Milei perdió la batalla de la opinión pública y revisa su estrategia de polarización tras el debate en el Senado

Un gol de descuento para hacer que luzca menos grave la derrota: así vivió el Gobierno el tratamiento de la ley de defensa de la propiedad privada, luego de haber tenido que resignar el capítulo más polémico, referido a la venta de tierras a extranjeros, antes del debate en el Senado. Y tras quitar el que refería a la Ley de Manejo del Fuego minutos antes de votar en general, ya entrada la madrugada del viernes.

No es la primera vez, por cierto, que Javier Milei sufre un revés en el Congreso y debe dar marcha atrás con un intento de reforma. Ni, tampoco, la primera sesión que se realiza en medio de una manifestación con incidentes violentos en la plaza.

Más bien al contrario, esa ha sido la tónica desde el inicio mismo de su gestión, con el fracaso para aprobar la Ley Bases. Pero en este caso hay un agravante: ya no puede afirmarse, como en debates anteriores, que hubo una reacción corporativa de una "casta" que salió a defender sus privilegios.

En este caso, ni los sindicatos, ni gobernadores provinciales, ni un sector con prebendas fueron los que lideraron la oposición. Lo que ocurrió fue una derrota en el terreno donde el equipo libertario se jacta de ser eficaz: el de la comunicación. Esta vez, la victoria fue amplia para la "agenda woke".

El eje de la discusión quedó anclado en la antinomia entre la venta de tierras a extranjeros o la "defensa de la soberanía y los recursos". Y los voceros de la posición oficial nunca lograron que el proyecto de ley quedara ligado a la idea de un aumento de la inversión y la creación de empleo.

Como, además, se sumó al debate la cuestión ambiental, el mensaje llegó al público joven preocupado por la agenda ecologista. Y la discusión se ganó en las redes con el protagonismo de figuras mediáticas como la actriz y militante feminista Malena Pichot o la cantante Lali Espósito.

La situación fue descripta con agudeza por los gobernadores provinciales que habitualmente acompañaban al gobierno en sus iniciativas legislativas. No era un buen "timing" político para impulsar esta ley, en un momento de sentimiento nacionalista exacerbado por el mundial de fútbol y el reverdecer del reclamo por las islas Malvinas.

La señal de alerta para Javier Milei que dejó el debate en el Senado

¿Qué deja esta experiencia para el Gobierno? Por lo pronto, la certeza de que cada vez saldrá más caro mantener el apoyo de los aliados, cuya preocupación central estará en el calendario electoral.

Y esas alianzas tienen una lógica simple y cruel: si un presidente cae abruptamente en las encuestas de imagen, y corre el riesgo de ser "piantavotos", toda negociación legislativa quedará congelada hasta después de las elecciones. Eso es, precisamente, lo que se está evidenciando en estos días: un sondeo de AtlasIntel Bloomberg marca un contundente 54,7% que califica como "mala" la gestión de Milei, mientras un 15% la ve "regular". Sólo aprueba el núcleo duro de 30% que había votado al presidente en la primera vuelta de 2023.

Para peor, otros sondeos indican que crece el rechazo al presidente en el electorado menor de 35 años, así como en las franjas de población de menor ingreso.

Esto es lo que está llevando a que el debate interno en la facción libertaria se centre en la necesidad de "hacer algo" que cambie el humor de la opinión pública. De momento, no parece fácil, porque tanto Milei como el ministro Toto Caputo se pelean públicamente con cualquier economista que ose poner en duda la versión oficial sobre un "récord histórico de consumo".

Es una situación que no se percibe en la evolución de los sueldos, ni en la recaudación del IVA ni en la facturación de los negocios. La explicación que dan los analistas es que la estadística oficial incluye, en el concepto de "consumo", a gastos del presupuesto familiar que antes estaban muy subsidiados, como la energía, el transporte y las comunicaciones.

Lo cierto es que el gobierno tiene muchos indicadores que le juegan en contra. El último informe sobre inversión externa directa arrojó un modesto nivel de u$s1.800 millones en el primer trimestre del año. Y los economistas que participan en la encuesta REM volvieron a corregir a la baja su pronóstico de crecimiento del PBI, al que sitúan en un 2,7% para este año.

