Sube la temperatura, con una sensación térmica que en la Ciudad de Buenos Aires orilló los 36 grados, y reaparecieron los cortes de electricidad. Más de 50 mil usuarios se quedaron sin servicio en el AMBA durante este martes. Un clásico de los veranos que vuelve a estar latente en medio de un esquema de tarifas pisadas y empresas que valen cada vez menos. Muchas de ellas, además, cotizan en Bolsa. Según cálculos de la sociedad de bolsa Cocos Capital, el valor total de las empresas energéticas y de servicios públicos en la Argentina actualmente es de u$s4.000 millones. En enero de 2018 todas estas compañías costaban u$s38.000 millones en conjunto, es decir un 850% más. 

En la lista está YPF (pasó de u$s9.825 millones a u$s1.433 millones), TGS (de u$s3.931 millones a u$s798 millones), Pampa (de u$s5.538 millones a u$s785 millones), Central Puerto (de u$s3.854 millones a u$s340 millones), Edenor (u$s2.974 millones a u$s149 millones) y Metrogas (de u$s2.649 millones a u$s68 millones), entre las principales. 

Edenor recientemente se vendió al Grupo Vila- Manzano por u$s95 millones

Sin tarifas no hay paraíso eléctrico

Excluyendo a YPF de la muestra, y tomando cuánto valían en los mínimos del 2012 y en la actualidad, se ve un resultado algo mejor: las principales compañías, en conjunto y por valor de mercado, cotizan a u$s2.595 millones versus los u$s854 millones del 2012. Claro que si bien no están en mínimos, en nueve años valen poco más del doble. 

El gran problema de las compañías eléctricas es, precisamente, la falta de horizonte de negocios. Con inversiones "para sobrevivir", las empresas viven en una puja constante con el Gobierno para la actualización de tarifas. Ahora, y después de un 2020 con precios congelados, se debate cómo será el incremento para este año. 

Al ser un 2021 electoral, y atendiendo que no pueden actualizar las tarifas de un día para el otro (al estilo Macri), el Gobierno de Alberto Fernández habría decidido que los incrementos sean módicos, escalonados, y bastante menores a la inflación. 

Recientemente las 47 empresas distribuidoras de energía eléctrica en el país, entre las cuales se destacan Edenor y Edesur, difundieron un comunicado expresando su preocupación por el continuo congelamiento tarifario luego de que el Gobierno decidió mantenerlas invariables hasta marzo. Las empresas resaltaron que la inflación de los últimos 2 años ha incrementado sus costos de producción y que el sector energético requiere una inversión constante para mantener la calidad de la oferta y que, de no mediar los aumentos, tendrán dificultades en mantener.

Mayores dificultades financieras

Edenor fue la que movió primero y anunció una operación de venta que no era esperada en el mercado. A finales del año pasado, Pampa Energía (PAMP), la sociedad controladora que posee las acciones Clase A de Edenor, representativas del 51% de su capital social y el mismo número de votos, firmó un contrato de venta de estas acciones con la Empresa de Energía del Cono Sur SA e Integra Capital SA, de Daniel Eduardo Vila, Mauricio Filiberti y José Luis Manzano. El monto total del acuerdo alcanza los u$s95 millones.

Después de esa operación, la calificadora Moody's Investor Services salió a bajarle las perspectiva a Edenor: adujo la incertidumbre que genera el cambio en la gestión de la distribuidora eléctrica, así como también la continua postergación de los aumentos tarifarios, que el año pasado provocaron que la empresa opere con déficits.

Pero también trazó un sombrío panorama para el sector. Dijo que "dado el contexto de emergencia pública en materia sanitaria en el que se encuentra el país, las compañías de servicio han sufrido un deterioro en la facturación y cobro de los servicios brindados aumentando la presión negativa en la generación de efectivo". 

"Por lo expuesto, consideramos que las compañías se enfrentarán con mayores dificultades para cubrir las necesidades de financiamiento ante el deterioro esperado de la liquidez en un entorno operativo desafiante, pudiendo esto generar continuos retrasos en los pagos a CAMMESA. Esperamos, que la consistencia y sostenibilidad de la recuperación de costos para los serviciospúblicos regulados sea difícil, dado el actual marco regulatorio del país", advierte la agencia.