La reforma de la Ley de Tierras vuelve al debate y la Rural fijó su postura sobre la propiedad privada
La discusión sobre una eventual reforma de la Ley de Tierras volvió a instalarse en la agenda política luego de que el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, expresara públicamente su respaldo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la normativa vigente sobre la propiedad de tierras rurales.
El dirigente sostuvo que cualquier cambio debe garantizar el pleno respeto al derecho de propiedad como condición para generar confianza e incentivar nuevas inversiones.
Las declaraciones fueron realizadas durante el acto de apertura de la 138° Exposición Rural, donde Pino fijó la posición institucional de la entidad sobre uno de los proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso en el marco de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El debate llega en un momento en que la iniciativa todavía no consiguió avanzar en el Senado por falta de consensos políticos, pese a que el Gobierno mantiene la intención de modificar el régimen vigente sobre la titularidad de tierras rurales.
Qué propone cambiar la reforma de la Ley de Tierras
El proyecto impulsado por el Gobierno busca modificar la Ley 26.737, sancionada en 2011, que estableció límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Entre otros puntos, la normativa vigente dispone que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Además, la legislación actual establece que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo y fija límites máximos para la adquisición de tierras equivalentes a 1.000 hectáreas en la zona núcleo, con superficies equivalentes según la ubicación y las características productivas del terreno.
De acuerdo con el proyecto oficial, esas restricciones serían eliminadas, permitiendo que desaparezcan los topes actuales para la titularidad de tierras rurales en manos de personas o empresas extranjeras. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas que el Ejecutivo considera necesarias para incentivar inversiones y ampliar la actividad productiva.
Qué planteó la Sociedad Rural sobre el derecho de propiedad
Durante su discurso, Nicolás Pino sostuvo que cualquier modificación legal debe contemplar las distintas realidades productivas, ambientales y geográficas que existen en el país, pero remarcó que todas las regulaciones deberían asentarse sobre un principio básico: el respeto al derecho de propiedad.
Según expresó el titular de la entidad, cada propietario debe conservar la libertad para decidir el destino y el uso de su tierra, siempre dentro del marco legal y procurando que esas decisiones no generen perjuicios a terceros ni afecten el interés común.
La referencia de la Patagonia y las reservas ecológicas
Al fundamentar el respaldo al proyecto oficial, Pino también hizo referencia a una situación que, según afirmó, se registra en algunas zonas de la Patagonia. El dirigente señaló que existen casos de compradores que destinan grandes extensiones de tierra a la creación de reservas ecológicas, pero que no siempre existen obligaciones suficientes para resguardar a los productores vecinos.
"No es bueno, por ejemplo, como sucede en la Patagonia, que compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos", sostuvo durante su discurso en la Exposición Rural.
A partir de ese ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural aseguró que es posible compatibilizar el derecho de propiedad con la protección ambiental y la seguridad nacional, sin que esos objetivos resulten incompatibles entre sí.
En ese sentido, argumentó que lograr ese equilibrio contribuiría tanto a preservar los recursos naturales como a fortalecer la producción y generar un clima más favorable para las inversiones.
Qué hace falta para que avance la reforma de la Ley de Tierras
Si bien el Gobierno ya manifestó su intención de modificar el régimen vigente, la iniciativa todavía no consiguió avanzar en el Congreso. El proyecto quedó demorado en el Senado por falta de acuerdos políticos entre los distintos bloques, por lo que su tratamiento volvió a postergarse.
La propuesta forma parte del paquete de reformas económicas e institucionales que el oficialismo busca impulsar durante este año. Sin embargo, para convertirse en ley deberá reunir los consensos necesarios en ambas cámaras del Congreso, un escenario que por el momento todavía aparece abierto.
Mientras tanto, el debate continúa sumando posiciones de distintos sectores vinculados a la producción agropecuaria, las inversiones y la protección del territorio. El respaldo expresado por la Sociedad Rural incorpora la visión de una de las principales entidades del campo a una discusión que volverá a ocupar un lugar central cuando el proyecto retome su tratamiento legislativo. Cabe recordar que el 6 de agosto podría retomarse el debate.