El debate sobre las tarifas de servicios públicos, parte central del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hizo que de golpe todas las miradas se retrotrajeran al proyecto de Sergio Massa aprobado por el Congreso y vetado por el entonces presidente Mauricio Macri en 2018.

El ahora reflotado proyecto implicaba que las tarifas residenciales de luz, gas y agua no pudieran exceder la variación salarial, medida según el coeficiente (CVS) que publica el Indec.

Y el tema no deja de tener su costado irónico: quién diría que aquel proyecto, que en ese momento fue visto por el establishment económico como un riesgo a la estabilidad financiera del país, hoy sería presentado como la llave para destrabar las desavenencias con el FMI.

Y que, por el contrario, quienes hoy miran con desconfianza esta iniciativa sean los partidarios del kirchnerismo duro, que están sospechando otra "picardía" del ministro de Economía, Martín Guzmán, para hacer pasar una medida de ajuste camuflada como si fuera un logro social.

Claro, en los cuatro años transcurridos entre aquel proyecto de Massa y el momento actual los cambios fueron muchos y de gran profundidad, tanto en la economía argentina como en el ámbito energético mundial.

Hace cuatro años, Macri vetó la ley con el argumento de que otra vez el país estaría en riesgo de empeorar su infraestructura energética por la falta de ingresos para invertir por parte de las empresas concesionarias. Y en cuanto al costo fiscal, por efecto de un mayor subsidio energético, se encarecería en $140.000 millones de entonces, lo cual equivalía un 5% del presupuesto del año 2018.

Massa, junto al Presidente y a Cristina Kirchner en el Congreso: su proyecto de 2018 fue la "solución" para destrabar el debate tarifario

Claro que la parte más dura del "tarifazo" macrista ya había tenido lugar. De manera que, en aquel momento, las facturas de energía que llegaban a los hogares respresentaban, en promedio, un 70% del costo real que implicaba producir gas o electricidad en el país. Hoy, en cambio, el retraso tarifario ha cambiado radicalmente la ecuación.

De acuerdo con un cálculo realizado por el ex secretario de energía Daniel Montamat, lo que se paga en los hogares por la electricidad es apenas un 27% del costo, mientras que en la electricidad se llega a un 32%.

Pero, en realidad, la diferencia es mayor todavía, porque estos cálculos son previos al boom de materias primas provocadas por la guerra en Ucrania, que ha disparado el costo del petróleo encima de los u$s110, mientras que el gas se aproxima a duplicar su nivel previo de unos u$s25 el millón de BTU -un precio que, de por sí, ya triplicaba el de un año atrás-.

Una semi-solución en un mundo convulsionado

Visto desde ese punto de vista, la "solución Massa" podría considerarse hasta benigna para los usuarios de los servicios públicos. A fin de cuentas, el país -que está lejos de lograr el autoabastecimiento para un sistema energético cuya matriz es básicamente gasífera- tendrá que importar no menos de u$s4.000 millones en barcos de gas licuado.

Ya el año pasado, la importación de gas había sido la gran piedra en el zapato de la política comercial, y mientras crecía a un impactante ritmo de 120% anual, ponía una nota de pesimismo que contrastaba con la euforia por la espectacular suba de la soja.

Ahora, con el escenario bélico como fondo, ya no caben dudas entre los expertos en el sentido de que las subas en el plano energético superarán largamente las que se están verificando en el rubro agrícola, lo cual llama a la prudencia antes de celebrar por el incremento de las exportaciones de soja, maíz y trigo.

Naturalmente, los primeros en tomar nota de esta situación fueron los funcionarios del Fondo Monetario: con el nuevo escenario de precios internacionales, una suba de tarifas de apenas 20% se quedaría tan corta que no solamente no ayudaría a recortar el déficit fiscal sino que incrementaría el subsidio por energía, medido en términos de PBI. Lo cual llevó a que en su momento se temiera que el tema tarifario hiciera derrapar el acuerdo.

El conflicto bélico en Ucrania disparó los precios de petróleo y gas y está obligando a revisar al alza los costos energéticos en Argentina

En las últimas semanas los economistas locales se dedicaron a revisar sus cuentas. Por caso, desde la Fundación Mediterránea advertían que los subsidios por energía y transporte, que en los últimos dos años duplicaron su peso hasta llegar a 3,4% del PBI, corrían serio riesgo de seguir subiendo hasta ubicarse en un 4% si no se adoptaban "medidas inmediatas en el plano de las tarifas".

Por su parte, la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Ágis -hasta no hace mucho tiempo considerado "ministeriable"- advertía que si el Gobierno se mantenía firme en el aumento tarifario del 20%, entonces los subsidios podría subir este año unos u$s14.000 millones, con lo cual su peso en el gasto público se incrementaría hasta totalizar un 2,4% del PBI.

Su inquietante conclusión era que si se quería que esa cifra se redujera hasta un 1,9% del PBI, entonces habría que pensar en ajustes tarifarios del orden del 80%.

La meta fiscal, ¿herida de muerte?

A conclusiones parecidas llegó Emilio Apud, otro ex secretario de energía cuya opinión es escuchada con atención en el ámbito político. Ese ex funcionario advertía que en el nuevo escenario, los subsidios subirían un 30% y que si se quería una reducción como la originalmente planteada por el FMI, entonces habría que pensar en una suba de hasta 90% de las tarifas, dado que la quita de subsidio para el decil más rico de la población no movía la aguja de las cuentas públicas.

En tanto, desde la consultora Equilibra advertían que de no revisarse la postura inicial sobre el tema tarifario, el monto de los subsidios podría subir más de un 80% respecto del año pasado. Agregaban que si las tarifas subieran al ritmo de los costos -alrededor de 60%, en línea con la inflación esperada- entonces el aumento de los subsidios también subiría, pero en términos más acotados.

Y que si realmente se quisiera eliminar el peso de los subsidios habría que cuadruplicar las tarifas. En otras palabras, un verdadero "tarifazo" comparable al del macrismo, un escenario para el cual ni el kirchnerismo, ni Alberto Fernández -y, probablemente, ni el propio FMI, cree que estén dadas las condiciones políticas y sociales-.

En definitiva, hoy los economistas tienden a desconfiar de que sea cumplible la meta de un déficit fiscal de 2,5% del PBI originalmente pactada con el Fondo. Un reporte de Ecolatina indica que, incluso si se mantuviera incambiado en términos reales el monto de los subsidios, el déficit se ubicaría en 2,7%. Pero eso implica varios supuestos de difícil cumplimiento: el primero, claro está, es que los subsidios energéticos no suban -algo que ya parece descartado por el discurso de Alberto Fernández- y el segundo es que haya recursos que permitan compensar esa diferencia, lo cual fue seriamente puesto en duda por el excesivo optimismo oficial sobre los dólares que dejará la balanza comercial.

¿Tarifas por ascensor y sueldos por la escalera?

Pero si hacer aceptable el tema tarifario por parte del FMI puede ser difícil, más complicado aun es pasar el test político de que el kirchnerismo duro acepte un incremento tarifario superior al 40% y levantar su mano a la hora de que el acuerdo pase por el Congreso.

Ya durante el discurso de Alberto Fernández hubo quienes tomaron nota del escaso entusiasmo que se reflejaba en la bancada kirchnerista, donde había apenas aplausos de compromiso y era indisimulable la ausencia del diputado Máximo Kirchner. Tras el discurso, los referentes mediáticos del kirchnerismo se dividieron entre los resignados a que lo que se había anunciado era "lo menos malo" y quienes reclamaban un rechazo al proyecto.

Lo cierto es que, tal como se anunció el tema tarifario, implicaría un incremento de aproximadamente 43%, si se considera que el Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año pasado -el último medido por el Indec- arroja una variación de 53,4%.

Pero claro, todavía no está la "letra chica" sobre cómo se aplicaría ese incremento, y eso es lo que genera más nerviosismo dentro de la coalición de Gobierno.

Por ejemplo, si el ajuste tarifario ocurriera de una vez, eso supondría un fuerte impacto, y de hecho dejaría sin efecto el anuncio presidencial en el sentido de que las tarifas estarían por debajo de la suba salarial. ¿Por qué? Porque los salarios han sido aumentados en tres y hasta cuatro retoques a lo largo del año, y lo mismo se prevé para el 2022.

De manera que un 43% de aumento hoy mismo no llegaría a ser compensado por una suba salarial futura de 50% a pagarse en tres o cuatro veces. Entre cada uno de los aumentos salariales, el impacto del tarifazo se sentiría de manera plena, mientras que la compensación salarial vendría "en cuotas".

En el kirchnerismo hay suspicacia respecto de cómo se aplicará la suba tarifaria: un ajuste de una vez tendría un duro impacto ante salarios que suben en cuotas

Por otra parte, hay fuertes sospechas de que el ministro Martín Guzmán hay logrado, una vez más, presentar como una suba de ingresos algo que, en realidad, es un ajuste.

Esa situación ya ocurrió en los últimos dos años cuando la variable de ajuste fiscal de los dos últimos años fueran los salarios del sector público y las jubilaciones -algo que los propios kirchneristas del sector duro se han encargado de denunciar- pero él ha presentado los números de tal forma que los titulares digan que hubo una recuperación.

Eso fue, efectivamente, lo que ocurrió con jubilaciones y salarios. Los estatales tuvieron una recuperación formal de 2,7% en el cálculo "punta a punta", cuando se mide el promedio anual -que es el que marca en términos reales la capacidad de compra- hubo una caída. Según estima la consultora Ecolatina, la caída llegó a 2,7%, lo que implica una pérdida en los ingresos por cuarto año consecutivo.

Peor fue la situación de las jubilaciones, que pese a una mejora nominal que superó la inflación, tuvieron en realidad una mejora promedio del 38%, lo que implica una caída del 9%. En tanto, un informe de la Fundación Mediterránea, estimó que, calculado en moneda constante, hubo un ajuste de $234.000 millones de la masa jubilatoria entre 2019 y 2021.

La desconfianza del kirchnerismo

Pero hay más motivos para la sospecha. Uno es, naturalmente, el propio efecto inflacionario de la suba tarifaria. El Gobierno está tratando de imponer como referencia para el mercado una suba anual de 40% en las paritarias, que coincide con la proyección oficial de inflación.

Pero una suba drástica de las tarifas hará que todas las previsiones de inflación -hoy en 55% según la encuesta del Banco Central- sean revisadas al alza.

Y, finalmente, hay un punto obvio: como le gustaba recordar durante su período de gobierno a Cristina Kirchner, cuando se subsidian las tarifas, se suben los sueldos indirectamente, porque el monto del presupuesto familiar que queda "liberado" puede destinarse al consumo. Ahora, ocurrirá el efecto inverso, lo cual va directamente en contra con el declarado objetivo de impulsar el mercado interno como un motor del crecimiento económico.