La inédita ola de inversiones en minería que se prepara para recibir Argentina tras Ley de Glaciares
La Camara de Diputados cerró esta madarugada una extensa jornada clave que culminó con la aprobación del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares,
Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos, una iniciativa con el cual la industria minera promete que se destrabarán proyectos de inversión por unos u$s30.000 millones.
Luego de que el martes el oficialismo lograra emitir dictamen de mayoría en un plenario de comisiones marcado por la urgencia económica de las provincias y la Nación y el debate ambiental, el proyecto se presentaba en el recinto de la cámara baja para una votación determinante para buena parte del futuro del sector.
La reforma, que contó con el respaldo de las provincias productoras, logró finalmente redefinir el "ambiente periglacial" para brindar seguridad jurídica a una industria que tiene en distintas etapas de desarrollo inversiones estimadas en u$s30.000 millones.
El eje de la discusión legislativa se centró en los últimos meses en la intención de proteger específicamente aquellas geoformas que cumplen una función hídrica relevante. Para el Gobierno y los sectores productivos, la redacción de la ley sancionada en 2010 adolecía de ambigüedades técnicas que funcionaron estos quince años como barreras para el desarrollo en zonas donde no hay riesgo real para el recurso hídrico estratégico.
Inversiones estimadas por u$s30.000 millones
Del resultado del tratamiento legislativo dependían inversiones millonarias, venían señalando desde la industria. Hay grandes proyectos que veían con desconfianza la redacción de la norma vigente hasta hoy, aprobada en otro contexto político, porque aseguran que dejaba muchos grises a la interpretación.
En ese contexto, la industria se encuentra ante la posibilidad de una nueva ola de mega inversiones, apalancada en algunos de los proyectos metalíferos más grandes de la historia minera del país, especialmente en segmentos de alta demanda global.
La implementación de la reforma legislativa permitirá ahora terminar de reactivar una cartera de proyectos de clase mundial concentrados principalmente en la zona cordillerana, con el cobre como gran protagonista. Entre los desarrollos más destacados se encuentran Vicuña, El Pachón y Los Azules en la provincia de San Juan, junto con el proyecto MARA (Agua Rica) en Catamarca y Taca Taca en Salta.
Estos emprendimientos, que integran el grupo de yacimientos de pórfidos de cobre más grandes del planeta, requieren una delimitación técnica precisa del ambiente periglacial para iniciar sus etapas de construcción, las cuales demandan una inversión intensiva de capital.
En conjunto, este conjunto de inversiones consolidaría el rol estratégico del país en la provisión de minerales críticos para la transición energética.
Cobre, oro, litio, tierras raras, uranio y otros metales vinculados a la demanda de la transición energética y el salto de las nuevas tecnologías abren la expectativa de un nuevo ciclo de desarrollo, con fuerte interés de los principales jugadores internacionales.
Inversiones, empleo y sustentabilidad
Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) viene sosteniendo una postura activa para llevar "certezas y tranquilidad". La entidad reafirmó que la minería moderna opera bajo estándares de sustentabilidad (como los protocolos HMS/TSM e ISO) que garantizan la convivencia con los recursos naturales.
En esa defensa del proyecto, la industria asegura que la actividad genera hoy más de 100.000 puestos de trabajo y el potencial es duplicar esa cifra en el corto plazo.
Las empresas buscan desmitificar el consumo del recurso. La minería representa apenas el 1% del uso total en las regiones donde opera, frente al 93% destinado a la agricultura.
En esa línea, desde el sector aseguran que entre el 70% y el 90% del agua utilizada en los procesos se recircula dentro de circuitos cerrados, lo que, según destacan, refleja la eficiencia operativa de los yacimientos metalíferos.
A pesar de la resistencia de grupos ambientalistas y sectores de la oposición, el dictamen obtenido el martes en comisión dio el impulso necesario para que el proyecto llegue al debate y sea aprobado. El argumento central de los defensores de la reforma era que la protección ambiental no debe ser un obstáculo ideológico, sino un marco técnico eficiente.
"Proteger el ambiente requiere leyes claras", sostienen desde la industria, señalando que la precisión técnica es la única forma de dar previsibilidad a inversiones de largo plazo. El objetivo final es que la nueva normativa proteja el agua estratégica, pero que también habilite el potencial productivo de la cordillera, garantizando el desarrollo de las comunidades locales y el futuro económico del país.
En esa línea, desde el sector remarcan que la actividad no se desarrolla en un vacío legal, sino bajo un exigente esquema de control técnico y normativo. Cada proyecto debe presentar informes de impacto ambiental -regidos por la Ley 24.585- que son auditados de manera periódica por autoridades provinciales, universidades y organismos especializados.
La reforma se centra en la modificación de los artículos 2 y 6 de la Ley 26.639 para restringir la protección del ambiente periglacial únicamente a aquellas geoformas que cumplan una función hídrica efectiva y estratégica. Bajo la normativa actual, la protección es amplia y genérica; el nuevo texto exige que, para ser considerados intocables, estos cuerpos de roca y hielo deben actuar como reservas de agua relevantes para las cuencas inferiores.
El segundo eje fundamental radica en la armonización entre la protección ambiental y la seguridad jurídica para las inversiones de largo plazo. La modificación establece que el Inventario Nacional de Glaciares debe ser la herramienta técnica definitiva para identificar las zonas protegidas, otorgando a las provincias un rol más activo en la validación de estos recursos.