El Gobierno tuvo bajar el capítulo de venta de tierras a extranjeros para salvar la Ley de Propiedad Privada

Una vez más el gobierno de Javier Milei fracasó en su intento de avanzar con la flexibilización de la venta de tierras a extranjeros. A un día de la sesión del Senado para tratar el proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada", el oficialismo decidió retirar el controvertido capítulo de esa iniciativa que reformaba la Ley de Tierras por falta de votos.

La decisión se tomó durante una reunión que encabezó la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, con los bloques aliados que, tras advertir en las primeras horas de este miércoles que ese capítulo del proyecto no alcanzaba los votos suficientes porque había empezado a perder el voto de senadores clave, presionaron para devolver el proyecto a comisión.

La reforma de la Ley de Tierras que rige desde 2011 figuraba como capítulo 3 del proyecto sobre propiedad privada que establece, por otra parte, cambios en materia de expropiaciones estatales, desalojos de inmuebles por tomas o falta de pago y en la Ley de Manejo del Fuego.

Sin embargo, el apartado que elevaba del 15% al 25% del territorio de cada provincia el límite para la posesión de tierras en manos extranjeras y autorizaba condiciones específicas para la compra de terrenos en zonas de frontera trababa todo el proyecto. Para tratar de salvarlo el resto del texto, Bullrich decidió retirar solo el capítulo controvertido.

De esta forma, la sesión convocada para este jueves a las 14:00 en principio se mantenía y el oficialismo buscaría aprobar el proyecto que se encuentra en stand by hace dos meses pero ya sin el capítulo que generaba resistencias entre los bloques dialoguistas y motivó la organización de una importante marcha al Congreso para rechazarlo el mismo día del debate. 

¿Qué llevó al oficialismo a retirar el polémico capítulo que reformaba la Ley de Tierras?

En la bancada de La Libertad Avanza (LLA) eran optimistas hasta el martes. Bullrich había deslizado que tenía "los votos suficientes", aunque sin dar un número preciso. Entre algunos de sus colegas ya presentían que la pelea sería voto a voto y con resultado abierto. Temían principalmente al efecto sobre los senadores aliados de la presión social contra la reforma de la Ley de Tierras y su repercusión en redes sociales y medios. "Cuando te ganan con el título se complica", comentaban.

El optimismo que exhibían los libertarios en público se basaba en el consenso que, según afirmaron en conferencia de prensa el último martes, había logrado con los bloques provinciales sobre las últimas modificaciones al proyecto aceptadas por el Gobierno.

Tras la circulación de 17 borradores distintos, aceptaron subir el "tope" para las tierras en manos extranjeras, que actualmente es el 15% del territorio nacional o de una misma provincia o departamento, al 25% "del territorio de cada provincia", en lugar de eliminarlo por completo como proponía el proyecto original impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Pero las esperanzas de LLA empezaron a caer este miércoles al mediodía, cuando los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Neuquén, Rolando Figueroa, anticiparon que sus senadoras votarían en contra del capítulo sobre tierras. El oficialismo perdía así a la tucumana Beatriz Ávila y a la neuquina Julieta Corroza, a quienes contaba como votos a favor.

Los cálculos más optimistas del oficialismo le daban unos 35 votos a favor del capítulo sobre tierras, por lo que la baja de esas senadoras dejaba el número en 33 y, para más, amenazaba con un efecto dominó sobre el resto de los bloques aliados.

¿Cuál fue el rol de los goberandores en la pelea voto a voto que complicó al Gobierno en el Senado? 

Entre esos apoyos que flaqueaban estaba el de la UCR. De los diez senadores radicales había tres que se perfilaban para votar en contra y existía además el riesgo de un ausente que le restara otro voto al oficialismo. Además, el Comité Nacional del partido los presionaba públicamente para que rechacen la reforma.

Pero el efecto dominó -que suele darse en votaciones que asoman muy parejas cuando alguien "da vuelta" su voto- podía arrastrar principalmente a otros bloques provinciales. Por caso, el oficialismo esperaba contar con la salteña Flavia Royón, alfil del gobernador Gustavo Sáenz, pero su acompañamiento se volvió más dudoso después del cambio de postura de sus colegas de Tucumán y Neuquén.

También era una incógnita el voto de la chubutense Edith Terenzi, quien responde al gobernador Ignacio Torres. No eran pocos en el Senado los que especulaban con que apoyaría en general el proyecto sobre propiedad privada pero rechazaría el capítulo sobre tierras.

Otro de los interrogantes pasaba por los tres senadores de Convicción Federal. Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) tenían un dictamen de comisión propio, diferenciado del oficialismo, y esa podía ser la excusa para no acompañar la reforma de la Ley de Tierras, con un antecedente clave: no bajaron a dar quórum en la anterior sesión de julio, cuando el oficialismo pidió cuarto intermedio hasta este jueves para tratar el tema.

Además, la senadora Mendoza también responde a Jaldo y se prevía que, así como su comprovinciana Ávila, se inclina por votar en contra del capítulo sobre tierras. Todos estos movimientos empezaron a enfrosar las filas del rechazo.

Votos en contra, presiones para LLA y un intento de salvar el proyecto sobre propiedad privada

Del otro lado estaban los tres senadores radicales que se perfilan como votos en contra la reforma de la Ley de Tierras: el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger, que se sumaban a los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia (Movere Santa Cruz), la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas (Encuentro Misionero).

