Ni el Congreso, ni los sindicatos ni las empresas creen en el 33% de inflación: ¿por qué Guzmán insiste?

El pronóstico que presentó el ministro en su presupuesto se aleja de las expectativas. Los economistas insinúan que hay una estrategia para licuar el gasto
Por Fernando Gutiérrez
14/12/2021 - 06,31hs
Ni el Congreso, ni los sindicatos ni las empresas creen en el 33% de inflación: ¿por qué Guzmán insiste?

La primera vez, la estrategia le dio resultado a Martín Guzmán. La segunda, ya arrancó mal: al mismo tiempo que argumentaba su proyección de una inflación de 33% frente a los diputados que -tanto en el oficialismo como en la oposición- lo escuchaban con indisimulable incredulidad, se conocían noticias sobre negociaciones salariales que prácticamente duplicaban la pauta del ministro.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires acababan de firmar un acuerdo por 54%, que tendrá cláusulas de revisión durante el año. Y los empleados de la AFIP anunciaron un acuerdo del 60%.

Ya previamente otros gremios grandes como los ferroviarios y los metalúrgicos habían acordado cláusulas que llevarían hasta marzo sus aumentos por encima del 50%, mientras la gran tanda de gremios que habían acordado a mediados de año en torno al 40% están negociando revisiones.

Es decir, uno de los principales objetivos que expresamente Guzmán dijo que se proponía con el presupuesto, que es que sus proyecciones sirvan como guía y referente para el resto de las variables económicas, nació con falla de origen. El año pasado, en cambio, el ministro había logrado su objetivo: con su meta del 29%, les había pedido a los gremios y a los empresarios que tuvieran en cuenta esa cifra a la hora de fijar precios y salarios.

Y, efectivamente, la primera reacción fue positiva, porque gremios que el Gobierno toma como referentes para el resto del mercado -los bancarios, por ejemplo- habían acordado en torno al 33%, lo cual permitía a Guzmán ratificar su compromiso de que habría una recomposición salarial en términos reales.

Pero cuando la inflación se escapó ya en el primer cuatrimestre -con un récord de 4,8% en marzo- todo el mercado interpretó que ese referente de Guzmán había perdido vigencia. La comprobación oficial al respecto ocurrió en junio, cuando la propia Cristina Kirchner convalidó un nuevo "piso" salarial del 40% para los empleados del Congreso, con lo cual el resto del mercado interpretó que se abría una nueva fase de negociaciones.

En aquel momento, en una admisión tácita de que las proyecciones de Guzmán habían perdido contacto con la realidad, su colega de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, afirmaba que no había que mirar los indicadores en el largo plazo sino en el corto, y que los salarios, gracias a las revisiones periódicas, le terminarían ganando a la inflación.

Descreimiento total en el mercado

En los días previos a la presentación de Guzmán ante el Congreso habían circulado rumores en el sentido de que, dada la aceleración inflacionaria de los últimos meses y las nuevas expectativas del mercado, era probable que el ministro corrigiera al alza sus proyecciones, llevando la inflación del 2022 a un nivel más cercano a un 40%.

Sin embargo, no ocurrió eso, aun cuando confirmó que habrá dos factores que en 2021 oficiaron como "anclas" de los precios y que el año próximo no ayudarán: el dólar y las tarifas de servicios públicos.

Ante un auditorio de legisladores descreídos, Guzmán fundamentó su proyección de una inflación de 33% para el año próximo
Ante un auditorio de legisladores descreídos, Guzmán fundamentó su proyección de una inflación de 33% para el año próximo

La divisa, según el ministro, aumentará un 28%, lo que implica una inflación en dólares de apenas 4% -siempre que se cumpla su pronóstico de IPC, claro-, lo cual es una cifra menor, dada la inflación internacional. Y también sería una cifra pequeña en comparación con la inflación en dólares con la que terminará el 2021: marcará un preocupante 34% por la política de ancla cambiaria -con el dólar subiendo a un ritmo de 1% mensual mientras los precios lo hacían a un 3%-.

