La Provincia de Buenos Aires investiga a billeteras virtuales y prepara multas de hasta $1.883 millones
Puntos importantes
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires profundizó los controles sobre las billeteras virtuales que ofrecen financiamiento y abrió expedientes contra distintas empresas del sector a partir de 2.240 denuncias de consumidores. Las presentaciones fueron realizadas ante las autoridades bonaerenses y están vinculadas principalmente con presuntas irregularidades en créditos, condiciones de pago y mecanismos de cobro de deudas.
Según informó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense, Augusto Costa, las investigaciones se encuentran orientadas a determinar si las compañías involucradas cumplieron con las obligaciones establecidas por la Ley de Defensa del Consumidor. En caso de comprobarse infracciones, las empresas podrían recibir sanciones de hasta $1.883 millones por cada expediente, de acuerdo con lo señalado por el funcionario.
La Provincia aclaró que las actuaciones no tienen como objetivo establecer las tasas de interés ni regular el funcionamiento financiero de las empresas que ofrecen estos servicios. El foco de las investigaciones está puesto en las condiciones bajo las cuales se ofrecen los productos, la información que reciben los usuarios y las prácticas utilizadas por las compañías durante la relación comercial y el proceso de recuperación de créditos.
Qué analiza la Provincia en los créditos de las billeteras virtuales
Uno de los principales aspectos que se encuentra bajo análisis es la información que reciben los consumidores antes de aceptar un préstamo. Las autoridades buscan determinar si las plataformas comunican de manera clara y suficiente las tasas de interés, los plazos, los costos financieros y las condiciones de pago que tendrá que afrontar cada usuario.
La investigación también apunta a establecer si los consumidores pueden conocer de manera adecuada cuánto deberán devolver y cuáles serán los costos asociados al financiamiento antes de confirmar una operación. La obligación de brindar información clara forma parte de los aspectos contemplados por las normas de defensa del consumidor.
Costa señaló que entre las operaciones analizadas existen casos en los que las condiciones de determinados créditos podrían resultar difíciles de afrontar para los usuarios. Como ejemplo, mencionó préstamos de $70.000 que implicarían un costo de $9.000 en un mes. Según explicó, al proyectar ese costo sobre un período anual, la tasa resultante podría superar el 1.000%.
El ministro también planteó cuestionamientos sobre la manera en que algunas plataformas determinan las condiciones de financiamiento para cada cliente. En particular, hizo referencia al uso de información generada a partir de las operaciones que los usuarios realizan dentro de los propios sistemas de las empresas y de sus plataformas de comercio electrónico.
La utilización de esos datos forma parte de los aspectos que las autoridades pretenden revisar para determinar de qué manera se establecen las condiciones de acceso al crédito y si la información utilizada por las compañías se encuentra comprendida dentro de las obligaciones que establece la normativa de protección al consumidor.
Las denuncias por los mecanismos de cobro
Otro de los ejes de los expedientes iniciados por la Provincia está relacionado con las formas utilizadas para reclamar deudas vencidas. Las autoridades bonaerenses recibieron presentaciones de consumidores que describieron distintos mecanismos de contacto empleados por empresas para intentar recuperar créditos impagos.
Entre las situaciones denunciadas aparecen:
- Llamados reiterados a los deudores
- Mensajes enviados a familiares del usuario
- Comunicaciones con personas del entorno del deudor
- Contactos realizados en lugares de trabajo
- Mensajes enviados en distintos horarios
"Recibimos denuncias de llamados a familiares, mensajes y llamados a los lugares de trabajo, mensajes a cualquier hora", señaló Costa al referirse a las presentaciones recibidas.
El funcionario indicó que las autoridades deberán determinar en cada caso si las prácticas denunciadas pueden constituir hostigamiento y si existió una justificación legítima para utilizar esos mecanismos durante el proceso de cobro.
La investigación deberá establecer además qué empresas estuvieron involucradas en cada una de las situaciones denunciadas y si las conductas descriptas por los consumidores representan un incumplimiento de las normas vigentes.
El antecedente de Mercado Libre y Mercado Pago
Las nuevas actuaciones se suman a una investigación de oficio que el Gobierno bonaerense había iniciado meses atrás contra Mercado Libre y Mercado Pago por presuntos incumplimientos a las normas de defensa del consumidor.
