El Gobierno evalúa incluir a pesqueras que operan en Malvinas al proyecto de sanciones
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El Gobierno evalúa ampliar las sanciones contra actividades ilegales en Malvinas. La pesca ilegal podría sumarse al régimen de penalidades que ya alcanza a empresas petroleras, según confirmó a Infobae una fuente oficial.
La administración libertaria analiza extender los alcances de la Ley 26.659, conocida como "Ley Pino Solanas". Ese texto fue aprobado por unanimidad el 16 de marzo de 2011, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
El articulado establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina solo pueden realizarse bajo habilitación emitida por autoridad competente argentina, lo que convierte en ilegales las licencias británicas otorgadas desde hace décadas.
El planteo surgió de un reclamo de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp). La entidad argumentó que el mismo criterio usado contra petroleras debía aplicarse a las licencias de pesca que el Reino Unido otorga en las islas.
Casa Rosada discute la posibilidad de endurecer las penas y ampliar las actividades "de negocios" alcanzadas. La alternativa fue conversada en la última reunión de la mesa política, que tuvo lugar el martes pasado.
Si finalmente se avanza, la ampliación quedará contemplada en el proyecto que actualmente atraviesa la última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy.
Qué actividades quedarían bajo el nuevo régimen de sanciones
La eventual ampliación podría sumarse al esquema de penalidades contra empresas que buscan extraer petróleo en Malvinas. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció a 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.
El planteo también pone el foco en la Ley Federal de Pesca. Ese texto regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos en las aguas, aunque existen reclamos en torno a su aplicación.
El peronismo pide que las empresas y actores vinculados con la explotación de recursos pesqueros en las islas sean alcanzados por el régimen. El pedido se suma al de las entidades del sector, que buscan que la pesca sea incorporada expresamente al proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso, ampliando así el alcance más allá de los hidrocarburos.
Esta mañana, durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", el presidente Javier Milei aseguró que con la nueva normativa "los que provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país".
Además, reveló que incluirá otras herramientas necesarias para fortalecer las capacidades del Ejército y el ejercicio de la soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
Cómo avanza el proyecto en el Congreso y cuándo se trataría
El asesor presidencial Santiago Caputo termina de definir el formato que tendrá la presentación legislativa del próximo lunes. El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayores apoyos para avanzar.
El Poder Ejecutivo evalúa dos alternativas: girar el proyecto de manera tradicional o enviar a un funcionario al Congreso para explicar los detalles del articulado.
Los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) participaron directamente en la redacción del texto. Ambos figuran entre los potenciales expositores si se opta por la segunda vía.
Más allá de esa eventual participación, en Casa Rosada descuentan que asistirán al Congreso cuando el proyecto se trate en comisión.
El oficialismo apunta a que el tratamiento legislativo comience entre fines de septiembre y principios de octubre. "Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido. Para la última de septiembre y la primera de octubre debería comenzarse a tratar", expresó ante Infobae una fuente de mesa política.
Qué otras medidas anunció Milei para defender la soberanía
La discusión legislativa se da en paralelo a la ofensiva del Gobierno contra empresas vinculadas a supuestos negocios petroleros ilegales en las Islas Malvinas, en el proyecto Sea Lion.
Milei anunció además la construcción de una Base Naval integrada en Tierra del Fuego. El financiamiento estará contemplado en el Presupuesto 2027 y, según planteó el mandatario, "no pone en juego el superávit".
En ese marco, Quirno y Presti viajarán este viernes a la provincia para recorrer la zona y avanzar en las obras.
"El lobby petrolero es clave. Que los ingleses sienten a la Argentina en una mesa de negociación a hablar de compartir regalías, bloques conjuntos, lo que sea, supone un avance. Esta es nuestra última oportunidad", expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.
En las filas oficialistas aseguran que la cadena nacional en la que el mandatario anunció el paquete de medidas generó buena repercusión en las redes sociales. Aún con los resultados sobre la mesa, evitan "gastar el recurso", y dejan en manos de los dos ministros la explicación de los detalles del proyecto.