Guzmán tomó nota de que ese indicador implica una pérdida de competitividad de la economía y que además no será aceptado por el Fondo Monetario Internacional, y es por eso que se modificó la concepción de la política cambiaria.

Lo cierto es que el dólar ya empezó a acelerar: por un lado, era una medida reclamada por el mercado para corregir distorsiones, pero también es cierto que muchos analistas ven al "crawling peg" como un factor inflacionario en sí mismo, dado que un mayor deslizamiento de la divisa tiene un inevitable componente de traslado a precios.

Por otra parte, la senda de ajuste del déficit fiscal que plantea el ministro tiene, como explicación fundamental, la caída en el rubro de subsidio estatal a la energía, dado que no se recortará en otros renglones como la obra pública. No está claro qué tan fuerte será en impacto en las facturas, pero los expertos del mercado hablan de no menos de un 30%, lo cual también implica un traslado casi automático a precios.

No sorprende, por lo tanto, que el divorcio entre los números que presenta Guzmán y que el mercado está esperando sea cada vez mayor. La última encuesta REM del Banco Central es contundente al respecto: ministro espera una inflación del 33%, el promedio del mercado cree que será de un 52%, y los más pesimistas empiezan a hablar de un 60%.

Por caso, un informe de la Fundación Mediterránea, basándose en las proyecciones oficiales del presupuesto 2022, estimó que el año que viene, la emisión monetaria neta sería de 4,1% del PBI -compuesto por el déficit primario de 3,3% más 0,3% por el pago de intereses de letras del Banco Central y 0,5% intereses de deuda pública no refinanciada-. Así, se estaría expandiendo un 62% la base monetaria, que actualmente se ubica en 6,6% del PBI.

Con esos números, deja una advertencia inquietante: "El riesgo de la aceleración inflacionaria ha dejado de ser una cuestión de mediano plazo".

Según la mayoría de los economistas, la proyección de Guzmán caerá en descrédito ya en el mismo arranque del año: se prevé un 3,8% para enero, un 4% para febrero, un 4,3% para marzo, un 3,9% para abril y un 3,6% para mayo. El acumulado de esos cinco meses da 21%. De manera que, para que el pronóstico anual de Guzmán diera resultado, la inflación acumulada tendría que ser de menos de 10% en todo el segundo semestre, lo que equivale a un promedio de 1,3% mensual-.

Algo que, como están dejando en claro todos los sindicatos y las empresas a la hora de renegociar salarios y contratos de provisión de mercadería, está fuera de todas las previsiones de la economía argentina.

Las ventajas de una inflación subestimada

¿Por qué Guzmán incurre nuevamente en hacer una proyección de inflación con bajísimas probabilidades de ocurrencia, sabiendo, por otra parte, que ahora ya no tiene credibilidad de los actores de la economía? Es la pregunta que intentan responderse todos, aunque la respuesta real la tiene solamente el ministro.

Guzmán argumenta que el 33% se logrará gracias a que el Tesoro necesitará una menor dependencia de la "maquinita del Banco Central". Afirma que eso ocurrirá por dos motivos, uno es que habrá un menor déficit fiscal, del 3,3%, pero que además la financiación de ese agujero se hará con una mayor porción de crédito del mercado y no con emisión monetaria.

Hablando en números, se espera que la asistencia del BCRA se limite a 1,7% del PBI -el equivalente a unos u$s7.650 millones-. Esto implica una promesa de menor expansión monetaria -luego de un año en el que la asistencia del Central al Tesoro fue de $1,5 billón -unos 4,3 puntos del PBI-.

Es una argumentación peligrosa para el ministro, porque lo expone a críticas "por derecha y por izquierda".

