El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a los licenciatarios del servicio de comunicación audiovisual de televisión por suscripción satelital, el cobro de un cargo específico de $53, a través de la resolución 323/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial, pero aclaró que no hay incrementos en el resto de los servicios públicos de telecomunicaciones.

El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, reiteró que "hasta el día de hoy no se ha autorizado ningún aumento para mayo y junio" para los servicios de telecomunicaciones, es decir, telefonía móvil, internet y servicio de televisión paga.

En declaraciones a Télam Radio, indicó que "alguna de las empresas avisaron a sus clientes que iba a haber un aumento de precios, pero hasta que ese aumento o cualquier otro no esté autorizado por el Enacom, no se puede aplicar".

Recordó que "una vez que se anuncie cuánto y para cuándo va a ser el aumento, aquellas empresas que no hayan respetado el aumento anterior o que no hayan dado la Prestación Básica Universal, tampoco van a poder aumentar".

La resolución

En tanto, la resolución explicó que "a partir del encuentro de actores del sector de la televisión por suscripción satelital con diferentes ámbitos gubernamentales, se advirtió que los efectos y proyecciones que la pandemia mostró en diversos ámbitos, se hicieron presentes también en la actividad".

Indicó que "no obstante las circunstancias en las que cobra mayor relevancia aún la prestación de este servicio, el mismo aseguró la cobertura que deriva de sus características propias, siendo acaso el único en algunas zonas del país, como áreas remotas o de difícil acceso donde el despliegue de redes cableadas resulta inviable".

Señaló que la firma DirecTV hizo una presentación ante el Enacom donde "reseña el escenario descripto, los mayores requerimientos y las externalidades del mercado, los que hacen que diversos costos adicionales, vinculados a la operación del servicio, tengan un impacto apreciable en el aseguramiento de su prestación".

Así puntualizó que la compañía solicitó "autorización para el cobro de un cargo específico de $53, que no resulta integrante del precio del servicio minorista y que entiende procedente en los términos expuestos".

Remarcó que, de acuerdo con el pedido de DirecTV, "la implementación de este cargo específico a los clientes del servicio, permitirá afrontar los costos derivados y, de esta manera, asegurar la disponibilidad de cobertura del servicio, independientemente de la orografía del terreno y, como consecuencia inmediata, amparar las zonas más alejadas y menos favorecidas de todo el territorio nacional".

"La solicitud efectuada, en cuanto a sus alcances y proyecciones, amerita tratamiento, aplicación y reconocimiento para todos los licenciatarios del servicio de comunicación audiovisual de televisión por suscripción satelital", concluyó la resolución.

¿Suben los abonos de celulares?

A prncipio de este año, los abonos de telefonía celular subieron y ahora las compañías realizan nuevas negociaciones con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para acordar cuáles serán los próximos aumentos en 2021. 

No obstante, una de las empresas de telefonía móvil esta semana comenzó a informar a sus clientes sobre los incrementos que se aplicarán en mayo y junio, aún sin tener el visto bueno del ente oficial.

La novedad llegó por parte de Movistar, que comenzó a informar a sus clientes por SMS sobre un incremento del 8% para mayo y otro del 7% en junio. Desde la compañía confirmaron a minutouno.com que los aumentos "son adecuaciones de precios" y que "Enacom está notificado"

Sin embargo, voceros del ENACOM aseguraron que esa suba no fue autorizada.

Con los porcentajes aplicados por Movistar el aumento acumulado de su servicio sería del 33,7% en 2021, cuando el ENACOM sólo autorizó subas de un 5% en enero, un 7,5% en febrero y 2,5% en marzo.

Voceros de la empresa afirmaron que serán los últimos incrementos en el año, dado que ya hubo un aumento de más del 15% en lo que va de 2021.

Por su parte Personal todavía está en tratativas con el ENACOM tras aplicar un aumento del 20% en enero, que tampoco fue autorizado por el ente oficial, y Claro navega por las mismas aguas de la negociación.

Desde el 2020, cuando se decretó que los servicios públicos son esenciales, los celulares y las prepagas deben ser autorizados por los entes regulatorios correrspondientes, y en el caso de la telefonía se trata del ENACOM.

Pero el ente oficial no dio el visto bueno a la anunciada por Movistar aunque que "está notificado", y sus voceros confirmaron que las negociaciones siguen vigentes a pesar de las decisiones unilaterales de las compañías.

Lo que viene

Después de haberse autorizado aumentos en enero, febrero y marzo para las cooperativas, y en enero y marzo para las grandes operadoras, en abril no abrán nuevas subas de los servicios de internet, telefonía y televisión paga. Los próximos ajustes de los precios de estos servicios podrían producirse en mayo o en junio.

Así lo aseguró el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini  que semanas atrás, tuvo a su cargo, junto con el resto del directorio del organismo, la primera muestra de 5G donde los principales proveedores de equipamiento de telecomunicaciones hicieron demostraciones sobre las aplicaciones que tendrá esta tecnología en distintas industrias.

"No vamos a autorizar aumentos en abril. Recién será en mayo o en junio. Estamos buscando perioricidad y una fórmula que contemple la situación y que no tengamos una paritaria mensual con Economía y con las empresas porque es desgastante", dijo a iProfesional, Claudio Ambrosini quien también anticipó que los aumentos continuarán siendo asimétricos, tal como sucedió con el visto bueno que se dio a los incrementos de marzo.

