Cada vez que hay cambio de Gobierno se escucha la misma cantinela de parte de los que asumen: "Que se robaron todo". Y en ese "todo" se incluyen desde computadoras e impresoras hasta cortinas, mesas, televisores, y un sinfín de cosas que, más allá de que se crea o no, resultan incomprobables. Y la razón es que, hasta ahora, nadie en el Estado se había puesto a pensar en la necesidad de tener un inventario de los productos y servicios de tecnología informática, no para chicanear al gobierno que se va cuando uno nuevo entra sino, por el contrario, para recuperar el rol de planificación y compras eficaces y eficientes en lo referido a la tecnología en el Estado.

Es el rol que asumió la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), a cargo de Nicolás Karavaski, y que se vio plasmado en la decisión administrativa 5/2021 publicada en el Boletín Oficial con un título aburrido, hay que decirlo: Inventario Nacional de Bienes Informáticos y Servicios Tecnológicos. Y que, sin embargo, tiene un valor vinculado con que la administración pública nacional haga mejores compras cuando se trata de tecnología. Es decir, que haga un buen uso de los recursos sin perder de vista que la misma Arsat es una de las principales proveedoras de servicios tecnológicos del Estado pero que no es exclusiva por sus propias características.

"Esta decisión tiene que ver con recuperar el rol de planificación y de realizar compras eficaces y eficientes en lo que tiene que ver con tecnología en el Estado, con elegir mejor a los proveedores, con llegar a mejores acuerdos para las dos partes y tener tiempos de resolución más ágiles", dijo a iProfesional, Nicolás Karavaski, director de la ONTI.

La necesidad de tener un inventario responde a un objetivo de planificación de las compras futuras en el Estado

Esta oficina tiene tres funciones: estudiar la tecnología, intentar estandarizarla y realizar la evaluación tecnológica de los proyectos en los que debe adquirirse equipamiento o servicios informáticos. Sin embargo, no sabe qué hay en el Estado, ni desde la cantidad de computadoras que existen en las distintas reparticiones públicas, ni qué software se compra, con qué marcas se trabaja, nada. Esa falta de estadística que caracteriza a la Argentina también se observa a este nivel.

Por esa razón Karavaski aseguró que "aunque parezca increible no hay un inventario que dé cuenta de qué tipo de bienes hay desplegados en la administración pública, a quiénes se les compraron, mucho menos de los servicios. El objetivo es tratar de poner orden para que la planificación sea más eficiente y el orden tiene que ver con el dinero que el Estado le adjudica a las soluciones informáticas y también a los servicios que da a la gente".

Informar lo que hay

A partir de esta resolución, todas las reparticiones públicas de la administración pública nacional deberán designar a un "referente TIC" para que antes del 30 de marzo de cada año envíe a la ONTI una declaración jurada de inventario TIC en donde se dé cuenta de la totalidad de los bienes tecnológicos y servicios informáticos existentes en ese lugar hasta el 31 de diciembre del año anterior.

Será el modo de saber cuántas computadoras hay en el Estado. Pero la cosa es más profunda. "A veces el Estado hace cosas que no tiene sentido que las haga. Un ejemplo concreto sucede con las fotocopiadoras. Desde hace varios años, el Estado trata de ir a la despapelización pero todavía no hay una decisión de cambiar las impresoras a servicio y se siguen comprando impresoras, y hay que tener plata para eso y tener un recurso humano capacitado para que lleve adelante el uso de esa tecnología", sostuvo con razonable autocrítica el director de la ONTI, razón por la que planificar apunta a optimizar el uso de los recursos.

El año pasado se invirtieron unos u$s700 millones en la adquisición de proyectos tecnológicos. Una cifra bastante más elevada que la que venía ejecutándose hasta entonces. La razón del incremento, más del doble, de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, se debió a la pandemia. Así como el sector privado debió adoptar una transformación digital acelerada, en el público hubo que realizar compras orientadas a responder a las demandas que en el mismo sentido imponía el momento.

El año pasado llegaron a la ONTI 1158 proyectos de tecnología, de los cuales se dictaminó sobre 967 y 101 fueron exentos. Esto se debió a que la oficina fue modificando las disposiciones y algunos ítems no necesitan de la aprobación sea por el número o por el monto del proyecto o porque son bienes consumibles que hacen a la parte activa de un proyecto tecnológico, tal como pueden ser los UTP para el cableado de oficina. Una primera estimación indica que los proyectos activados rondaron los u$s165 millones.

Datos para agilizar decisiones

"El objetivo es construir una base de datos que sea dinámica, se alimente todos los años y se oriente a saber cantidades, marcas, modos de contratación de los bienes y servicios", insistió Karavaski. Es decir, tener un inventario en donde se pueda entender lo que se puede cubrir con los recursos propios y acudir a los de terceros cuando se los necesita. En los servicios, el caso de Arsat es un buen ejemplo de ello. La SA estatal puede brindar los servicios en la nube. Pero si se trata de plataformas de desarrollo, como Arsat no los tiene, se acude a un tercero. He ahí el valor del inventario.

La decisión de planificar mejor también responde a los nuevos hábitos laborales que deja la pandemia, también en el Estado

"Hay falta de criterios y unicidad para tomar decisiones. Por eso es necesario entender cómo podemos ahorrar y tiempo y centrarnos en resolver mucho  para la ciudadanía", subrayó el funcionario.

A ese inventario se lo mira en paralelo con los Estándares Tecnológicos de la Administración Pública (ETAPs) que se actualizarán en marzo. Así, todo proyecto que no esté dentro de las ETAPs será evaluado por la ONTI, pero el resto que se ajuste a ellas podrán ponerse en marcha. Así se ganará en agilidad.

Karavaski, quien se desempeñó como director de la AFTIC durante la gestión de Cristina Kirchner, sostuvo que la necesidad de saber cuántas computadoras hay se debe a que "Si el Estado quiere impulsar el desarrollo de proveedores y no tenemos este conocimiento qué podemos planificar. Tampoco hay criterios sobre por qué se compran computadoras de escritorio cuando no se tiene dato sobre la realidad específica. La pandemia modificó espacios de vida y de trabajo, dentro del Estado también. Hay una realidad nueva que hay que atender con tecnología distinta a la que se estaba utilizando".

A partir de que se estableció la obligación de inventariar – el año pasado se inició el proceso pero sin la formalidad de una decisión administrativa y muchas reparticiones no cumplieron- la expectativa es que en el primer cuatrimestre de este 2021 se tenga claridad sobre el equipamiento informático existente en el Estado.

Seguramente  a partir de esta decisión administrativa que liderará la ONTI se tenga certeza sobre la cantidad de computadoras que hay en la administración pública, las que pueden seguir unos años más y las que pasen a mejor vida, las impresoras, el software vigente y a punto de vencer, el que se desarrolló local y el que se compró. Y proyectar mejores compras hacia adelante.

Y también sobre las notebooks devueltas sin disco rígido, otra de las versiones creíbles que circulan cuando hay cambios de funcionarios o de Gobierno, cuyos datos deben conocerse para mejorar compras futuras (y quizás abrir otras investigaciones si así corresponde y si las reparticiones pertinentes se ocupan).