En tanto, la industria de la vestimenta sigue en niveles récord de capacidad ociosa, con apenas 42% de uso de la instalación fabril, y ventas que caen a un 26% interanual para la rama textil y a un 14% para la indumentaria.

La industria automotriz acumula una caída de 12% en los últimos dos meses, mientras las ventas en concesionarias registran una baja interanual de 32%. El crédito al sector privado lleva cinco meses consecutivos de caída, mientras se evidencia que el gobierno ya paga un costo político por la crisis de la mora financiera de las familias.

Y el síntoma más grave: ya es inocultable la discusión interna respecto de si hay que seguir priorizando la política anti inflacionaria o si hay que resignarse a mantener los actuales niveles, pero con mayor impulso al empleo y al consumo.

El Gobierno está en plena revisión de prioridades

Ese marco hace que el gobierno esté en plena revisión de sus prioridades en la agenda legislativa. La consigna es que no se puede impulsar propuestas que no tengan seguridad de ser aprobadas. Pero, además, tampoco se puede embanderar al gobierno con proyectos que no tengan urgencia o que se presten a una erosión de la imagen.

Otro síntoma preocupante para el gobierno es que, en el ránking de temas que más preocupan a los argentinos, saltaron al tope de la tabla el desempleo y la corrupción.

Varios funcionarios plantearon el sinsentido de haberse prestado a un debate donde el peronismo pudiera llevar la discusión a una cuestión de "defensa de la soberanía".

Bajo el nuevo criterio, quien lleva las mayores chances de perder es el ministro de la desregulación estatal, Federico Sturzenegger. Cada una de sus iniciativas implica una pelea sectorial por parte de gremios que quieren defender sus "kioskos". Quedó sobradamente demostrado con la marcha atrás en el caso de los prácticos portuarios. Y eso lleva a que se esté reconsiderando la desregulación de sectores como el mercado del libro, las inmobiliarias, el negocio farmacéutico y la vitivinicultura.

Por otra parte, hay dudas sobre el apoyo que tendría en el Congreso la reforma del sistema tributario, para el cual se deberá contar con los votos que aporten los gobernadores provinciales.

El "alivio" de las frases peronistas

Acaso el único consuelo que haya quedado tras los debates de las últimas semanas sea la radicalización del discurso peronista, que en el gobierno creen que les jugará a favor, porque reaviva el rechazo de la clase media hacia el populismo.

Los casos más comentados fueron los del gobernador riojano, Ricardo Quintela, y el del ex ministro y actual diputado Agustín Rossi.

El primero afirmó que, en la eventualidad de volver al poder, el peronismo revisará todas las medidas de Milei, incluyendo las que hayan sido votadas por el Congreso, y que no tendría inconveniente en expropiar, nacionalizar o estatizar, así como declarar nulas las condiciones de inversión favorable, con efecto retroactivo.

Lo que en un principio pareció un exabrupto personal se reveló luego como la línea oficial del kirchnerismo. El diputado Rossi reconoció que la consigna es retrotraer las reformas aperturistas de Milei, y admitió que esa situación generará una suba del índice de riesgo país. Además, hizo una defensa del déficit fiscal con financiación monetaria, como alternativa al endeudamiento externo.

Por otra parte, Máximo Kirchner replanteó algo que ya estaba explicitado en una carta firmada por los legisladores kirchneristas el año pasado: que no aceptarían como válidos los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional y que plantearían una renegociación en condiciones más favorables.

Ante estas frases, la reacción incial del gobierno fue de celebración, dado que en la facción libertaria hay un convencimiento de que la mayor parte de esos debates ya están ganados ante la opinión pública.

Sin embargo, el último debate dejó en evidencia que sigue habiendo un alto porcentaje de la población con vocación por la intervención estatista, y que esa tendencia se incrementa en la medida en que la actividad económica no despegue. Eso limita los beneficios políticos de polarizar al extremo el escenario electoral.

El peronismo, por su parte, parece convencido de que debe profundizar esa línea de oposición radical, y da por asumido que el año próximo se repetirá una alta dolarización de los ahorristas. Un pronóstico que, por lo bajo, varios libertarios empiezan a temer.