La conducción de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP) dispuso el estado de alerta y movilización, al tiempo que advirtió que paralizará la actividad si no se da una urgente modificación al impuesto a las Ganancias.

La organización advirtió que "es imperioso una reconsideración por el impacto que le causa a nuestros afiliados encontrarse alcanzados por la cuarta categoría" y remarcó que si no hay una respuesta positiva "no iniciaremos la pesca del calamar ni de langostino", lo que provocaría una pérdida de alrededor de los 2.000 millones de dólares para las arcas del Estado.

Gremio de la pesca amenaza con paralizar actividad

El secretario General de la organización gremial, Jorge Frías, señaló que "el gobierno del expresidente Mauricio Macri mintió prometiendo que eliminaría el impuesto a las ganancias para los trabajadores y, al igual que el gobierno actual, solo elevó el mínimo no imponible por debajo de los salarios garantizados que perciben los trabajadores de la pesca".

Subrayó que "año tras año, los trabajadores vienen siendo obligados por el sistema a percibir el salario de forma cada vez más marginal, el porcentaje en negro es cada año más grande en búsqueda de no pagar el impuesto". Y remarcó: "No es el sector empresario el responsable, sino es una víctima más que también cae en un sistema que provoca la desigualdad fiscal empresaria. La responsabilidad debe atribuirse a la inacción de los gobiernos y sus funcionarios".

El dirigente explicó a iProfesional: "Hemos presentado innumerables notas a distintos funcionarios incluyendo presidencias, AFIP y ni siquiera la propia Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ha sido escuchada con su reclamo por maldito impuesto".

Frías advirtió, además: "Decimos que no saldremos a pescar, dejando de producir más de 2.000 millones de dólares para todo el país, porque el Gobierno nos ignora, nos incluyó como trabajadores esenciales durante la pandemia y trabajamos más duro para ser parte de la ayuda para todos los argentinos".

Un eventual bloqueo a la actividad de la pesca generaría pérdidas de hasta 2.000 millones de dólares en exportaciones.

"Pero gobierno tras gobierno nos excluyen de la excepción de un impuesto regresivo y que desalienta a la producción, obligándonos a pagar el 35 por ciento de nuestros salarios más todos los demás impuestos que tributan todos los trabajadores Argentinos con lo cual solo el 45 por ciento del salario y la producción llevamos a nuestros hogares y, lo que es peor aún, nos llevan a la denigración humana al tener que aceptar cobrar parte de los salarios en negro y en cuevas de dinero en forma contraria a la dignidad que otorga el trabajo y el salario en blanco", manifestó.

El gremio dice que no será cómplice de la evasión fiscal

Indicó que "por su parte, el gobierno no hace bien las cuentas, ya que al ignorar la realidad y contrario a sus objetivos de recaudar, recauda menos, porque aquellas empresas y en consecuencia los trabajadores que evaden lo hacen por valores mayores a los pretendidos por la recaudación impositiva".

El titular del gremio sostuvo que "esta organización y esta dirigencia no será parte del delito de evasión fiscal y de la humillación a la que se somete a algunos Capitanes de Pesca, por ello nos declaramos en estado de alerta analizando la posibilidad de no iniciar la inminente temporada de langostino en la provincia de Chubut y la próxima temporada de calamar".

Frías cerró manifestando que "ni los gobiernos pasados ni el presente, ni las Confederaciones de los trabajadores han logrado dar respuesta al flagelo de este impuesto y entonces resulta que realizar el esfuerzo para llevar a delante la industria pesquera, que representa 40.000 puestos de trabajo generando cerca de 1.000.000 de toneladas de alimento, una de las más peligrosas del mundo que obliga a enfrentar la naturaleza del mar y que sólo se puede desarrollar padeciendo riesgos físicos, cansancio extremo y un lacerante desarraigo familiar para beneficio propio y de todo el País, termina siendo una condena social ejercida por legisladores y funcionarios que miran para el costado indiferentes".