Claudio Ambrosini afirmó que los aumentos de las telecomunicaciones serán cada cuatro meses

Desde que se inició el proceso de descongelamiento de los precios de las telecomunicaciones, el Gobierno autorizó en enero un incremento de los precios de los servicios de 5% para las grandes prestadoras, es decir, Claro, Telefónica y Telecom, y de 8% para las pymes de telecomunicaciones, porque en su mayoría no habían aplicado ningún tipo de aumento en 2020.

En febrero se les permitió otro incremento a pymes y cooperativas, esta vez, del 7%, mientras que en marzo las alzas autorizadas fueron distintas según el tipo de servicio: la telefonía fija tuvo un incremento de 5%, la móvil de 2,5% y el segmento de internet para empresas, de 7,5%.

La banda ancha y la televisión paga tuvo incrementos que oscilaron entre el 5% y el 7,5% según el tamaño de empresa: de 7% para las prestadoras de menos de 100.000 clientes y hasta 50 mbps, de 5% para los que tienen más de esa cantidad de clientes; y de 7,5% para los servicios premium o bajo demanda.

Aumentos asimétricos

Ambrosini sostuvo que "el esquema de aumento va a ser asimétrico pero tiene que acompañar el proceso económico de la Argentina. Lo dijo Alberto (por el presidente) y lo repito en todos lados porque es la premisa que bajó a cada uno de los reguladores".

Recordó que en 2020 hubo muchas cooperativas que no aumentaron, razón por la que al detectar que en una misma localidad donde opera una cooperativa y un gran prestador la diferencia de espalda entre uno y otro podía inclinar la balanza de manera peligrosa, correr el riesgo de que las cooperativas vuelquen y dejaran sin conectividad a todo un puebo. "Y quedó bien claro que hoy la conectividad es más que esencial", insistió.

Una de las ideas sobre las que se trabaja es que los aumentos se autoricen cada cuatro meses. "Queremos buscarle perioricidad. Esto es, que cada cuatro meses se aumenta, buscar una fórmula y después listo, ya está, como la movilidad jubilatoria. Este es el índice (para aumentar los precios) y listo. Y basta con este tema y laburemos, independiemente de que tengamos juicio con esto o con otro tema", enfatizó el funcionario, que no disimuló algo del hartazgo que significó la discusión durante estos meses.

Esa fórmula tendrá que contemplar todas las variables que entran en juego a la hora de actualizar los precios, teniendo en cuenta el bolsillo de los argentinos por un lado, y la sustentabilidad del sector por el otro. Y salir, así, de la tensión en que ingresó el sector desde que, en agosto de 2020, se emitió el decreto 690 que convirtió a las telecomunicaciones en servicios públicos esenciales y congelo los precios hasta finales de ese año.

En ese marco, Ambrosini explicó que la convocatoria del Enacom a las empresas para que hagan sus demostraciones sobre 5G fue "para salir de la locura que era todos los días sentarme con los operadores y pelear los precios y no mirar para adelante, porque adelante hay otra vida".

En la muestra que se realiza en el Enacom se vieron pruebas de 5G aplicadas a la industria

Esa otra vida no es sólo 5G sino, y principalmente, otras acciones que se impulsan desde el regulador: más control sobre el cumplimiento de las disposiciones que surgen desde el organismo –como la decisión de que las empresas que aplicaron aumentos por encima de los permitidos en enero devolvieran el dinero a los usaurios- y sobre el  otorgamiento de los Aportes No Reembolsables (ANR), destinados a expandir las redes de fibra, para los que ya se otorgaron casi $2.000 millones.

Respecto de los aumentos de enero, Ambrosini recordó que la única empresa que no cumplió con la orden de devolver el dinero a los usuarios fue Telecom. Y que ese proceso se encuentra en las instancias administrativas y judiciales correspondientes.

"Los intimamos judicialmente (a Telecom) y cambiamos el reglamento de sanciones. Si antes la sanción  máxima era de $500.000 ahora la multa es de $20 millones, lo multiplicamos por 40. Para que, realmente, si se aplica una sanción, que duela. Independientemente de esta demanda también tenemos una medida judicial porque los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, estamos en eso. Lo peleamos en lo administrativo y en lo judicial pero, a la vez, consensuando cosas, porque yo me tengo que preocupar por la cantidad de usuarios", subrayó.

En ese sentido, se refirió a su doble rol como regulador donde tiene que tanto la calidad de los servicios y el respeto hacia los consumidores, como el buen funcionamiento del sector. "Como regulador les tengo que garantizar a los usuarios que tengan buen servicio. Me interesan más los 20 millones de usuarios de Telecom que Telecom como grupo, y tengo la doble responsbilidad de castigar si la empresa no cumple porque se trata del servicio de los ciudadanos, y también que se pueda seguir hablando por teléfono y tener internet", apuntó.

Este ida y vuelta de tensiones no quita, a su vez, que tenga que haber en paralelo otra mesa de discusión en la que se aborden otros temas. Y acá vuelve otra vez la razón por la que se pusieron en marcha las pruebas de 5G en las que, una vez más, el protagonismo estuvo a cargo de las proveedoras de equipamiento Huawei, Ericsson y Nokia y no de los operadores de telecomunicaciones.

"Toda la batalla legal la estamos dando.  Todo dentro de la ley. Los intimo, los multo, les hago juicio. Pero a su vez tengo que tener una mesa de consenso. Si pongo el faro en el 5G es porque tengo que seguir caminando con los operadores que tengo. Y no me doy por vencido y voy a pelear hasta las últimas consecuencias las instancias administrativa para que entiendan que tengan que devolver la plata. Aunque los diálogos sean más ásperos mi diálogo apunta a que tengan que devolver la plata preocupandome por los 20 millones", reiteró.