En momentos de incertidumbre o problemas económicos, lo que primero se ve afectado, de manera directa es el mercado laboral. Se producen grandes cambios en las distintas formas de organización de este sector, hasta en la forma de pago de los salarios.

Una transformación que, sin darnos cuenta, estamos viviendo actualmente. En la República Argentina estamos acostumbrados a vivir situaciones de incertidumbre económica, la realidad de hoy en día no es la excepción.

Se registra un aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y por lo tanto se comienza a pensar en alternativas viables para realizar el pago de salarios. Pensar en otras alternativas de pago no sucede por primera vez en el Estado nacional.

Un ejemplo lamentable para los argentinos fue la crisis del año 2001. En ese momento, entre tantas medidas tomadas destinadas a salir del inminente caos que se estaba viviendo, se decidió comenzar a pagar salarios a los trabajadores de la administración pública con bonos entre los que se encontraban los recordados Patacones y Lecop.

Rápidamente esta situación se extendió de manera compulsiva en la mayoría de los sectores privados de ese momento, tornándose en una modalidad generalizada. Si a la situación económica actual le sumamos las nuevas modalidades de trabajo en donde la tecnología tiene un lugar preponderante, se observa la posibilidad de las criptomonedas como una alternativa viable para realizar el pago de salarios.

Lo más importante es si estas son legales en el marco normativo vigente en el país. Según la Ley de Contrato de Trabajo (desarticulada con las nuevas tendencias laborales que se plantean en la actualidad), la remuneración puede consistir en una suma de dinero o una parte en dinero y hasta un 20% del monto total en especie, habitación o alimentos.

La fuerza laboral juvenil es más flexible ante posibles alternativas salariales.

Criptomonedas como alternativa salarial

Aquí es donde las criptomonedas entrarían en juego como alternativa y con ellas un sinfín de interrogantes a resolver, y puntos que deben ser resueltos antes de pensarlos como una forma fija y legal de pago de salarios.

¿Cómo sería posible garantizar esta situación cuando las criptomonedas tienen una volatilidad tan alta? ¿Existen en la actualidad herramientas legales que permitan asegurar y proteger los derechos de los trabajadores?

Es cierto que se debe tener en cuenta la volatilidad de esta nueva moneda, entendiendo que la remuneración total que percibe un trabajador mensualizado que cumple una jornada legal a tiempo completo no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil establecido por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El interrogante que surge del papeleo detrás de este proceso es el recibo de sueldo. Hay que pensar cómo sería posible el cálculo de los aportes y contribuciones, e inmediatamente nos preguntamos cómo haría la Administración Federal de Ingresos Públicos, particularmente la Dirección de los Recursos de la Seguridad, para cumplimentar sus funciones de verificación y fiscalización en materia de seguridad social velando por el estricto cumplimiento de las obligaciones y derechos de las partes involucradas.

Por lo que, antes de pensar en innovar en la seguridad económica, tendríamos que pensar bases legales organizadas para un manejo justo del salario. La realidad indica que, si bien existen proyectos de ley que intentan brindar reglas claras para el conjunto de la sociedad, aún estamos en un momento de incertidumbre.

A pesar de ser una discusión que creíamos llegaría en el futuro, ya la estamos experimentando. Muchas empresas nacionales y extranjeras, fundamentalmente del rubro tecnológico, utilizan esta modalidad de pago tan novedosa en pos de atraer talentos.

Lucas Fenoglietto.

Es un tema que se encuentra en pleno auge y es por lo que resulta indispensable seguir aunando esfuerzos entre los distintos sectores de la sociedad para brindar previsibilidad y garantías a los trabajadores. Desde el ámbito científico, entendemos que es momento de comenzar a conversar sobre legalidad del futuro tecnológico y económico.

(*) Docente de contador público en la UADE.