El Gobierno avanzó con la privatización de 2.500 kilómetros de rutas y definió las empresas concesionarias
El Ejecutivo formalizó la entrega en concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales a compañías privadas, como parte del proceso de desestatización de Corredores Viales.
La medida quedó establecida a través de la Resolución 1149/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla la administración, mantenimiento, explotación y ejecución de obras en distintos corredores estratégicos del país.
La normativa, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, aprobó el resultado de la segunda etapa de la licitación correspondiente a la denominada Red Federal de Concesiones - Etapa II-B.
Qué empresas quedaron a cargo de los nuevos corredores
La licitación definió a los grupos empresarios que tendrán la responsabilidad de operar cuatro tramos de rutas nacionales bajo un esquema de concesión con cobro de peaje durante dos décadas.
Los corredores adjudicados abarcan importantes conexiones viales:
- Tramo Mediterráneo: quedó en manos de la unión transitoria CREDITECH S.A. - PLANTEL S.A., con una tarifa ofertada de $1.989,67 sin IVA.
- Tramo Puntano: fue asignado a BASAA S.A. - CECOSA S.A., con una propuesta de $1.440,08 sin IVA.
- Tramo Portuario Sur: también será administrado por CREDITECH S.A. - PLANTEL S.A., con una tarifa de $1.256,03 sin IVA.
- Tramo Portuario Norte: fue adjudicado a CPC S.A., con una oferta de $1.856 sin IVA.
Los sectores incluidos comprenden rutas nacionales como la 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193 y A-005, además del corredor A-008.
Cómo será el nuevo esquema privado para administrar las rutas nacionales
La concesión forma parte del proceso iniciado luego de que la Ley Bases declarara a Corredores Viales como una empresa sujeta a privatización. Posteriormente, el Decreto 97/2025 habilitó el mecanismo para avanzar con la transferencia total de la operación mediante el formato de concesión de obra pública.
El objetivo oficial es que los nuevos administradores no solo se ocupen de conservar las rutas existentes, sino que también puedan ejecutar ampliaciones, mejoras de infraestructura y otros desarrollos vinculados a la explotación vial.
Con este esquema, la administración de Javier Milei apunta a que empresas privadas asuman la operación de corredores considerados estratégicos, en un contexto marcado por reclamos sobre el deterioro de la red vial.
Desde el Ejecutivo sostienen que la participación privada permitirá mejorar el mantenimiento, acelerar obras pendientes y elevar los niveles de seguridad en las rutas nacionales.
La iniciativa representa uno de los pasos centrales dentro del plan oficial para reducir la participación estatal en la gestión de infraestructura y avanzar con un nuevo modelo basado en concesiones.
La empresa vinculada a Cristóbal López que quedó al frente de una licitación clave
La tercera etapa del plan del Gobierno para concesionar corredores viales nacionales ya toma forma. Luego de la apertura de las ofertas económicas, la empresa CPC, vinculada al empresario Cristóbal López, quedó mejor posicionada para quedarse con dos de los principales tramos licitados.
De acuerdo con la apertura de las ofertas económicas, la empresa presentó las propuestas más competitivas para dos corredores de la Etapa III. Por un lado, obtuvo la mejor oferta para el tramo Mesopotámico, integrado por 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en la provincia de Entre Ríos.
La propuesta contempla una tarifa de peaje de $3.340 más IVA, ubicándose por debajo de la presentada por IEB Construcciones. Además, la compañía también quedó mejor posicionada para operar el tramo Chaco-Santa Fe, compuesto por 497 kilómetros de la ruta nacional 11, luego de ofrecer una tarifa de $3.240 más IVA, inferior a la propuesta realizada por la empresa de José Eleuterio Pitón.
A esos dos corredores se suma el tramo Portuario Norte, donde CPC ya había resultado primera en una instancia previa del proceso. Si finalmente se confirma la adjudicación, la empresa administrará más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales.
Mientras tanto, Autovía Construcciones y Servicios, subsidiaria del grupo Cartellone, presentó las mejores ofertas para los corredores Noroeste y Litoral, que reúnen aproximadamente 1.143 kilómetros de rutas distribuidos entre Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes.
Las obras previas a cobrar los nuevos peajes
Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema de concesiones es que los operadores privados no podrán comenzar a explotar plenamente los corredores sin antes cumplir con una serie de trabajos obligatorios establecidos en los contratos.
Entre las tareas previstas se encuentran la puesta en valor de la infraestructura vial, que incluye trabajos de repavimentación, bacheo, mantenimiento de banquinas, corte de pasto y mejoras en la iluminación, además de otras intervenciones destinadas a recuperar las condiciones de transitabilidad.
En el caso de los corredores donde CPC quedó mejor posicionada, esas obras tendrán que ejecutarse antes de la implementación definitiva del nuevo esquema de peajes previsto en la concesión.
STVyARA rechazó la privatización de rutas y advirtió por el futuro de Vialidad Nacional
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) cuestionó la nueva etapa del plan oficial para concesionar rutas nacionales y volvió a expresar su rechazo al esquema impulsado por el Gobierno.
Desde la organización sindical, conducida por Graciela Aleñá, señalaron el jueves pasado que la apertura de ofertas económicas dentro de la Red Federal de Concesiones representa un cambio de modelo en la administración vial y alertaron sobre sus posibles consecuencias para la infraestructura pública.
Según el gremio, el sistema planteado por la gestión de Javier Milei pone el foco en la recaudación a través de peajes antes que en la inversión necesaria para recuperar y mantener la red de caminos.
STVyARA mantiene desde hace meses una disputa con el Gobierno por las medidas aplicadas sobre el sector vial, entre ellas el recorte de recursos, el avance de las concesiones privadas y la reducción de puestos laborales.
La organización sindical advirtió que estas decisiones podrían derivar en una pérdida de trabajadores y en un debilitamiento de la estructura estatal encargada de administrar la infraestructura vial.
En ese sentido, el sindicato alertó sobre un posible "desguace" institucional de Vialidad Nacional y sostuvo que la reducción de personal afectaría la capacidad del Estado para intervenir en el mantenimiento de las rutas.
Reclamos, protestas y respaldo de provincias
Frente a este escenario, el gremio impulsó durante los últimos años distintas medidas de protesta, entre ellas movilizaciones, paros y acciones gremiales en diferentes puntos del país.
Desde STVyARA indicaron, además, que gobernadores y legisladores provinciales expresaron preocupación por el deterioro de la red vial y por el impacto que podría generar el nuevo esquema de concesiones.
La organización sostiene que la discusión excede la situación laboral de los empleados viales y alcanza al rol del Estado en la planificación y conservación de rutas nacionales.
La postura del sindicato tras el fallo judicial sobre Vialidad
El pasado 18 de julio, Graciela Aleñá destacó la decisión de la Justicia federal que suspendió la eliminación por decreto presidencial de la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, la dirigente gremial remarcó que el conflicto continúa y llamó a mantener la presión en el Congreso para rechazar la norma impulsada por el Ejecutivo.
"Suponíamos que algún juez iba a tomar cartas en el asunto. Agradecemos el respaldo social y gremial que recibimos, pero ahora nos queda sostener la presión en el Congreso Nacional para rechazar el decreto que, en principio, el amparo suspendió por seis meses y que no sólo frena la disolución del ente vial, sino que impide que el Estado realice cualquier tipo de modificación en su estructura de personal", señaló el gremio.