¿Cómo serían las privatizaciones de Milei tras el último cambio a la Ley ómnibus?
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Para destrabar la aprobación de la ley ómnibus, el gobierno de Javier Milei propuso a los bloques dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley "Bases".
De todos modos, el oficialismo estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.
Sin embargo, los cambios impulsados por el oficialismo -la mayoría planteados por los sectores dialoguistas a condición de aprobar ese capítulo privatizador- serán propuestos cuando se discuta en particular cada capítulo el dictamen de mayoría que se debate desde el miércoles en el recinto de sesiones.
Los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación objetaron la idea de privatizar en lote a tantas empresas del Estado.
En sus planteos, estos bloques pidieron al oficialismo que se optara por tratar en particular empresa por empresa.
La presión opositora logró que la LLA accediera a dividir ese capítulo en dos anexos. Uno con empresas a privatizar o otro, en el Anexo II, con empresas públicas sujetas a privatización parcial, en las que el Estado tendrá una participación.
¿Cuáles son las empresas que se quitan de la lista?
Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
De acuerdo a ese borrador con los cambios a la ley ómnibus, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT y de las otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM, entre otras.
El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechace todas las ventas de las empresas públicas.
Desde la oposición no aseguran su total respaldo a esos cambios y afirman que están estudiando la nueva propuesta pero señalaron que se mejora el sistema de control que tendrán las privatizaciones.
¿Qué contempla el acuerdo?
Tras analizar los planteos opositores, y en lugar de mantener un solo anexo con todo el listado, lo divide en cuatro anexos, referenciados también en cuatro artículos distintos.
Esa distribución podría contribuir a facilitar la votación en el recinto, ya que aquellos que se oponen a la privatización de alguna empresa concreta podría, por ejemplo, votar a favor de uno de los artículos y rechazar otro.
De esta manera, la nueva propuesta establece que antes de llevar adelante una privatización la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, "deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos".
Ese informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral, conformada por seis diputados y seis senadores, con amplias funciones, como reclamaban los diputados dialoguistas.
La bicameral tendrá apoyo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN).
También se aclara ahora: "Respecto del proceso de privatizaciones, el mismo deberá cumplir con los principios de transparencia, participación, colaboración, máxima publicidad y difusión".
Según se establece, el informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral, a la que deberán ser enviados los pliegos, "podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictar sus propios reglamentos de funcionamiento".
Asimismo, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) "actuarán en colaboración permanente con esta Comisión", según se agrega.
El gobierno cedió a los pedidos de Llaryora
En medio de las negociaciones, el gobierno aceptó sacar varias empresas como pretendía el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, como Dioxitek, la firma que provee de uranio a las centrales nucleares.
También, quedaron afuera la Universidad de Córdoba, Fabrica Argentina de Aviones, dos de las empresas que el gobernador pedía sacar de la lista de empresas sujetas a privatizar y condicionaba de esa manera su apoyo a la ley.
Si bien el cordobés cuenta con funcionarios en áreas clave del gobierno nacional, como Banco Nación, Anses o la Secretaría de Transportes, Llaryora condicionaba el apoyo de sus legisladores a la ley, siempre que se quiten de la lista las empresas con asiento en esa provincia.
La semana pasada el gobierno ya había accedido al pedido de la oposición de quitar de la lista de empresas a privatizar a la petrolera de mayoría nacional YPF del listado, entre otras.
Entre las correcciones, el nuevo escrito de La Libertad Avanza acordó además con la oposición que "para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa".
¿Cuáles son los puntos centrales que el gobierno cedió para lograr consensos?
Ante la falta de número, (La Libertad Avanza sólo tiene 38 diputados en la cámara baja), el gobierno había bajado el capítulo fiscal, que incluía la movilidad jubilatoria, el blanqueo y la moratoria, entre otras cuestiones.
Más allá de esos cambios también sacó del dictamen, a pedido de la oposición dialoguista, la reforma política, artículos referidos a la cultura, al medioambiente, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, a la ley de hidrocarburos, entre otros.
A última hora, en tanto, se mantenían las negociaciones por el articulado vinculado a los biocombustibles.