El 51% de las empresas metalúrgicas piensa ampliar su planta de personal en los próximos seis meses, pero advierten que la vigencia de la doble indemnización pone un un freno a sus intenciones, por lo menos en el más corto plazo. Así lo indica un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

"En el marco de la progresiva recuperación de la actividad, el 51% de las empresas prevé la contratación de personal durante los próximos 6 meses. El 30% plantea incorporar soldadores, mientras que el 25% perfiles técnicos para operaciones de arranque de viruta", señala el informe empresario.

El 30% plantea incorporar soldadores, mientras que el 25% perfiles técnicos

El reporte advierte, no obstante, que "el factor principal que desalienta la contratación de personal es el pago de doble indemnización frente a despidos". "Esto se da a pesar que la normativa no rige para las contrataciones posteriores al 13 de diciembre de 2019", indica ADIMRA

Ausentismo

Por otro lado, se señala que el ausentismo disminuyó respecto del 2020, todavía es más alta que antes de la pandemia.

"La tasa de ausentismo metalúrgica fue del 11,2% durante el primer semestre de 2021. Se mantuvo la tendencia a la baja en relación a los dos semestres previos, aunque por encima del promedio histórico", señaló la entidad.

En ese sentido, el reporte explica que "las principales causas de ausentismo laboral estuvieron vinculadas al COVID-19: el 25% fueron por contagios , seguido por otros motivos vinculados como contacto estrecho".

El empleo en el centro de la campaña

El último dato disponible de un informe oficial indica que, tras cuatro meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado registrado en las empresas del sector privado, en mayo se detuvo el proceso de recuperación. Se trata de una señal de alarma para lo coyuntural. Pero el problema de fondo es mucho más agudo.

Más allá de que las cifras del Ministerio de Trabajo, en base a datos del Sistema Previsional Argentino (SIPA) que administra la AFIP, muestran que el empleo registrado ya recuperó los niveles de marzo de 2020 (pre pandemia), con poco más de 12 millones de ocupados, en el largo plazo hay un estancamiento. No hay empleo formal para aproximadamente la mitad de los asalariados.

La cuestión es advertida por todos los espacios políticos luego de que se visibilizara con fuerza en el contexto de la pandemia, donde aquellos que no tuvieron la suerte de estar cubiertos por la registración laboral se quedaron fuera de los programas de protección del empleo: léase ATP, Repro, Repro II y otros.

De hecho, el diagnóstico es tan compartido que, como hacía muchos años no ocurría, los temas laborales tomaron el centro de la escena del debate electoral. Tanto el oficialismo como la oposición presentaron sus propuestas y plantearon lo que, para cada espacio, son alternativas que logren consolidar un camino de recuperación.

Desde el oficialismo encararon dos tareas: políticas públicas y el debate a futuro. En el primero de los rubros anotaron el lanzamiento del programa Te Sumo. Es un programa que tiene el objetivo de crear 50 mil empleos para jóvenes de 18 a 24 años. Ofrece pagar capacitaciones, una porción del salario durante un año y sostener fuertes reducciones en las contribuciones patronales para quienes incrementen su plantilla laboral. La idea es llegar a dar respuestas a un universo que presenta un índice de desocupación que miedo: 30,7%.

Además, la semana pasada, el Gobierno anunció una reducción de hasta el 95% de las cargas patronales para aquellas empresas que contraten a personas que se encuentren participando de programas de capacitación brindados por el Estado. Para ello puso a disposición el Portal Empleo y empezó a centralizar en un solo lugar toda la oferta.

Los temas laborales tomaron el centro de la escena del debate electoral

En el otro terreno, en el debate a futuro, el oficialismo coló dos cuestiones en la agenda: la reducción de la jornada legal de trabajo y el Salario Básico Universal.

La reducción de la jornada tiene a los candidatos a diputados de extracción sindical Sergio Palazzo y Hugo Yasky como principales espadas. Insisten en que el país tiene una de las jornadas laborales legales más extensas de la región y piden una readecuación sin afectar los salarios. "Estamos prácticamente parados en lo que conquistaron los mártires de Chicago que luchaban por las 8 horas diarias y el descanso dominical", sostuvo hoy Yasky en declaraciones radiales.

La otra propuesta, empujada por el ahora ex ministro de Desarrollo Socia Daniel Arroyo, es la de avanzar con la creación de un ingreso universal con contraprestación. La idea es generar un piso de ingresos que garantice un mínimo de derechos al consumo.

Desde la oposición también salieron a la carga con una batería de borradores.Con Florencio Randazzo como abanderado, pero con los candidatos de Juntos por el Cambio como pilares más populares, se habla de una reforma laboral, de la modificación del sistema indemnizatorio, de la declaración de la educación como servicio esencial y de mecanismos de alivio para las Pequeñas y Medianas empresas.

La idea de una reforma laboral no es nueva. Lo novedoso, en todo caso, es que se la promueva como consigna de campaña. Hasta hace no mucho popularmente reforma laboral se asimilaba con quita de derechos laborales y era casi impopular. Ahora es parte de la discusión como una de las alternativas posibles que deriven en la creación de puestos de trabajo.

La reforma al régimen indemnizatorio también permeó el debate. Es casi un acto reflejo de lo que fueron los últimos proyectos empresariales que proponían la creación de un Seguro de Garantía de Desempleo o la creación de un Fondo de Indemnización y Retiro Universal. La argumentación, de fondo, es que esa modificación liberaría de cargas salariales a las firmas para que puedan tomar personal registrado.

Con algo menos de énfasis, también se escuchó la necesidad de declarar servicio esencial a la educación. Sería el camino para poder garantizar que no haya huelgas docentes. Más allá de la popularización del término que generó la excepción impuesta por la pandemia, la declaración como "esencial" de una actividad implica una fuerte regulación del Estado y está muy abordada por la normativas internacionales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 1983, la Comisión de Expertos de la OIT definió como esenciales "los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población". Por el momento se consideran como servicios esenciales en sentido estricto: el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

Por último, la campaña de María Eugenia Vidal puso como una de sus premisas poner el foco en "ayudar a los que generan empleo". En concreto dejó trascender una serie de medidas que tendrían como leitmotiv rescatar a las pymes, las más golpeadas con la crisis. En carpeta presenta: una moratoria, la simplificación de trámites, exenciones impositivas y volver a facilitar la creación de empresas.