Pesificación, expropiación y default: estos son todos juicios que perdió el país cuando buscó su "soberanía"
El Gobierno repite el libreto del kirchnerismo de los últimos años. Pero en ese afán, el Estado tuvo que pagar miles de millones en resarcimientos
Por Leandro Gabin
ECONOMÍA - 10 de Junio, 2020
En momentos de expropiaciones, como la que quiere llevar adelante el gobierno de Alberto Fernández en el caso Vicentin, hay que recordar que el país siempre terminó pagando las consecuencias de esos actos. El país tiene un triste historial en términos de haber perdido virtualmente cualquier juicio sea por pesificación de contratos, expropiaciones, rescisión de concesiones y deuda en default. El pasada codena al país a, tarde o temprano, abrir la billetera.
La búsqueda de "soberanía" siempre le costo mucho dinero al Estado, o sea a todos los contribuyentes. Y esta oportunidad no va a ser distinta. "La expropiación de Vicentín es un paso hacia la soberanía alimentaria", dijo Alberto Fernández en conferencia para anunciar su acto de "soberanía" después de haber desmentido que su gobierno iba a meterse con las empresas.
Desde el 2000 hasta el 2019, la Argentina lleva pagados 16.540 millones de dólares en juicios perdidos, según datos recopilados por FinGuru en base a presentaciones de los abogados argentinos en el exterior. De ese total, 9.300 millones fueron por la deuda en default, el juicio que ganó Paul Singer del fondo Elliott Management y que canceló el gobierno de Mauricio Macri.
El CIADI es el tribunal arbitral del Banco Mundial donde se definen muchos juicios
Larga lista de batallas perdidas
Otros 5.800 millones de dólares fue por la expropiación de YPF a Repsol, 1.200 millones por litigios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y 240 millones por Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Entre los casos más relevantes de los últimos años se destacan:
-Por la expropiación de Aguas Argentinas, la francesa Suez fue al CIADI y el país tuvo que pagar 250 millones millones de dólares
-Aerolíneas Argentinas también fue expropiada y el Grupo Marsans y Burford Capital llevaron su reclamo al tribunales arbitral del Banco Mundial. Eso costó 340 millones de dólares
-Y otra vez en el caso de YPF, expropiada, se pagó a Repsol los mencionados 5.800 millones pero aún hay un juicio sin resolver que podría adicionar otros 9.000 millones a la cuenta
Pero, el dato más desalentador es que además de lo que se pagó, habrá otra nueva tanda de deudas pendientes de resolución. Esos juicios en ciernes le costarán al país otros 8.775 millones de dólares, según datos recopilados por FinGuru en base a las presentaciones que hizo el gobierno argentino ante la SEC de Estados Unidos.
Pero incluso ese número podría estar desactualizado. Sucede que 4.000 millones de dólares de ee total corresponden al juicio que el fondo Burford le hizo al país por YPF. Ese acreedor, que compró el 70 por ciento de los derechos económicos del juicio que inició el Grupo Petersen, pide 9.000 millones de dólares. Por ende, ya la deuda a pagar se incrementaría aún más.
La petrolera es la más comprometida por los juicios en Nueva York
Más deuda a pagar por el caso YPF
La semana pasada, la juez Loretta Preska del tribunal del Distrito Sur de Nueva York falló en contra YPF cuando el país quiso mudar la resolución del juicio a Buenos Aires. No lo permitió y ahora puso fecha para el 19 de junio para que las partes presenten cómo sigue la hoja de ruta del juicio. Podría habilitar a que se le paguen 9.000 millones de dólares a Burford.
Después hay otros casos menores pero que seguirán drenando las reservas del Banco Central. En los últimos días, los abogados argentinos en Nueva York -Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP- aceptaron el reclamo de Bainbridge por 34 millones de dólares en bonos en default 2018. Esto ocurre 10 días después de haber aceptado el reclamo del fondo Attestor y Trinity por 230 millones de dólares. Por ende, la Argentina pronto deberá abonar estos montos a los fondos. O sea, se deberá pagar en forma inminente 270 millones de dólares.
Queda claro, y no es novedad, que las expropiaciones o los manotazos sobre las empresas, antes o después, tienen consecuencias. Por lo pronto, si el Gobierno se hace cargo de Vicentin también deberá hacer frente a la deuda que mantiene la exportadora por 1.400 millones de dólares. Sea en forma directa o indirecta vía YPF Agro.
La petrolera, que tiene un alto endeudamiento -tiene pasivos por 8.500 millones de dólares- tampoco pasa por su mejor momento. El bajo precio del petróleo, el escaso interés en Vaca Muerta y los juicios en Nueva York tampoco la posicionan como la mejor administradora de un empresa concursada. A una petrolera en problemas se le suman más complicaciones.