A su propia bancada legislativa la pone en una situación incómoda, porque esa explicación de Guzmán implica asumir tácitamente eso que tanto irrita a los economistas heterodoxos del kirchnerismo: que la inflación tiene su origen principal en la emisión monetaria y no en la "puja distributiva".

Pero también tiene críticas por parte del mercado, que no considera una medida "virtuosa" el hecho de aumentar el grado de endeudamiento, por más que se trate de títulos nominados en pesos. Las críticas apuntan a que esos títulos están, en su mayoría, indexados por dólar o por inflación, lo que deja de lado la posibilidad de la "licuación".

Y, por otra parte, se prenden alertas por el volumen de la deuda, que luego termina transformándose en déficit del Banco Central, que emite letras para retirar pesos excedentes del mercado. Y esas letras pagan un interés que este año equivalió a $1,4 billón.

Hay economistas que especulan respecto de que la proyección de una inflación de 33% es una estrategia de Guzmán para resistir las presiones a una suba en la tasa de interés. Es un debate que se recalentó en el mercado en las últimas semanas, sobre todo porque las consultoras económicas creen que no será exitoso un deslizamiento más rápido del dólar si las tasas en pesos siguen siendo negativas en términos reales.

Pero en el Gobierno hay motivos para resistirse a esa suba, empezando, naturalmente, porque le encarecería el endeudamiento al propio Tesoro. Y, además, porque llevaría a un mayor costo del crédito al sector privado, y Guzmán teme que eso ponga en riesgo su meta de que el PBI crezca un 4%.

Jubilaciones, ¿otra vez la variable?

Pero, finalmente, hay otro motivo que sospechan los economistas más críticos del Gobierno: que la proyección del 33% de inflación está subestimada a propósito porque eso le permite al ministro hacer una reducción fiscal por la vía de la licuación de las jubilaciones, que representan un tercio del gasto público.

También, porque la subestimación inflacionaria le permite al Gobierno incrementar su recaudación tributaria sin tener que aprobar en el Congreso nuevos aumentos de impuestos. Así lo han afirmado, por caso, los flamantes diputados José Luis Espert, Martín Tetaz y Ricardo López Murphy.

Los economistas criticos del Gobierno pronostican que con una agudización inflacionaria las jubilaciones volverán a ser la variable del ajuste fiscal en 2022
Los economistas criticos del Gobierno pronostican que con una agudización inflacionaria las jubilaciones volverán a ser la variable del ajuste fiscal en 2022

Lo cierto es que este año, el gasto público destinado a pagar el sistema de seguridad social tuvo una caída real de 9%. Y hasta en medio de la campaña electoral, cuando se estaba expandiendo la obra pública y la asistencia social a las zonas carenciadas, hubo una merma en el promedio del gasto, que se explica por una nueva caída real de las jubilaciones.

Y ni siquiera el pago de bonos extraordinarios pudo compensar el efecto de una fórmula indexatoria que hace que las jubilaciones corran detrás de la inflación: los economistas calculan que este año el aumento promedio fue de 38%, contra una inflación del 52%.

De hecho, la sospecha sobre que las jubilaciones podrán ser variable de ajuste no se limita a los economistas ortodoxos. Todos recuerdan que uno de los cuestionamientos más duros a la fórmula indexatoria de las jubilaciones provino de la díscola diputada kirchnerista Fernanda Vallejos –"esa reforma de mierda que nos hicieron votar", fue su gráfica definición-.

También hay una sospecha en el sentido de que, al subestimar la inflación, puede contener las partidas presupuestales para el gasto en las diversas reparticiones estatales. Y que, una vez que el IPC supere el pronóstico oficial, tendrá un margen de discrecionalidad para determinar quién necesita con mayor prioridad una revisión.

Afortunadamente para Guzmán, el mandato de Vallejos se terminó el pasado 10 de diciembre, de manera que los mayores cuestionamientos que recibió fueron de diputados opositores que, en el fondo, no tienen una mirada tan diferente a la suya sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria.