El Gobierno trabaja a toda máquina por estas horas en su misión de mantener a flote a las empresas y preservar el empleo. En las últimas horas, la ANSES transfirió $27.000 millones a los CBU para asistir a los empleadores con el pago de la mitad de los salarios. Las autoridades tuvieron que correr a contra reloj, ya que el miércoles fue el último día hábil para efectuar la liquidación.

Pero después de varias complicaciones para poner la plata en el bolsillo de las empresas, la aparición de nuevas dificultades junto a ciertas "avivadas" generaron malestar en lo más alto de la Casa Rosada.

Por empezar, algunos sectores ya anunciaron que pagarán menos del 75% del salario neto por no poder acceder al salario complementario, uno de los beneficios previstos en el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP).

Así, algunas empresas de construcción, comercio y el rubro automotor, además del aeronáutico, aplicarán rebajas del 50% o superiores, muy por debajo del tope del 25% sugerido en el acuerdo entre la UIA y la CGT. Haciéndose eco del entendimiento, la resolución 397 estableció que dichos recortes serán autorizadas en forma automática, mientras que los que sean superiores serán revisados.

Los que quieren pero no llegan

La situación más grave asomó en relación a la obra pública, donde el parate de la economía provocado por la cuarentena complica el abono íntegro de la última quincena de abril. Hasta el domingo pasado, un 62% de los empleadores había obtenido el salario complementario, un 3% no sabía, un 1% fue rechazado y un 34% aguardaba respuesta, según un relevamiento de la Cámara de la Construcción (Camarco).

"Algunas están pagando el 100%, otras un porcentaje y otras a cuenta, hay muchas modalidades", dijo a iProfesional el titular de la Cámara, Iván Zczech.

La actividad registró en febrero 334.000 empleados y 20.000 empleadores, una cifra que se habría reducido en marzo y abril por el impacto del aislamiento. Pero todavía no firmó un acuerdo de suspensiones con el gremio de la Uocra, liderado por Gerardo Martínez. Los empresarios aguardan el resultado de la primera tanda de subsidios. Sin esa asistencia, ven difícil alcanzar el piso fijado por la UIA y la CGT, un pacto del que Camarco se abstuvo de participar por diferencias.

"Si una empresa no pudo acceder al beneficio, no se puede comprometer a pagar el 75% del salario", advirtió Zczech.

En Mar del Plata, la mayoría de las constructoras está pagando el 50% del salario y, en otros casos, directamente no lo hicieron. Allí, el sector estima que siete de cada diez empresas no recibieron el ATP por registrar una facturación nominal superior a la del año pasado debido a la inflación. Sumado a eso, los certificados de obra se cobran a mes vencido y en muchos casos hubo cheques rechazados.

"Muchas empresas no pudieron hacer frente al 75% de los sueldos y la cadena de pagos ya está rota", señaló a este medio el presidente del centro de constructores, Leandro Tamburini.

El Gobierno dispuso en el DNU 297 que los trabajadores del sector privado tienen derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales durante el aislamiento obligatorio. Pero, a la vez que prohibió las suspensiones y despidos por fuerza mayor, el decreto 329 habilitó los licenciamientos con rebaja salarial acordados con los gremios mediante el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. El interrogante surge a partir de las reducciones salariales que no fueron fruto de un acuerdo o bien si el porcentaje pactado con el sindicato se aleja de la pauta oficial.

"Si no tenés un acuerdo firmado y no llegas al 75%, te exponés a reclamos", señaló a este medio la gerente en outsourcing de la consultora BDO, María del Huerto Balza. La empresa audita y asesora a grandes empresas que por su situación financiera recurrieron al 223 bis en acuerdo con los gremios o los empleados, y a la vez obtuvieron el salario complementario. Esto les permitió pagar el salario neto al 100% mediante una suma no remunerativa y ahorrarse las cargas sociales, con excepción de los aportes a las obras sociales. Y en otros casos, aplicaron rebajas a algunos sectores.

El gremio de comercio liderado por Armando Cavalieri firmó el martes por la noche suspensiones con una rebaja del 25% por abril y mayo, en línea con el convenio sellado por los industriales y la central obrera. El acuerdo se demoró por la resistencia de las empresas más chicas, que reclamaban el pago del 100% de los salarios por parte del Estado.

En la CAC advirtieron, sin embargo, que las empresas imposibilitadas de pagar el 75%, aun gozando de la asistencia de ANSES, cubrirán un cuarto del sueldo. Mientras que aquellas sin beneficios pedirán al ministerio de Trabajo "pagar lo que puedan" y le darán traslado al sindicato. La última palabra la tendrá la cartera laboral encabezada por Claudio Moroni.

Malestar en el gobierno

El Gobierno respaldó el acercamiento entre empresarios y sindicatos con el fin de aplacar las tensiones laborales. La idea era poner un "piso" ante los reclamos crecientes por rebajas salariales de hasta el 50%, pero no fue suficiente para evitar la aparición de nuevos conflictos.

