El peronismo amenaza con expropiaciones si vuelve al poder y le hace un enorme favor a Milei

¿Javier Milei se encontró con el regalo de un "cajón de Herminio"? Eso es lo que creen en el círculo de estrategas electorales del Gobierno, luego de las declaraciones del gobernador riojano, Ricardo Quintela, en el sentido de que un eventual gobierno peronista podría expropiar y estatizar los activos que fueron privatizados o las inversiones realizadas durante esta gestión.

La afirmación de Quintela llegó sorpresivamente en una entrevista de "El Destape", el medio filo kirchnerista dirigido por Roberto Navarro. El foco de la entrevista era las negociaciones de unidad interna del peronismo. El riojano estuvo reunido con Máximo Kirchner, y su nombre va ganando posiciones como posible integrante de una fórmula electoral, dado que también tiene buen diálogo con el bonaerense Axel Kicillof.

Pero, sin que haya habido pregunta de los periodistas, sobre el final de la entrevista pidió hacer una aclaración extra dirigida "a todos los inversores", que inmediatamente se transformó en la nota política del día: "El peronismo va a revisar absolutamente todo y va a auscultar todo los que hizo este gobierno; y lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar, y lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar, lo vamos a recuperar".

Su mensaje a los inversores fue claro: "Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado y que empiecen a invertir apropiándose de cosas que no les corresponde".

En vísperas del debate parlamentario sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada -o, como la llama la oposición, la ley "de extranjerización de la tierra y los recursos naturales"-, no quedaron dudas sobre cuál fue la intención de Quintela: avisar que, aun cuando el gobierno lograra la mayoría como para aprobar su iniciativa, eso no es garantía de que no pueda haber una reversión de lo votado durante un eventual gobierno peronista.

Más concretamente, que quienes hayan comprado terrenos o invertido con condiciones especiales, podrán sufrir un cambio de marco regulatorio que los haga perder retroactivamente algunos de los privilegios adquiridos.

El debate cambia de foco y Javier Milei celebra

La frase sorprendió tanto en el Gobierno como en la oposición, por lo explícito de la advertencia. A pesar de que el peronismo intenta tomar como nueva bandera de movilización la oposición a este proyecto del gobierno, nadie había llegado tan lejos como para amenazar con un desconocimiento de la ley, o con su anulación con efecto retroactivo para quienes hayan hecho inversiones.

De hecho, la frase de Quintela devolvió el optimismo al Gobierno, porque cree que este tipo de declaraciones es, exactamente, lo que justifica la necesidad de un marco legal que garantice el respeto a la propiedad privada.

Hasta ahora, la oposición había logrado una ventaja en la "batalla comunicacional": la discusión pública no estaba focalizada en la necesidad de brindar garantías a los inversores, sino que se había corrido al eje entre lo nacional y lo foráneo. En medio del nacionalismo exacerbado que dejaron las últimas semanas por el fervor mundialista y la repercusión mundial del reclamo por Malvinas, la campaña contra la ley había ganado simpatía en varios sectores.

Para la convocatoria a la marcha del jueves, la oposición recurrió a celebrities del ámbito artístico, que llamaron a defender los recursos nacionales contra una presunta amenaza de extranjerización. Y, además, como el debate tiene un capítulo ambientalista, porque incluye a proyectos mineros, eso también garantiza que se llegue a un público joven sensibilizado con la agenda ecológica.

Pero la frase de Quintela introdujo un elemento que, objetivamente, favorece a la posición oficialista; saca el foco del tema nacionalista y vuelve a ubicar la discusión en la antinomia entre el derecho a la propiedad privada o la laxitud de las leyes ante la imposición de un proyecto político.

La validación del "riesgo kuka"

Fue así que, tras la rápida viralización de la frase del gobernador, surgieron recordatorios de que La Rioja incurrió en default de su deuda apenas tres años después de haber renegociado con los acreedores. Y, por supuesto, que a los pocos meses de haber asumido Milei la presidencia, emitió una nueva cuasi moneda para saldar las obligaciones del gobierno provincial –"el Chacho"- con empleados y proveedores.

