El Gobierno denunciará a más petroleras que operan en Malvinas y el Reino Unido respondió
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/6a9ac4e7d5d5c.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2026/09/625071.jpg)
La disputa por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur sumó un nuevo capítulo. El Gobierno de Javier Milei decidió ampliar la ofensiva contra las compañías que participan de proyectos petroleros en las aguas próximas a las Islas Malvinas y anunció que las acciones no estarán dirigidas solamente contra las empresas.
La estrategia oficial contempla también a las personas que intervengan en esas operaciones. Directores, gerentes, administradores, representantes y otros responsables podrán quedar incluidos en las actuaciones que impulsa el Ejecutivo, de acuerdo con la posición del Gobierno sobre actividades que considera realizadas sin autorización argentina y en contra de la Ley 26.659.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que se ampliarán las causas judiciales existentes y que se promoverán nuevas presentaciones.
Sea Lion, en el centro del conflicto por el petróleo
El proyecto que concentra buena parte de la preocupación oficial es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas. La iniciativa está asociada a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que avanzaron con su desarrollo y contemplan comenzar a producir petróleo en 2028.
Para la Argentina, ese momento marcaría una diferencia respecto de las actividades realizadas hasta ahora. El eventual comienzo de la extracción significaría que los recursos naturales en disputa pasarían a ser efectivamente explotados, algo que el Gobierno busca evitar.
Ravier explicó que esa perspectiva fue uno de los motivos para acelerar las medidas. Según el funcionario, actuar antes del inicio de la producción resulta fundamental para intentar impedir que el proyecto avance. "Si no hacíamos algo inmediatamente, no lo íbamos a poder detener", sostuvo.
La primera denuncia y las empresas alcanzadas
La nueva etapa judicial comenzó con una presentación contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias británicas y las compañías canadienses JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas.
La acusación oficial sostiene que esas firmas intervienen en actividades hidrocarburíferas dentro de la Cuenca Malvinas Norte sin contar con el aval de las autoridades argentinas.
Pero la intención del Ejecutivo es ampliar el universo de involucrados. La investigación y las futuras denuncias podrían incorporar a otras compañías y a personas físicas relacionadas con las decisiones o las operaciones.
"Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", detalló Ravier.
Reino Unido rechazó las denuncias de Argentina
La ofensiva judicial argentina generó una respuesta inmediata de Reino Unido, que cuestionó la aplicación de la legislación nacional sobre las Islas Malvinas y negó que la Argentina tenga jurisdicción sobre el territorio.
El Gobierno británico sostuvo que las autoridades argentinas no pueden extender sus leyes a las islas ni utilizarlas para intervenir sobre las empresas o personas que desarrollan allí actividades comerciales. La posición de Londres también alcanza a las operaciones vinculadas con la explotación de recursos naturales.
"La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación nacional en el territorio de las islas, ni tampoco respecto a ninguna empresa o persona física que participe en actividades comerciales en las islas o que estén relacionada con ellas", señaló el Reino Unido.
La respuesta se produjo luego de que la Casa Rosada avanzara judicialmente contra Navitas Petroleum y otras compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion. Mientras el Gobierno argentino sostiene que esas actividades requieren autorización de sus autoridades, Londres rechaza ese argumento y respalda el desarrollo económico de las islas.
El contrapunto suma una dimensión internacional a la disputa: mientras Argentina busca aplicar sanciones y restricciones sobre las empresas involucradas, el Reino Unido sostiene que esas medidas carecen de jurisdicción sobre Malvinas.
El respaldo británico a las empresas que operan en Malvinas
El Reino Unido elevó el tono de la disputa con la Argentina por las Malvinas y publicó una guía destinada a respaldar a las empresas que realizan negocios en el archipiélago. El documento constituye la primera respuesta oficial de Londres después de que Javier Milei anunciara nuevas medidas contra compañías y proveedores vinculados con la explotación de recursos naturales en las islas.
La publicación lleva como título "Doing business with the Falkland Islands" ("Haciendo negocios con las Islas Falkland") y está dirigida a compañías que desarrollen actividades comerciales, provean bienes o servicios o participen de proyectos relacionados con la economía del territorio, incluida la explotación de recursos naturales.
El Gobierno británico sostiene allí que "apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado".
La iniciativa de Londres llega después de que Milei firmara un DNU para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la extracción de petróleo y la actividad pesquera en las islas. El Presidente también anticipó el envío al Congreso de proyectos destinados a reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas todavía no habían ingresado al Parlamento.
En la guía, el Reino Unido deja en claro que considera legítimas las actividades económicas desarrolladas en las islas y reivindica la facultad de sus habitantes para administrar los recursos del territorio.
"El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación", sostiene el documento.
Londres también ratifica su posición sobre la disputa de soberanía con la Argentina. "Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen".
A continuación, el texto remarca que "las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas".
Qué dice Reino Unido sobre las sanciones de Argentina
Uno de los puntos centrales de la guía es el eventual accionar judicial de la Argentina contra las compañías que tengan negocios vinculados con las Malvinas.
El documento reconoce que las empresas podrían recibir notificaciones judiciales argentinas, pero cuestiona la validez de esas medidas desde la perspectiva británica.
"La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas", señala.
El Gobierno británico también relativiza el impacto que tuvieron las sanciones argentinas aplicadas durante administraciones anteriores y que ahora Milei busca profundizar. Según Londres, esas restricciones "no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa", pese a que permanecen vigentes desde hace años.
La nueva guía no se limita a fijar la posición política del Reino Unido. También contempla asistencia para las compañías que puedan verse afectadas por las medidas argentinas.
Londres ofrece orientación a las empresas que reciban amenazas o acciones legales desde la Argentina, aunque aclara que esa ayuda no constituye asesoramiento jurídico formal.
Además, pone a disposición de las compañías vinculadas con las islas a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO). Ese organismo podrá intervenir ante terceros países cuando una empresa sea objeto de presiones como consecuencia de sus actividades comerciales relacionadas con las Malvinas.
De esta manera, el Reino Unido busca enviar una señal directa al sector privado: Londres considera legítimos los negocios desarrollados en las islas y ofrece respaldo frente a las nuevas restricciones que impulsa el Gobierno argentino.
Qué empresas podrían quedar fuera de acuerdos con el Estado
La presión oficial tiene además un componente económico. El Gobierno busca impedir que quienes mantengan vínculos con actividades hidrocarburíferas en Malvinas puedan acceder a determinados instrumentos de promoción o celebrar acuerdos con el Estado argentino.
El propio Ravier planteó que la restricción alcanzará a toda compañía o proveedor relacionado con esos proyectos.
"Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó.
En términos concretos, la medida puede tener impacto sobre el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y sobre la participación en emprendimientos como Vaca Muerta.
La lógica planteada por el Ejecutivo es que una firma no pueda desarrollar actividades vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas y, al mismo tiempo, aprovechar los beneficios que ofrece el Estado argentino para inversiones hidrocarburíferas en el territorio nacional.
El Decreto 868/2026 incorporó nuevos controles
A las acciones ante la Justicia se sumaron cambios regulatorios. El Decreto 868/2026 estableció que la Cancillería será la autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y le asignó funciones vinculadas con la detección y comunicación de eventuales incumplimientos.
Ravier fue explícito respecto del alcance que el Gobierno pretende darle a esas restricciones. "No va a poder participar de la explotación de Vaca Muerta", señaló.
El funcionario agregó que algunas compañías de gran tamaño que abastecen a la industria ya difundieron comunicados para marcar distancia respecto de Sea Lion, con el objetivo de evitar quedar comprendidas por las nuevas medidas.
Ushuaia tendrá un papel estratégico
La política sobre Malvinas y el Atlántico Sur también fue vinculada por el Gobierno con el proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
Durante su exposición, Ravier explicó que la infraestructura tendrá funciones militares y logísticas, con participación en tareas de vigilancia del Atlántico Sur, protección de recursos naturales y apoyo a las operaciones argentinas en la Antártida.
"La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur, que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía y apoyo a la logística desplegada en la Antártida. Va a proveer a nuestro país protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P3 Orion y los nuevos aviones F-16".
El proyecto incluye además infraestructura destinada a actividades comerciales y civiles.
"Por otro lado, la base va a traer beneficios económicos. Contará con muelles comerciales y civiles, que desarrollarán una región donde hoy los buques sufren demoras para amarrar debido a la falta de capacidad. Desempeñará un papel importante en la protección de los objetivos estratégicos en el sur del país como vaca muerta", agregó.
El nuevo esquema de coordinación en Cancillería
Otro de los componentes anunciados es la creación de un sistema de articulación de la política exterior dentro de la Cancillería. La herramienta estará orientada a ordenar el intercambio de información y la coordinación entre organismos estatales que intervengan en cuestiones vinculadas con la política exterior.
"Su objetivo es implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales relacionadas a la política exterior argentina. La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas y del Atlántico Sur exige una acción coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas. Sostener una postura firme y coherente en el tiempo es esencial para fortalecer nuestros reclamos ante la comunidad internacional", sentenció.
El Gobierno ya desplegó esta estrategia en distintos frentes. Además de las presentaciones judiciales y los cambios regulatorios, Cancillería envió notas de desaliento a empresas y países relacionados con los proyectos hidrocarburíferos.
Así, el Ejecutivo busca que la disputa no quede circunscripta a las compañías que operan directamente los proyectos. La intención es extender las consecuencias legales y económicas a quienes participen de esas actividades y, mediante las nuevas restricciones, dificultar que puedan mantener simultáneamente vínculos con el negocio petrolero en Malvinas y con programas o proyectos impulsados por el Estado argentino.
