Como parte de la estrategia para ir reduciendo el poder de los grandes grupos alimenticios en las góndolas de las cadenas de supermercados, el Gobierno destinará alrededor de $1.500 millones para financiar la creación de una red de pequeños y medianos proveedores.

Se trata de un plan ideado por el Ministerio de Desarrollo Productivo que comanda Matías Kulfas y que es considerada la principal usina de medidas orientadas a controlar la inflación que, sin embargo, son criticadas por los empresarios de este sector por entender que impactan de manera negativa en este sector y que generan más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones.

Un sector compuesto por grandes empresas de consumo masivo que vienen librando una batalla contra las autoridades nacionales por los controles de precios, eternos congelamientos y normas que, entre otras consecuencias, las empiezan a desplazar de los lugares "privilegiados" que supieron conseguir en las estanterías de los súper e hipermercados.

El "plan Kulfas", nuevo intento oficial de controlar los precios.

Por caso, desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) se vienen criticando las normativas de la secretaría que orienta la Secretaría de Comercio Interior que dirige Paula Español.

El organismo empresarial es dirigido por Daniel Funes de Rioja, también presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de controvertida relación con el Gobierno, al punto que los vínculos con el propio Kulfas se han deteriorado en los últimos días, con cruces y criticas cruzadas.

El mejor ejemplo de este escenario de conflicto es la Ley de Góndolas, que fue resistida por todo el sector, pero que terminó siendo aprobada por el Congreso y comenzó a regir desde hace un mes atrás.

De hecho, se vienen incrementando diariamente las inspecciones y controles que se llevan a cabo en las cadenas por orden de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para investigar el grado de acatamiento a la nueva normativa.

Casi de manera paralela, las autoridades nacionales vienen profundizando el impulso y empuje a productores pymes para adiestrarlos en las estrategias que deben adoptar para ir ocupando espacio en las góndolas.

Una especie de mensaje a los grandes players locales y multinacionales de la talla de Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Arcor Nestlé y Mondelez, entre otras.

Grupos a los cuales acusan de prácticas desleales, retención de producción o de falta de entrega o escasez con la excusa de resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores.

Imputaciones que agregan más tensión a la ya complicada relación con las compañías y los supermercados que vienen advirtiendo sobre un mayor "nivel de intervencionismo" del Gobierno a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral.

Pymes en góndolas

Como parte de la misma estrategia para limitar el poderío de las compañías de mayor peso, desde Desarrollo Productivo también se apunta a masificar la presencia de pequeños fabricantes de alimentos, bebidas, elementos de higiene personal y limpieza del hogar con el objetivo de facilitarles el ingreso como proveedores de los supermercados.

Se lleva a cabo a través de varias iniciativas como el Programa MiPyMEs en Góndola, con un presupuesto de $10 millones para los próximos meses, así como otras acciones que está desplegando la dupla Kulfas-Español a través de capacitaciones y asistencias técnicas gratuitas sobre ley de góndolas y los $1500 millones en subsidios o aportes no reembolsables para asistir proyectos de diseño de marca desde cero, certificar productos, mejorar el diseño de la producción y también la logística.

En el caso de PyMEs en Góndolas, Desarrollo Productivo ofrece asistencia técnica y fondos a partir de una convocatoria que se acaba de abrir para sumar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

El proceso es administrado por la Secretaría de la Pequeña y Mediana y los Emprendedores (SEPyME), que comenzó a recibir pedidos de asistencia "in situ" de parte de un profesional calificado que, a partir de un diagnóstico, les permita a estas empresas detectar e incorporar mejoras productivas en cuanto a la escala, diseño, packaging, y otros aspectos que mejoren su competitividad e impulsen su incorporación a mercados de distribución mayores.

Desde el Gobierno explican que tal como lo establece la Resolución 53/2021 de la SEPyME, al momento de inscribirse, las empresas podrán elegir entre 900 profesionales registrados, cuyos honorarios serán cubiertos por el ministerio a cargo de Kulfas de acuerdo al siguiente esquema: el 90% en el caso de las microempresas; el 80% en las pequeñas, y el 55% y 35% en las empresas Tramo I y Tramo II, respectivamente.

También podrán solicitar la asistencia de un denominado Experto PyME los grupos asociativos de hasta 10 empresas, así como firmas asociadas con un emprendedor. En estos casos, se cubrirá hasta el 75% de los honorarios.

"En esta convocatoria contarán con mayor puntaje todas aquellas empresas que sean o busquen constituirse como proveedoras de supermercados, así como también las MiPyMEs que estén participando del ciclo de capacitación del programa", se aclara en una nota enviada por Desarrollo Productivo.

Dentro de las áreas previstas para la asistencia se encuentran las tecnologías de gestión, digitalización de procesos, diseño e innovación, planificación estratégica, contable y financiera, eficiencia energética, comercio exterior y equidad de género.

El objetivo, apuntan los voceros oficiales, es el de capacitar a cooperativas y MiPyMEs para mejorar su productividad y dar asistencia técnica, tanto en la adaptación al marco normativo de la Ley de Góndolas, como en facilitar su incorporación al registro de proveedores de los supermercados, y lograr certificaciones de sus productos y procesos.

La AFIP también colabora con Desarrollo Productrivo en las inspecciones a las grandes cadenas de supermercados 

Datos que marcan una preocupante necesidad de parte de las grandes cadenas de comercialización de alimentos que no logran cubrir los espacios que sus principales proveedores deben dejar para dar paso a este tipo de fabricantes pymes.

Los faltantes se observan en varias sucursales de cadenas como Coto; Walmart; Carrefour; Jumbo; Disco o La Anónima, a las que se les hace complicado poder sumar proveedores chicos que tengan toda la documentación en regla, se comprometan a cumplir con la demanda y abastecimiento al que están acostumbrados las grandes empresas alimenticias.

Es por eso que desde Desarrollo Productivo buscan ofrecer todo tipo de asistencia integral a las pequeñas empresas, con financiamiento y capacitación no sólo destinado a que puedan ingresar con sus productos a las góndolas de los supermercados, sino también para que puedan sostener el nivel técnico y de producción necesario que les permita consolidarse en el tiempo como proveedores de las grandes cadenas.

De manera paralela a este impulso estatal a la creación de una red de proveedores medianos y pequeños, se mantienen visualizadas las medidas adoptadas para restarle poder de lobby a los grandes grupos aplicando controles sobre las etiquetas; regulando los mecanismos de producción y manejando la ubicación de los productos en una góndola.

O mediante decisiones como obligar a las compañías que facturen más de $3.200 millones al año a usar el máximo de su capacidad instalada, a pesar de que el consumo se encuentra retraída y la demanda no recupera los niveles de años anteriores.

Una orden contra 2.500 empresas nacionales y multinacionales ubicadas en el rango de la facturación anual estimada por las autoridades y entre las que se encuentran marcas que a la vez terminan recibiendo sanciones por supuestas irregularidades en el estilo de comercialización o bajo la excusa de combatir la "especulación" mediante la aplicación de la controvertida Ley de Góndolas.