EE.UU. pidió cerrar el C-24, el comité de la ONU donde Argentina reclama por Malvinas
Washington cuestionó la continuidad del organismo de descolonización en que la Argentina plantea cada año la disputa de soberanía con el Reino Unido
La continuidad de uno de los espacios diplomáticos que utiliza la Argentina para sostener su reclamo por las Islas Malvinas quedó en discusión tras una iniciativa de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. El 15 de octubre, la delegación norteamericana pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización (C-24), según informaron medios internacionales.
El organismo forma parte del esquema de trabajo de la ONU sobre territorios pendientes de descolonización. Para Buenos Aires, tiene una relevancia particular: desde 1989 es uno de los principales ámbitos específicos en los que expone su posición sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Qué cuestionó Washington ante las Naciones Unidas
La representación estadounidense sostuvo que el comité se alejó de los objetivos que justificaron su creación y puso en duda los recursos destinados a sus actividades. Entre sus argumentos, calificó parte de ese trabajo como un desperdicio de recursos y reclamó que se cierre el mandato del organismo.
El planteo quedó asentado durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, que aprobó más de veinte proyectos vinculados con la descolonización. Sin embargo, la presentación de Estados Unidos no significa que Naciones Unidas haya resuelto disolver el C-24.
Por qué el comité es importante para la Argentina
La cuestión de las Islas Malvinas se analiza cada año en ese ámbito. Allí, la Argentina mantiene su reclamo y obtiene resoluciones que reconocen la existencia de una disputa de soberanía y exhortan a Buenos Aires y Londres a reanudar las negociaciones.
Una eventual desaparición del comité modificaría el escenario institucional en el que el país promueve esa posición dentro de Naciones Unidas. El pedido estadounidense, por lo tanto, apunta a un organismo que tiene un papel concreto en la estrategia diplomática argentina.
El antecedente de las declaraciones de Donald Trump
La iniciativa se conoce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara apoyo a la Argentina en su reclamo por el archipiélago. Esas declaraciones habían impulsado al Gobierno nacional a retomar con mayor énfasis sus reivindicaciones históricas.
El pedido de Washington para terminar con el mandato del C-24 contrasta con ese antecedente. No obstante, la información disponible no permite concluir que Estados Unidos haya retirado formalmente aquel respaldo ni que la propuesta implique un cambio definitivo en la posición de Naciones Unidas sobre la soberanía de las islas.
Malvinas: la disputa también escala por la explotación de petróleo
El reclamo argentino por las Islas Malvinas se desarrolla en varios frentes internacionales. Además de las gestiones diplomáticas ante las Naciones Unidas, el Gobierno de Javier Milei busca frenar el avance de proyectos de explotación de hidrocarburos en las aguas que considera parte de la plataforma continental argentina.
Uno de los principales focos de la controversia es Sea Lion, un emprendimiento petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. La iniciativa está a cargo de Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y de la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.
Las compañías prevén comenzar las perforaciones de desarrollo en 2027 y estiman iniciar la producción comercial durante 2028. Para la Argentina, el avance de las operaciones sin un acuerdo entre las partes afecta los derechos soberanos que reivindica sobre esa zona marítima.
La controversia sumó un nuevo capítulo el 13 de octubre, cuando el Reino Unido ratificó su respaldo al desarrollo del yacimiento. Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a aprovechar sus recursos naturales y defiende la validez de las autorizaciones concedidas para avanzar con el proyecto. Buenos Aires, en cambio, cuestiona que se habilite unilateralmente la explotación de recursos en un territorio cuya soberanía permanece en disputa.
La posición británica quedó expuesta en medio de las acciones legales impulsadas por el Gobierno argentino. El 28 de septiembre, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Luego, la Argentina acudió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que permitan impedir o limitar el avance de las actividades petroleras mientras se tramita la controversia. La presentación busca preservar los derechos que el país reclama sobre la plataforma continental.
La solicitud no implica una suspensión automática del proyecto. El tribunal debe evaluar los argumentos presentados y determinar si corresponde establecer restricciones temporales. El procedimiento tiene un alcance específico: no busca resolver directamente a quién pertenecen las islas, sino que examina las obligaciones marítimas que, según la posición argentina, están siendo vulneradas.
La disputa también se trasladó al terreno policial. El Gobierno británico pidió a Interpol que no dé curso a las alertas rojas solicitadas por la Argentina contra empresarios y directivos relacionados con Sea Lion. Londres sostiene que esos pedidos tienen motivaciones políticas, mientras que Buenos Aires busca utilizar distintas herramientas para impedir la explotación de recursos que considera propios.