aquello que posee la Argentina", señaló al respecto el documento de la central gremial.

Por su parte, la Iglesia emitió otro documento firmado por la Pastoral Social y otras entidades donde advirtió: "Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".

¿Cómo está el conteo de votos en el Senado para el capítulo sobre tierras?

Durante la negociación que encaró Patricia Bullrich con los bloques dialoguistas sobre este tema hubo varios senadores que hicieron hincapié en la importancia de las zonas donde hay minerales críticos y advirtieron sobre el interés de Estados Unidos y de empresarios como Thiel en esos recursos.

En esas negociaciones el oficialismo le hizo llegar a los bloques cuyo apoyo necesita 13 versiones distintas del capítulo que flexibiliza la venta de tierras a extranjeros. Aún así, a dos días de la sesión fuentes libertarias y de la oposición dialoguista señalan que no está claro que LLA ya tenga los votos suficientes para avanzar con el tema.

"Si los tienen, está muy ajustado. Aparentemente la sesión se mantiene viva por los pliegos de jueces (elotro tema importante de la sesión) por una cuestión de plazos", revelaron a iProfesional en un despacho donde dialogan permanentemente con los referentes del oficialismo.

Las fuentes consultadas en el Senado adelantaron que los tres senadores del bloque Convicción Federal no se vieron convencios por los cambios que aceptó hasta ahora el oficialismo sobre el capítulo de tierras y que, por el momento, se encaminan a votar en contra. Sería una baja importante para LLA.

Un conteo preliminar realizado por este medio arrojó que si a los 21 senadores de LLA se le suman los tres del PRO, los bloques provinciales que más seguido lo apoyan (como los misioneros y los salteños) y al menos siete de los diez que tiene la UCR, alcanzarían con lo justo los 37 votos que marcan el quórum y la mayoría.

Esos cálculos no llegan a ser una garantía. En el Senado hay todavía algunas dudas sobre las presencias en el recinto para una sesión convocada a un día de la semifinal del Mundial que jugará Argentina y a dos del inicio del receso de invierno donde suele menguar mucho la actividad parlamentaria, comentan en los pasillos. Cualquier ausencia puede afectar el objetivo del oficialismo.

¿Cuáles son los cambios que aceptó el Gobierno al proyecto para avanzar en el Senado?

El punto central del proyecto que impulsa Milei es la eliminación del límite legal para que las personas físicas o jurídicas de otro país puedan adquirir tierras rurales, que actualmente es el 15% del territorio nacional (o de una misma provincia o departamento) por lo establecido en la Ley de Tierras Rurales que sancionó el kirchnerismo en 2011.

Con el fin de mantener este punto medular, el oficialismo aceptó modificaciones tales como la regulación y las restricciones finales para esas operaciones sean potestad de los gobiernos provinciales. En la discusión que se llevó a cabo durante las semanas siguientes, acordó además mantener "la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados extranjeros".

No obstante, según el borrador número 13 del proyecto al que accedió iProfesional, las empresas con participación estatal extranjera sí podrán adquirir tierras rurales cuando haya "autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional".

De esta forma, el gobernador y la Casa Rosada tendrán que estar de acuerdo con la venta cuando el interesado sea una compañía donde participe un Estado extranjero. La misma condición se acordó para la adquisición de tierras en "zonas de seguridad de frontera".

El detalle técnico que incluye proyecto para la autorización de venta de tierras

El borrador final que destrabó el principio de acuerdo para votar el proyecto la próxima semana incluye un detalle: en todos los casos esa autorización de la provincia y del Gobierno nacional se regirá por el "silencio administrativo". Esto implica que, si no hubiera respuesta del Estado al permiso para comprar tierras, quedaría aceptado automáticamente.

Ocurre que a partir de la Ley Bases impulsada por Milei en 2024, la legislación argentina interpreta el silencio administrativo en sentido positivo, a la inversa de lo que ocurría antes, cuando la falta de respuesta por parte de la administración se tomaba tácitamente como un rechazo.

El capítulo sobre las tierras rurales en el proyecto sobre "propiedad privada", según el borrador con los últimos cambios acordados, establece que la autorización "se regirá por el régimen de silencio administrativo de conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 19.549 y sus modificatorias, operando el vencimiento del plazo como una autorización de pleno derecho". Según ese artículo, el plazo sería de 60 días.

El proyecto ya había tenido modificaciones en el capítulo sobre desalojos y en el de expropiaciones. La Libertad Avanza aceptó, además, eliminar completo el apartado que habilitaba desaolojos en barrios populares registrados en el RENABAP. Ahora, el riesgo es llegar al recinto sin un acuerdo en torno al tema de la venta de tierras y que resulte rechazado en la votación particular, que será la más importante.

El oficialismo no descarta seguir haciendo modificaciones al texto para asegurarse los votos suficientes y aprobar el proyecto sobre "propiedad privada" con el capítulo que elimina el límite a la venta de tierras a extranjeros incluído, pero la sesión del Senado se desarrollará bajo esa presión y, durante el debate, habrá críticas a la relación entre Javier Milei y el empresario Peter Thiel, que muchos miran de reojo en este contexto.