El Gobierno busca aprobar lo que queda de "propiedad privada" y evitar un duro golpe a Bullrich y Sturzenegger

Luego de retirar el controvertido capítulo que reformaba la "Ley de Tierras", el gobierno de Javier Milei intenta aprobar en el Senado lo que queda del proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada", con desalojos exprés, cambios expropiaciones y en las regulaciones para campos afectados por incendios, pero el objetivo de fondo para el oficialismo es evitar una derrota más dura de la que ya sufrió.

De hecho, poco después de iniciado el debate el jefe del bloque peronista/kirchnerista, José Mayans, planteó una moción para que el proyecto volviera a comisión y se suspendiera su tratamiento en la sesión, pero La Libertad Avanza (LLA) logró con ayuda de aliados impedirlo. Reunió 38 votos, que serían los mismos que cuenta para aprobar la iniciativa. La votación se prevé para las 22:00, aproximadamente.

Igualmente, fue un momento tenso para el oficialismo, que el día anterior ya se había visto forzado a retirar el capítulo del proyecto que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros por la presión social -con movilización al Congreso incluida- que llevó a gobernadores y bloques aliados a retirarle el apoyo a ese apartado. El bloque oficialista que encabeza Patricia Bullrich lo resignó para tratar de salvar el resto del texto.

En rigor se trató de una derrota política para el Gobierno. Tanto la Casa Rosada como fuentes del bloque consultadas por iProfesional reconocieron extraoficialmente que la oposición les gano "el relato" frente a la opinion pública. Pero los más heridos por la caída del polémico capítulo fueron Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto.

¿Por qué es clave para el Gobierno aprobar el  proyecto sobre "propiedad privada"?

Más allá de que el proyecto sobre "propiedad privada" forma parte de la agenda parlamentaria -e ideológica- de Milei, Bullrich y Sturzenegger necesitan que en la sesión de este jueves el Senado le dé media sanción a lo que quedó del texto, porque un rechazo los dejaría muy mal parados puertas adentro del Gobierno.

La jefa del bloque oficialista fue la principal negociadora con los bloques dialoguistas. Buscó hasta el final los votos para sostener el capítulo que mantuvo trabado el tratamieto del proyecto, al extremo de elaborar 17 borradores distintos para tratar de reunir consenso. Pero además, hasta último momento prometía tener los votos.

"Tenemos los suficientes para ganar", lanzó confiada un día antes de la sesión, en u contacto informal con la prensa. En el oficialismo aseguran que hizo la misma promesa a la "mesa política" donde participan la secretaria general, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el asesor Santiago Capuuto, entre otros.

Por su parte, Sturzenegger fue el encargado de la elaboración del proyecto original que sufrió numerosos cambios. Bullrich se mantvo en contacto con él permanentemente durante las negociaciones con los bloques en torno al capítulo sobre tierras y en más de una oportunidad el desacuerdo entre ellos por las modificaciones conversadas hizo de traba.

El retiro del capítulo sobre venta de tierras a extranjeros, que era el más importante para el Gobierno, fue un revés para ambos en un momento donde, además, el ministro enfrenta cuestionamientos por la desregulación por decreto del sector de los prácticos navales, que desató un paro de cuatro días en el comercio exterior con un costo millonario.

En ese contexto, el oficialismo debió resistir el intento de devolver el proyecto a comisión y ahora busca aprobarlo y girarlo a la Cámara de Diputados para morigerar la derrota que significó la caída del capítulo sobre la Ley de Tierras y, en definitiva, reducir el impacto político no solo sobre Bullrich y Sturzenegger, sino sobre la gestión de Milei.

Desalojos exprés: qué cambia para propietarios e inquilinos

El principal punto que mantiene el proyecto de "propiedad privada" es la reforma del Código Civil y Comercial en lo referido a los desalojos. La iniciativa establece que los procesos de restitución de inmuebles deberán tramitar bajo el procedimiento de juicio sumarísimo, una vía más rápida que la actual.

La iniciativa del Gobierno establece que cuando la acción de desalojo sea contra "tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible" el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble "en cualquier estado del juicio" una vez iniciado el litigio, siempre que considere acreditado el derecho del propietario.

En tanto, cuando sea a causa de "cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes con "nombre completo, nacionalidad y número de documento o pasaporte".

Una de las principales modificaciones que aceptó el oficialismo en este capítulo durante la discusión en comisiones fue hacer una distinción entre ocupantes ilegales e inquilinos, dado que el proyecto original contemplaba un desalojo "exprés" también para quienes alquilan legalmente un inmueble con destino a vivienda y se atrasen con el pago.

Ante las críticas de la oposición, que apuntaron principalmente a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias que alquilan, el oficialismo aceptó que, en los casos donde el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgue un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que regularice la situación.

Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble, "el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley", según quedó establecido en el proyecto.

También incorpora el mecanismo de las notificaciones electrónicas, lo que permitirá que el trámite de desalojo continúe incluso cuando el ocupante del se niegue a recibir la notificación física.

Por otro lado, la iniciativa contempla una protección especial cuando en el inmueble habiten:

• Menores de edad
• Personas con discapacidad
• Adultos mayores en situación de vulnerabilidad

En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos correspondientes antes de concretar el desalojo.

Cambios en las expropiaciones: más límites al Estado

En otro capítulo el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" también introduce cambios importantes en el régimen de expropiaciones  por parte del Estado. La declaración de utilidad pública de un bien debera ser "de interpretación restrictiva" y justificar de manera concreta "el fin perseguido".

Con el objetivo de dar seguridad a grandes empresas e inversores, el Gobierno establece en la inniciativa que la expropiación del bien debe probarse "idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo".

En ese marco, realiza otro cambio relevante en la forma de calcular la indemnización. Según el texto, el valor del bien expropiado deberá tomar como referencia la fecha inmediatamente anterior a "cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación".

Al respecto, se establece que el monto será actualizado conforme al IPC "con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago".

Otra modificación que el oficialismo tuvo que consensuar con los bloques dialoguistas fue la limitación del cálculo sobre el lucro cesante, que "en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente". Este fue un planteo de la oposición para juicios millonarios que afecten las arcas públicas.

Reforma de la Ley de Manejo del Fuego

Otro capítulo que generó controversia durante el debate es el que modifica la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar las restricciones que impedían cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante períodos de entre 30 y 60 años,una restricción que fue incorporada por un proyecto de Máximo Kirchner en 2020.

El Gobierno sostiene que esas limitaciones generaban un perjuicio económico para los propietarios afectados por incendios, al impedirles desarrollar actividades productivas o inmobiliarias en sus terrenos.

Para el caso de bosques nativos, áreas protegidas y humedales, el proyecto elimina el plazo de 60 años pero se señala que "no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio".

Además, se deroga el artículo 22 quarter de la Ley de Manejo del Fuego vigente que prohíbe por 30 años cualquier cambio de uso -incluida la "realización de emprendimientos inmobiliarios"- de los terrenos ubicados en zonas agropecuarias que sean afectados por incendios.