Milei tiene la llave para llegar a las elecciones con la inflación "exterminada"
Puntos importantes
La inflación de agosto de 1,7% que difundió el jueves el INDEC fue ampliamente festejada en el equipo económico. También por Javier Milei, desde su cuenta de X. "¡¡¡VAAAAAAAAMOOOOOOO TOTO!!!", escribió el jefe de Estado para destacar el índice de precios más bajo en 14 meses.
Lo que expuso el dato del mes pasado fue que el Presidente tiene en sus manos la posibilidad de llegar a las elecciones del año que viene con una inflación prácticamente "exterminada", tal como él mismo suele definirlo.
En agosto, los servicios "regulados" volvieron a encarecerse por encima del resto de los rubros.
Fue un 2,2% contra +2,0% del resto de los servicios. Y del +1,4% de los bienes. De acuerdo al IPC de agosto, los estacionales registraron una baja del -0,2%. Pero en este caso se trata del nicho más volátil de todos.
Acá la cuestión es que el Gobierno, mediante su estrategia revisionista de los precios relativos, volvió a habilitar un encarecimiento mayor en los servicios que el propio Estado maneja en relación al resto de los precios de la economía. Incluyendo en esta compulsa al tipo de cambio.
Lo más interesante es que se trata de una dinámica que la administración Milei trae desde lejos. Más precisamente desde su asunción, en diciembre de 2023.
La clave de la inflación y una oportunidad para Milei
La pregunta para la dinámica que viene, hasta las elecciones de 2027, es si ese escenario depende del mercado o, en buena medida, del propio Gobierno.
Lo dicho más arriba: la respuesta surge de un dato que pasa bastante inadvertido. Desde que asumió Milei, los rubros que más aumentaron no fueron los alimentos ni los bienes de consumo, sino los precios regulados por el Estado.
La medición en términos "reales". Mientras la inflación acumulada fue del 336%, las tarifas de electricidad, gas y otros combustibles treparon 851%, lo que implica una suba real de 321%.
El transporte público aumentó 731% (268% real); la tarifa de agua 647% (231% real) y las prepagas escalaron un 469%, equivalente a un salto real del 140%.
El universo de los servicios regulados responde a precios cuya velocidad de actualización depende directamente de la Casa Rosada. Es decir, el Gobierno fue el que aceleró el sinceramiento tarifario y, del mismo modo, en cualquier momento tiene la posibilidad de pinchar esa dinámica.
Cuál puede ser la estrategia electoral del Gobierno
Ahí aparece la principal diferencia entre el proceso de 2024 y el que podría verse en 2027.
Durante el primer tramo de la gestión, el Ejecutivo necesitó corregir un atraso tarifario histórico.
Ahora, con gran parte de ese trabajo realizado, puede administrar esos mismos precios para evitar que vuelvan a convertirse en el motor del IPC.
Hay un ejemplo muy claro: los combustibles.
Desde la asunción de Milei aumentaron 470%, una mejora real de 152% frente a la inflación. Sin embargo, durante este año quedó demostrado que el Gobierno también tiene margen para moderar esa dinámica.
En plena escalada internacional del petróleo por la guerra, YPF trasladó sólo parcialmente las subas y luego directamente congeló los ajustes.
La decisión fue política, no técnica, y tuvo un impacto inmediato sobre uno de los precios con mayor efecto de arrastre sobre el resto de la economía.
Por eso el Presidente tiene hoy una herramienta que ningún gobierno suele admitir en público: una parte relevante de la inflación futura depende de cuánto decida mover los precios que están bajo su órbita.
Las condiciones para el escenario 2027
Claro que esa estrategia necesita dos condiciones indispensables.
La primera es sostener el actual esquema cambiario. Con un dólar mayorista apenas por encima de los $1.500, el Gobierno logró que el tipo de cambio deje de ser un factor de propagación inflacionaria.
Hubo meses en los que el dólar incluso corrió por debajo del IPC y otros en los que prácticamente acompañó la inflación. Mientras esa estabilidad continúe, el traslado a precios seguirá siendo limitado.
De hecho, hoy la paridad se encuentra algunos puntos por debajo de la inflación. El IPC subió 336% desde la asunción de Milei, contra un dólar que "sólo" lo hizo en un 324%.
La segunda condición es mantener el ancla monetaria y fiscal. El mercado sigue mirando dos variables con atención: emisión y equilibrio de las cuentas públicas.
Mientras el Banco Central preserve una política monetaria restrictiva y el Tesoro continúe mostrando disciplina fiscal, el Gobierno conservará credibilidad para sostener tasas reales positivas y evitar una dolarización masiva de carteras.
Ese es el verdadero "escudo" contra una inflación más alta. No alcanza con congelar tarifas: hace falta convencer a los inversores de que el programa económico sigue siendo consistente.
Dos desafíos para lo que viene tras el dato de inflación
El primero es cambiario. En un año electoral la demanda de dólares suele incrementarse por una lógica cobertura política.
Si esa tensión aparece, el Gobierno deberá agotar los instrumentos financieros para evitar un salto del tipo de cambio disruptivo, que sea capaz de revocar la apacible tendencia inflacionaria.
El segundo desafío es mucho más complejo porque no se resuelve desde una planilla del Ministerio de Economía: la economía real.
Construcción, industria y comercio siguen mostrando un desempeño muy inferior al esperado. Son justamente los sectores con mayor capacidad para generar empleo urbano y, por lo tanto, los que más influyen sobre el humor social.
Esa es la paradoja del modelo. Mientras los precios regulados ya hicieron casi toda su corrección y le permiten al Gobierno aspirar a una inflación cada vez más baja, buena parte de la actividad todavía no encuentra un motor de crecimiento suficientemente potente.
En definitiva, Milei parece tener la llave para llegar a las elecciones con una inflación muy inferior a la actual. Esa llave se llama tarifas administradas, dólar estable y disciplina monetaria.
Lo que todavía no tiene resuelto es la otra mitad de la ecuación: que esa victoria sobre la inflación venga acompañada por una economía capaz de mejorar el empleo, el ingreso y el ánimo de los votantes.