El gremio de aeronavegantes denunció este miércoles a la aerolínea chilena LAN por cerrar las negociaciones y aplicar rebajas de hasta la mitad del sueldo por hasta tres meses, junto a un plan de retiros voluntarios. Esta última medida fue adoptada también por las empresas de servicios especiales y constructoras de la industria petrolera para reducir personal, con beneficios inferiores a la doble indemnización vigente.

Todas las miradas están puestas ahora en el Ministerio de Trabajo. El hiperactivo equipo de Moroni tendrá que definir, por caso, si homologa el convenio firmado este martes entre el sindicato metalmecánico Smata y los concesionarios.

Sucede que las dos partes acordaron el pago de un 25% del salario neto por parte de las empresas a todo el personal, incluidos grupos de riesgo y embarazadas, y dejaron sujeto el 50% restante a la eventual percepción de los beneficios estatales, por lo que las empresas que no lo recibieron abonarán solo un cuarto de la remuneración habitual. Un planteo que hasta los abogados corporativos ven difícil que la cartera laboral homologue.

La firma de este tipo de acuerdos en sectores que recibieron ayuda oficial generó malestar dentro del Gobierno. El Presidente reveló su descontento este miércoles durante una entrevista en Radio Con Vos en la que justificó el pago de un salario reducido para los trabajadores suspendidos, a la vez que se quejó de los "abusos" por parte del sector privado.

"Si pagamos el 50% de los sueldos, ellos (los empresarios) ya están pagando el 50% de los sueldos. Pero si además dicen 'hay que hacer una rebaja del 25% de los sueldos' y el Estado pone el 50%, ellos están pagando el 25%. Ahí hay una posición que no parece muy justa", sostuvo el mandatario.

La reacción de Alberto Fernández contrasta con la decisión adoptada por los hombres de Moroni en las últimas horas. Mediante la resolución 490 a la que tuvo acceso iProfesional, el secretario de Trabajo, Mario Claudio Belloti, homologó este martes los acuerdos de suspensiones firmados por las cámaras de la actividad con los gremios de petroleros de base y jerárquicos de todo el país. El dato es que los convenios contemplan recortes salariales de hasta el 40%.

Si bien las negociaciones fueron previas al pacto UIA-CGT, el guiño oficial fue leído en los estudios de abogados como uno de los primeros avales explícitos a quitas salariales bastante inferiores a la pauta oficial.

Las cadenas de comida rápida representan otro desafío para las autoridades. El grupo propietario de Starbucks y Burger King anunció esta semana el cierre de 13 locales que emplean a casi 200 personas en todo el país. El sector ya presentó ante la cartera laboral el acuerdo alcanzado con el gremio de pasteleros sobre licenciamientos. Se redujeron hasta la mitad los salarios por tres meses, en una actividad con más de 20.000 empleados y salarios que en algunos casos descendieron a la cifra de $5.000.

Y la industria textil acordó suspensiones con rebajas del 30% del neto que, al no incluir adicionales, llegan hasta el 50%.

Luces de alarma

En los últimos días, el Gobierno aceleró los pasos para evitar la quiebra de 160.000 empleadores, a los que les pagó el 50% del salario de bolsillo de 1,6 millones de trabajadores. La cifra representa un 30% del universo de los 541.000 empleadores registrados en todo el país, según los datos de febrero de la AFIP.

En esta primera tanda se asistió a las empresas con menos de 800 empleados. El próximo paso serán las firmas con plantillas superiores. La idea es alcanzar con el salario complementario a tres millones de trabajadores, la mitad del empleo registrado en el sector privado.

Con el mismo objetivo, las autoridades habilitaron en las últimas horas el acceso para los créditos con tasa del 24% para pagar los sueldos de abril y mayo. Y a fines de abril recomendaron ampliar el listado de actividades potencialmente beneficiarias del ATP.

La decisión fue tomada luego de un informe técnico del Ministerio de Desarrollo Productivo, que alertó sobre la fuerte caída en la facturación de las empresas entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Así, por ejemplo, la mediana de ventas en hoteles y servicios registró un desplome del 70%, según los datos de la AFIP.

De los datos se desprende que hay muchas ramas en donde un porcentaje notorio de las empresas sufre bajas nominales en la facturación, con fuertes retracciones en los sectores de peor desempeño o el cuartil más bajo. Se trata de aquellas que hasta hace poco no podían acceder al ATP porque son escenciales o tienen alto nivel de teletrabajo. 

El informe menciona como ejemplo a las ligadas a la construcción (-100%), servicios jurídicos (-87,5%), procesamiento de datos (-43,2%), producción y operación de TV (-65,3%), y kioscos (-74,1%). El tablero que reúne 30 actividades muestra a más de la mitad con un promedio de ventas negativo y todas en su cuartil más bajo en rojo.

"Lo que los primeros datos de facturación muestran es que el estar exceptuado de la cuarentena o el tener un elevado potencial de teletrabajo no garantizan que las firmas puedan operar con relativa normalidad", sostiene el estudio oficial. Y a continuación explica que "muchas empresas de este tipo de ramas han experimentado caídas notorias en su facturación".

"Todo ello incrementa las probabilidades de que las firmas cierren y, con ello, que los trabajadores formales pierdan sus puestos de trabajo", advierte el trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo.