Tribunal del Mar: Argentina exigió frenar la extracción petrolera británica en Malvinas

La Argentina pidió ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que se dicten medidas provisionales para frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El planteo fue presentado este martes en Hamburgo, Alemania, durante la primera audiencia en la que el país expuso sus argumentos contra las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido para explotar hidrocarburos en la plataforma continental que rodea al archipiélago.

La delegación argentina solicitó que se suspendan las actividades vinculadas con el desarrollo del yacimiento mientras se sustancia el procedimiento arbitral internacional. El argumento central es que la extracción de petróleo supone la explotación de recursos no renovables y puede provocar modificaciones permanentes en el lecho y el subsuelo marino, cuyos efectos no podrían revertirse mediante una eventual indemnización económica.

"Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva", sostuvo Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal.

El Gobierno cuestionó que el Reino Unido haya autorizado unilateralmente actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en un área marítima cuya soberanía se encuentra en disputa. La posición argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, junto con los espacios marítimos circundantes, forman parte de su territorio y que la controversia con el Reino Unido continúa pendiente de resolución.

La audiencia representa una instancia del reclamo diplomático y jurídico argentino contra las decisiones británicas relacionadas con los recursos naturales de la zona. El objetivo inmediato de la presentación no es resolver la disputa de soberanía, sino obtener una medida que impida que las actividades petroleras avancen antes de que exista una decisión sobre el procedimiento internacional en curso.

Qué reclama la Argentina ante el Tribunal del Derecho del Mar

Durante su exposición, Oyarzábal sostuvo que la actividad petrolera se desarrolla en una zona marítima sometida a una controversia de soberanía y que el Reino Unido no puede disponer unilateralmente de sus recursos naturales. También señaló que la explotación podría avanzar antes de que el tribunal arbitral que analizará el conflicto esté constituido y pueda intervenir.

El representante argentino advirtió que, si se cumplen los plazos anunciados para el inicio de las operaciones, los trabajos preparatorios podrían estar en marcha cuando llegue el momento de una resolución sobre el fondo de la controversia.

"La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto", afirmó. En ese sentido, planteó que una compensación económica posterior no sería suficiente para reparar las consecuencias de la extracción ni para restablecer la situación anterior.

La presentación también se enmarca en el reclamo argentino por las licencias de producción de hidrocarburos otorgadas por las autoridades británicas. Según la posición expuesta por Buenos Aires, el Reino Unido extendió por cinco años esos permisos y rechazó los pedidos argentinos para suspender las actividades vinculadas con el desarrollo del yacimiento.

El proyecto Sea Lion está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. Es desarrollado por Navitas Petroleum, compañía israelí que actúa como operadora, y Rockhopper Exploration, empresa británica que participa como socia.

De acuerdo con la información publicada por Navitas, el desarrollo contempla dos etapas iniciales. La primera prevé la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. La segunda incorpora otros 12 pozos, con lo que el plan alcanza un total de 23 perforaciones.

La compañía informó que la producción podría extenderse durante más de 30 años. El proyecto obtuvo la decisión final de inversión y contempla una inversión conjunta de aproximadamente u$s1.800 millones. Navitas proyecta el inicio de la producción para marzo de 2028.

Cómo está integrada la delegación argentina

La representación nacional está encabezada por Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería, quien interviene como agente ante el Tribunal. El equipo incluye:

• María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia
• La embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, en calidad de co-agente
• Los especialistas en derecho internacional Marcelo Kohen y Nico Schrijver
• El asesor jurídico Agustín Giustiniani

La presentación argentina se realizó en el marco de un procedimiento iniciado en septiembre, cuando el Gobierno anunció que recurriría al arbitraje internacional para cuestionar la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que considera parte de su territorio. El 13 de octubre formalizó ante el Tribunal del Derecho del Mar el pedido de medidas provisionales contra el Reino Unido.

Por qué interviene el Tribunal del Derecho del Mar

El caso tiene una particularidad jurídica. La Argentina y el Reino Unido son Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), pero eligieron distintos mecanismos para resolver las controversias relacionadas con su aplicación. Mientras que la Argentina seleccionó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia.

Debido a esa diferencia, el conflicto de fondo deberá tramitar mediante un tribunal arbitral constituido conforme al Anexo VII de la Convemar.

En ese esquema, el Tribunal con sede en Hamburgo tiene la posibilidad de intervenir para establecer medidas provisionales mientras se constituye el órgano arbitral. La solicitud argentina se encuadra en el artículo 290, inciso 5, de la Convención, que contempla esa intervención cuando se considera necesario preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino.

Por lo tanto, las audiencias de esta semana no tienen como objetivo determinar quién ejerce la soberanía sobre las Islas Malvinas ni resolver definitivamente la disputa por los recursos hidrocarburíferos. La cuestión que debe analizar el Tribunal es si corresponde ordenar medidas urgentes para impedir que el desarrollo petrolero avance mientras se organiza el arbitraje.

Para tomar una decisión, el organismo deberá evaluar, entre otros aspectos, si el tribunal arbitral que intervendrá posteriormente tendría competencia inicial sobre la controversia y si existen razones de urgencia que justifiquen adoptar medidas antes de que ese procedimiento avance.

Qué respondió el Reino Unido y cómo sigue el procedimiento

Después de la presentación argentina de este martes, fue el turno de la representación británica, que expuso sus argumentos ante los jueces del organismo internacional.

El Gobierno británico cuestionó la competencia del Tribunal para intervenir en una controversia que, según su postura, está vinculada con la soberanía de las islas. También defendió las autorizaciones otorgadas para el desarrollo de Sea Lion y sostuvo que una suspensión del proyecto afectaría las perspectivas económicas de los habitantes del archipiélago.

La representación británica planteó, además, que los riesgos ambientales de la actividad pueden ser gestionados mediante las medidas de prevención previstas para las operaciones petroleras.

Las audiencias continuarán este miércoles 11 de diciembre con una segunda ronda de exposiciones de ambas partes. La Argentina tendrá una nueva oportunidad para responder a los argumentos del Reino Unido y, posteriormente, la delegación británica realizará su presentación final.

Una vez concluidas las intervenciones, el Tribunal deberá analizar los planteos y resolver si hace lugar al pedido argentino de medidas provisionales. Esa decisión será independiente del arbitraje que deberá abordar posteriormente el fondo de la controversia.

El procedimiento constituye una nueva instancia de la disputa diplomática y jurídica entre ambos países por las Islas Malvinas, que también comprende el control de los espacios marítimos y sus recursos naturales. La Argentina sostiene que la explotación de hidrocarburos sin su consentimiento afecta sus derechos soberanos, mientras que el Reino Unido mantiene su posición sobre la administración del archipiélago y las autorizaciones para desarrollar actividades económicas en la zona.