De acuerdo con Costa, aquella investigación derivó en modificaciones en los términos y condiciones de los servicios ofrecidos por la compañía. Para el ministro, ese antecedente muestra que las autoridades provinciales cuentan con herramientas para intervenir cuando consideran que pueden existir incumplimientos en materia de protección de los usuarios.
La actuación también marca la diferencia entre las facultades de la Provincia y las atribuciones correspondientes a los organismos encargados de regular el sistema financiero. En este caso, el Gobierno bonaerense sostiene que su intervención se concentra en las obligaciones derivadas de la relación entre las empresas y los consumidores.
La Provincia no busca establecer las reglas generales del sistema financiero ni fijar los intereses que cobran las compañías. El objetivo de los expedientes es determinar si las empresas cumplen con las obligaciones de información, contratación y trato hacia los usuarios previstas por la legislación vigente.
La diferencia entre bancos y empresas fintech
Costa también planteó la necesidad de analizar las diferencias existentes entre el tratamiento de los bancos tradicionales y las empresas fintech que ofrecen financiamiento mediante billeteras virtuales.
Según explicó, determinadas compañías utilizan fondos propios para otorgar préstamos y, bajo ese esquema, pueden establecer condiciones de financiamiento que no necesariamente están alcanzadas por las mismas regulaciones que se aplican a las entidades bancarias.
Esta diferencia forma parte del debate que las autoridades bonaerenses plantean alrededor del crecimiento de los servicios financieros digitales. La expansión de las billeteras virtuales permitió que los consumidores accedan a distintas alternativas de financiamiento directamente desde aplicaciones utilizadas para realizar pagos, transferencias y compras.
En ese contexto, la Provincia busca determinar si las empresas cumplen con las normas que regulan la relación de consumo, independientemente del modelo de negocio que utilicen para ofrecer sus productos financieros.
El análisis de las autoridades se concentra, de esta manera, en aspectos como la información proporcionada al usuario, las condiciones contractuales, los costos informados y las prácticas posteriores a la contratación del crédito.
Por qué aumentaron las denuncias por créditos digitales
El incremento de las denuncias se produce en un contexto de mayor utilización del crédito digital por parte de los hogares. Desde el Gobierno bonaerense vincularon este fenómeno con las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias y con la necesidad de recurrir a préstamos de corto plazo para afrontar distintos gastos.
Según explicó Costa, una parte de los consumidores solicita montos relativamente pequeños y los utiliza para cubrir necesidades cotidianas, entre ellas la compra de alimentos o el pago de servicios.
Este comportamiento implica que determinados usuarios recurran al financiamiento para cubrir gastos corrientes y no necesariamente para realizar compras extraordinarias. Por ese motivo, las condiciones de los créditos de corto plazo y los costos asociados a esas operaciones forman parte de los aspectos observados por las autoridades.
La Provincia deberá establecer, a partir de cada expediente, si la información entregada antes de la contratación permitió a los consumidores conocer las condiciones del préstamo y si las prácticas posteriores respetaron las disposiciones de la legislación de defensa del consumidor.
Qué puede pasar con las empresas investigadas
Los expedientes iniciados por el Gobierno bonaerense deberán avanzar con el análisis de las denuncias y de la documentación correspondiente a cada empresa. El procedimiento permitirá determinar si existieron incumplimientos y, en caso de comprobarse, establecer las responsabilidades correspondientes.
La administración provincial anticipó que continuará utilizando las herramientas disponibles para controlar las prácticas de las empresas y proteger a los consumidores dentro del ámbito de sus competencias.
Al mismo tiempo, el Gobierno bonaerense señaló que mantendrá el diálogo con las compañías involucradas mientras avanzan las investigaciones. Las empresas tendrán que responder a las actuaciones correspondientes y las autoridades deberán evaluar la documentación y los argumentos presentados en cada expediente.
El resultado de las investigaciones determinará si las conductas denunciadas vulneraron efectivamente la Ley de Defensa del Consumidor. También permitirá establecer qué medidas corresponden en cada caso y si las compañías deberán modificar determinadas condiciones o prácticas.
De esta manera, los créditos ofrecidos por billeteras virtuales, la información que reciben los usuarios antes de contratarlos y los mecanismos utilizados para reclamar deudas quedaron bajo revisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El proceso se inició a partir de las 2.240 denuncias de consumidores y deberá determinar si las empresas investigadas cumplieron con las obligaciones previstas por la normativa vigente.