Con esos ocho votos junto a los los 25 de la bancada peronista/kirchnerista que engloba a los bloques Justicialista, Frente Cívico por Santiago y Justicia Social el rechazo alcanzaba las 33 voluntades. Esto era antes del giro que dieron las senadoras de Neuquén y de Tucumán. Con ellas serían 35 y estaba abierta la posibilidad de que se sumaran los otros que estaban en duda.

La kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti y el radical Fama habían pedido votar de forma remota por cuestiones de salud y la habilitación debía ser aprobada por el pleno del Senado durante la sesión. Esto puso tensión la posibilidad de un rechazo y abrió una esperanza para LLA, pero se agotó rápido.

La necesidad de resolver esos dos votos, que podrían ser clave en un escenario muy ajustado, amenazaba con empiojar el debate que además se daría bajo una fuerte presión de la calle. Esto también influyó en que los bloques aliados presionaran a Bullrich para desistir de avanzar con la reforma de la Ley de Tierras, dado que ninguno quería ir al recinto en esas condiciones, sin garantías de un resultado favorable y con posible costo político a la vista.

Finalmente, al oficialismo no le alcanzaban las numerosas modificaciones hechas al capítulo sobre tierras, que además de subir el límite en lugar de borrarlo incluyeron un "doble conforme" para que las provincias y la Nación tuvieran que autorizar la venta de tierras cuando el interesado fuera una empresa con participación estatal extranjera y cuando el inmueble se ubicara en zonas de frontera. Los gobernadores aliados se apartaron a pesar de que ese cambio los favorecía.

El riesgo adicional para LLA era no llegar siquiera a reunir el quórum. Aún cuando tuvieran 35 votos a favor, necesitarían que dos senadores más bajaran al recinto para poder retomar la sesión que el último 16 de julio pasó a cuarto intermedio hasta este jueves. Con el retiro del controvertido capítulo, el oficialismo espera ahora salvar el resto del proyecto.

Lo que queda del proyecto sobre propiedad privada: ¿cómo serán los desalojos "exprés"?

Sin la reforma de la Ley de Tierras, el proyecto de "inviolabilidad de la propiedad privada" que el oficialismo quiere aprobar en el Senado este jueves se enfoca en otros aspectos, entre ellos los procesos judiciales de restitución de inmuebles. Allí dispone que la acción de desalojo "se sustanciará por el procedimiento establecido" por el Código Procesal Civil y Comercial "para el juicio sumarísimo", lo que acelera mucho el trámite.

Con la idea de promover un "desalojo exprés", la iniciativa del Gobierno señala que cuando la acción de desalojo sea contra "tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible" el juez podrá disponer la entrega inmediata del inmueble "en cualquier estado del juicio" después de iniciado el litigio.

En tanto, cuando sea a causa de "cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar el reconocimiento dentro de las primeras 72 horas, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes, según indica el dictamen.

Una de las principales modificaciones que aceptó el oficialismo en este tema durante el debate en las comisiones fue una distinción entre inquilinos y "okupas", dado que el proyecto original contemplaba el desalojo "exprés" también para los casos de falta de pago por parte de un ocupante legal en el marco de un contrato de alquiler.

La oposición criticó esta falta de distinción, especialmente en un momento de dificultades económicas para muchas familias que alquilan. El oficialismo aceptó hacer una diferenciación y que, en los casos donde el destino del inmueble sea habitacional y hubiera falta de pago, se otorgue un plazo de 10 días corridos desde la intimación formal al inquilino para que se pueda proceder con la demanda de desalojo.

Una vez cumplido ese plazo, si el locatario aún no devolvió el inmueble, "el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley", según establece el artículo 23 del proyecto. El proyecto también le da validez a las notificaciones electrónicas, lo que permite que el trámite de desalojo continúe aun cuando el inquilino se niegue a recibir la notificación física.

Además, el proyecto indica que en los procesos sumarísimos de desalojo el juez deberá observar si hay menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo y dar un plazo de 10 días para asegurar "una alternativa habitacional", con intervención del fiscal y los organismos pertinentes.

¿Qué cambia en materia de expropiaciones con el proyecto?

En la negociación con los bloques, el oficialismo también aceptó retirar todos los artículos que habilitaban el desalojo directo sobre asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Fue el primer capítulo que perdió el proyecto original de Sturzenegger antes de bajar el referido a la Ley de Tierras.

La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones, con el fin de que la declaración de utilidad pública de un bien sea "de interpretación restrictiva", que especifique de manera concreta "el fin perseguido" y que la expropiación del bien se pruebe "idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo". El objetivo del Gobierno es dar mayor seguridad a grandes empresas e inversores.

Otra de las modificaciones que se acordaron en el Senado fue la limitación del cálculo del lucro cesante en las expropiaciones por parte del Estado, al señalar que "la indemnización por lucro cesante en ningún caso podrá exceder al equivalente del 30% del valor del daño emergente". Este fue un planteo de la oposición para juicios millonarios que afecten las arcas públicas.

El texto establece que el valor del bien expropiado deberá determinarse a la fecha inmediatamente anterior a "cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación" y, en ese aspecto, se agregó que el monto será actualizado conforme al IPC "con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago".

Sin el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros, el gobierno de Javier Milei espera llevarse del Senado el jueves la media sanción al menos para el resto proyecto sobre "inviolabilidad de la propiedad privada". Si lo consigue, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, pero el foco central de la polémica ya quedaría despejado.