Pero el recordatorio no terminó allí, sino que excedió a la figura del gobernador y llegó al intento de Alberto Fernández por la estatización de la cerealera Vicentin, así como al debate del gobierno pasado sobre las retenciones a la exportación agrícola, en el que Cristina Kirchner argumentó que, si no había votos para que el tema saliera por ley, se debería recurrir al decreto.

Pero, sobre todo, lo que el gobierno interpreta es que se convalida su teoría sobre el "riesgo kuka". Según ese planteo, el costo financiero que se le exige a Argentina para obtener crédito en el mercado global -lo que en la jerga se llama el "riesgo país"- no se condice con la situación económica, sino que incluye un castigo preventivo por el temor de que el kirchnerismo regrese al poder.

Quién desarrolló ese argumento fue el ministro de Economía, Toto Caputo, luego de haber emitido bonos en dólares dirigidos al mercado local. Consiguió completar el primer tramo, con vencimiento en 2027, por u$s2.000 millones, a una tasa llamativamente baja de 5,25%.

Claro que la situación fue distinta con el segundo bono, que devuelve el capital en 2028 es decir, que incluye la posibilidad de que deba ser cancelado con otro presidente sentado en el sillón de Rivadavia-. En ese caso, la tasa subió sustancialmente, en torno de 8,6%.

Toto Caputo había argumentado que lo que explicaba esa gran diferencia de tasas – más de 300 puntos básicos en dos bonos idénticos- era el hecho de que el segundo vencía una vez terminado el mandato de Milei. Y por eso acuñó la expresión del "costo financiero kuka", en alusión a que la diferencia de tasa reflejaba el temor del mercado a que un eventual gobierno peronista pudiera incurrir en reperfilamiento o default de la deuda.

De hecho, parte de la motivación política que tuvo Milei para presentar su proyecto de reforma del Banco Central va también en esa dirección: al hacer más difícil la remoción de las autoridades del BCRA por motivos políticos, se les envía un mensaje a los inversores, en el sentido de que habrá continuidad de ciertas políticas.

La señal es que, aun si un peronista como Axel Kicillof -o, sin ir más lejos, Ricardo Quintela- llegaran a la Casa Rosada, podría continuar en su cargo Santiago Bausili. Y eso garantizaría que no habría emisión monetaria destinada a cubrir agujeros fiscales.

El peronismo, en situación incómoda

El gran interrogante es cuál será el impacto de la frase de Quintela en la opinión pública. En el oficialismo hubo quienes hicieron la analogía con el histórico "cajón de Herminio Iglesias", aludiendo al acto proselitista de 1983 en el que el candidato a gobernador bonaerense por el peronismo quemó un ataúd con la inscripción "UCR Alfonsín". El hecho fue repudiado por una sociedad que, tras la dictadura militar, no quería saber nada con la violencia política, y muchos politólogos creen que fue el punto de inflexión que le dio la victoria a Alfonsín.

A 43 años de aquel momento, el gobierno de Milei está convencido de que las amenazas de expropiaciones generan rechazo y son asociadas con las políticas populistas que llevaron a las crisis inflacionarias. Y que, en consecuencias, frases como las de Quintela son "piantavotos", porque la clase media no hará la distinción sobre si la confiscación se limitará a Peter Thiel o si alcanzará a los productores sojeros y a los ahorristas de dólares.

Sin embargo, hay algo importante que todavía está por verse: la reacción de las principales figuras del peronismo, a quien el gobernador riojano puso en una situación incómoda.

Si la frase de Quintela queda como una mera expresión individual, podría interpretarse que los estrategas de campaña no consideran una buena idea espantar a la clase media con nada que suene a confiscaciones.

En cambio, si la frase fuera elogiada y secundada por la dirigencia peronista, entonces la conclusión es que, para el peronismo, sigue vigente un sentimiento estatista que acepta, como mal menor, los cambios de marco legal y las expropiaciones a la inversión.

En cualquier caso, lo ocurrido resulta un hecho positivo para Milei, que tras los últimos escándalos de corrupción que salpicaron al gobierno, había visto erosionarse su discurso sobre la "diferencia moral" en la antinomia entre la facción libertaria y el peronismo. Ahora, ya se están escuchando voces sobre el riesgo implícito que conlleva todo gobierno "populista".