La propuesta de Grobocopatel: "Que no eliminen las retenciones, que se reemplacen por impuesto a la tierra"
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El fundador y ex presidente del grupo agroindustrial Los Grobo, Gustavo Grobocopatel, propuso una alternativa para reemplazar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, por el "impuesto a la tierra".
Retenciones: cuál es la propuesta de Grobocopatel
"Tendríamos que estar produciendo más, pero el error son las retenciones", señaló en declaraciones radiales el empresario sojero. "No digo que se eliminen las retenciones, sino que se reemplacen por impuesto a la tierra, por ejemplo. No hay que inventar nada porque ya está todo inventado", dijo.
"Hay menos producción y no se siembra en las zonas cercanas a los puertos. Sostener las retenciones es negativo para el país, que hoy podría tener u$s10 mil millones más de ingresos", manifestó el ex titular del grupo agroindustrial Los Grobo, en declaraciones radiales.
"Mi discusión no es sobre volumen de impuestos, tiene que ver con el tamaño del Estado, el impacto de los impuestos en la actividad productiva o cuánto está dispuesta a pagar la sociedad. Hoy la producción está estancada porque no hay inversión privada", agregó.
Retenciones: la Sociedad Rural Argentina presentó un amparo
En tanto, la Sociedad Rural Argentina (SRA) junto con la Sociedad Rural de Jesús María presentaron un amparo contra las retenciones a las exportaciones, bajo el argumento de que no hay una ley que establezca el cobro de ese tributo.
"Presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales. Para que exista un tributo tiene que haber una ley", señaló el presidente de la SRA, Nicolás Pino.
Los abogados que presentaron el recurso en los tribunales federales de Córdoba, argumentan que cuando el Congreso rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 que había enviado el Gobierno, junto con ello, desaprobó un articulo que permitía al gobierno cobrar los derechos de exportación.
Derechos de exportación: falta de eco con los legisladores
"Hablamos con legisladores de tratar este tema de lo derechos de exportación", explicó Pino quien dijo que no tuvo eco sobre ese punto tampoco en el Poder Legislativo.
Al justificar las razones por las cuales la acción se hizo en Córdoba, junto con la Sociedad Rural de Jesús María, Pino señaló que se pretendió poner de relieve el federalismo.
Los abogados de la entidad, que patrocinan el reclamo, señalaron que lo esencial que se plantea es que ante la finalización del plazo en el que Poder Ejecutivo podía cobrar las retenciones y ante la no sanción del presupuesto, todas las medidas de emergencia al amparo de una ley de emergencia caen.
En ese sentido, los letrados hicieron referencia a la ley de Solidaridad aprobada al inicio del mandato de Alberto Fernández que buscaba revertir la reforma fiscal del 2017, en la cual se estableció un sendero de reducción gradual de derechos de exportación.
El argumento es que para poder seguir cobrando, se debería haber prorrogado la Ley de Emergencia.
Retenciones a las exportaciones: habría nuevas presentaciones
Pino señaló que "se pretende que esta discusión se dé en el Congreso porque hoy el cobro no tiene sustento" y que luego quedará para el Poder Legislativo establecer "cuál puede ser el mejor sistema tributario".
Los ruralistas entienden que en las próximas semanas pueden haber nuevas presentaciones de otras entidades. Además explicaron que prefirieron pedir un "amparo" a una medida "cautelar" que en caso de resultar favorable hubiera obligado al gobierno a dejar de cobrar el tributo de manera inmediata.
Por tratarse de un planteo de constitucionalidad, es probable que termine definiendo la Corte Suprema.
Desde el gobierno se argumenta que el cobro de retenciones está contemplado en los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero. El primero de ellos autoriza al Poder Ejecutivo a cobrar el impuesto, pero no fija alícuota y el segundo indica que se podrá cobrar siempre de acuerdo con las normas internacionales aceptadas por la Argentina.
Estos dos artículos son objeto de discusión sobre su validez. Para algunos constitucionales no serían legales y para otros si, e incluso hay proyecto de ley presentados por diputados para pedir su derogación.