Londres pide a Interpol que frene alertas rojas argentinas contra empresarios de Malvinas
Por iProfesional
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Reino Unido le pidió este martes 13 de octubre a Interpol que rechace las solicitudes argentinas de alertas rojas contra empresarios y trabajadores vinculados al proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. La movida diplomática británica busca frenar los pedidos de captura que Buenos Aires elevó ante la organización policial internacional.
Londres intervino directamente para proteger a firmas y personas ligadas a la explotación de hidrocarburos en las islas. El argumento central del gobierno británico es que Argentina estaría utilizando mecanismos de cooperación policial internacional con motivaciones políticas, en el marco de una disputa territorial de larga data.
La solicitud británica llegó mientras Argentina presentaba medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Dos frentes abiertos en simultáneo que marcan una escalada inédita en la disputa por las islas.
Qué le pidió Reino Unido a Interpol y por qué
El gobierno británico envió una carta formal a la sede de Interpol en Lyon, Francia. El documento solicita el rechazo de las alertas rojas emitidas por Buenos Aires contra personas involucradas en el desarrollo de Sea Lion.
Las alertas rojas son notificaciones que Interpol envía a sus países miembros para localizar y detener provisionalmente a personas buscadas, en espera de extradición. Argentina las solicitó contra responsables de las empresas que operan en la Cuenca Malvinas Norte.
Londres sostiene que esas solicitudes tienen motivaciones políticas. Según el argumento británico, Argentina las fundamenta en su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, no en hechos criminales genuinos.
Reino Unido busca que Interpol actúe "con cautela" al evaluar los pedidos argentinos. La preocupación en Londres es que Argentina convenza a los Estados miembros de que sus solicitudes son legítimas y no responden a una agenda política.
La estrategia argentina en dos vías paralelas
Argentina no limitó su respuesta al ámbito policial. Este martes también solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar hasta que se conforme el tribunal arbitral del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
El objetivo de la presentación argentina es garantizar sus derechos ante el riesgo que implica la demora del proceso, mientras avanzan los anuncios de explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte autorizada unilateralmente por Reino Unido.
En paralelo, el gobierno argentino inició un proceso penal contra las empresas que operan el proyecto Sea Lion: Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El proceso judicial busca sancionar a las firmas por participar en la explotación de recursos en territorio que Argentina reclama como propio.
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso argentino busca ampliar aún más el alcance de las sanciones. La norma incluiría a filiales de las empresas involucradas, accionistas, proveedores e intermediarios financieros.
Cómo responde Reino Unido a la presión argentina
Londres ya anticipó que protegerá a las empresas y personas que operan en las Islas Malvinas de la presión argentina. El gobierno británico implementará medidas de protección de intereses comerciales.
Estas medidas incluyen exenciones del cumplimiento de leyes extranjeras y controles específicos. En la práctica, las empresas británicas quedarían blindadas ante las sanciones argentinas.
El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Ed Miliband, fue contundente en su posición. "Los intentos de Argentina de intimidar a empresas y particulares que realizan actividades comerciales legítimas son inaceptables", sostuvo.
Diversos medios británicos reportan que Londres considera que la intensidad de la presión argentina en relación a la cuestión Malvinas ha alcanzado un nivel que no se veía desde la guerra de 1982.
Qué viene ahora en la disputa legal y diplomática
Interpol deberá examinar las notificaciones rojas argentinas y decidir si las acepta o rechaza. La organización policial internacional tiene prohibido intervenir en asuntos de naturaleza política, militar, religiosa o racial.
El análisis de Interpol será clave para determinar si las solicitudes argentinas califican como pedidos legítimos de cooperación policial o si responden a motivaciones políticas, como argumenta Reino Unido.
En paralelo, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar evaluará la solicitud argentina de medidas provisionales. Esa decisión podría ordenar a Reino Unido suspender actividades en la zona en disputa hasta que se resuelva el arbitraje de fondo bajo el Anexo VII de CONVEMAR.
La disputa ahora se juega en múltiples tableros: Interpol, el Tribunal del Derecho del Mar y los tribunales argentinos. Tres frentes que marcan la mayor escalada diplomática y legal por Malvinas en décadas.
