La AFIP analiza investigar a contribuyentes que buscan cambiar su domicilio fiscal al Uruguay para eludir la presión fiscal argentina, y alertó sobre los riesgos de la doble tributación.

Fuentes del organismo señalaron que se investigará si el cambio de domicilio fiscal es real o parte de una estrategia para pagar menos impuestos.

El gobierno uruguayo redujo a 60 días el plazo de permanencia para obtener la residencia fiscal en ese país y prometió una baja de impuestos para favorecer las inversiones y alentar la llegada de capitales.

En el organismo especulan con que los dueños de grandes fortunas seguirán ese camino para evitar el anunciado impuesto a la grandes riquezas.

AFIP investiga: pistas desde Uruguay

Fuentes del gobierno uruguayo revelaron en diarios de ese país que la AFIP comenzó a pedir información, en el marco del acuerdo de cooperación impositiva, sobre ciudadanos argentinos que realizan el trámite para cambiar el domicilio fiscal.

Voceros de la AFIP citados por La Nación señalaron que se continuará controlando a quienes inicien los trámites y que seguirá bien cada caso para asegurarse de que sea una modificación genuina y no un intento de evasión impositiva.

Uruguay quiere atraer inversiones y AFIP busca evitar una fuga de capitales.

Afirmaron que se investiga si los cambios cumplen con la ley argentina y si se respetan las normas para obtener o perder la residencia fiscal argentina, porque obtener la uruguaya no necesariamente implica que se pierda automáticamente la local.

Los principales especialistas tributarios también advierten que la posibilidad de incurrir en una doble residencia fiscal no es solo un argumento disuasivo de la AFIP.

Las fuentes recuerdan que se debe tener una propiedad, cumplir con un período de residencia y vivir en el otro país, para cumplir con las exigencias de la ley argentina.

La AFIP en febrero pasado anunció que estaba investigando a contribuyentes que cambiaron la residencia fiscal durante 2019, cuando los pedidos comenzaron a incrementarse de dos a 20 casos mensuales.

La voz de los expertos

César Litvin, tributarista y CEO de Lisiki, Litvin & Asociados advirtió que perder la residencia fiscal argentina implica una mudanza efectiva. "Lo que hay que trasladar a Uruguay en este caso es el centro de intereses vitales. Implica trasladar a la familia y la actividad económica personal", detalló.

"De no ser trasladado en centro de interés vital, por más que Uruguay me de la residencia permanente, para la ley Argentina puedo ser doble residente y tributar en ambos países", remarcó.

Para Litvin, el interés de estas medidas es que todos aquellos contribuyentes que tengan parte importante de su patrimonio en el exterior tendrían una ventaja importante dado que la carga es Argentina es muy alta.

"Siendo residente tributario uruguayo no pagas por bienes en el extranjero",detalló el tributarista. Y añadió: "Muchos empresarios argentinos están consultando por la residencia. Están buscando que país los recibe con más mimos".

En tanto, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios señaló que "teniendo en cuenta la presión fiscal en Argentina y el impuesto las grandes fortunas que se está estudiando, se abre la posibilidad de que muchos argentinos se puedan ir a Uruguay a obtener la residencia".

En ese sentido, remarcó que el cambio de residencia fiscal va a ocurrir "por la idea de irse de Argentina y evitar el aumento de la presión tributaria que va a venir teniendo en cuenta el contexto económico que atraviesa el país".

"El beneficio es que más personas de clase media van a poder invertir estos 377.000 dólares y obtener rápidamente la residencia fiscal en el país vecino", puntualizó.

Ezequiel Passarelli, Asociado de SCI Group, señaló que Uruguay está aprovechando el contexto económico en la región. "Al tener una economía estable desde hace muchos años, al no haberse visto afectada -en comparación con otros países de la región- por el coronavirus, es muy inteligente de su parte tratar de captar capitales e inversión, para crecer, reduciendo requisitos para obtener la residencia fiscal y aumentando beneficios fiscales a los extranjeros que decidan radicarse en el país vecino".

Asimismo, sostuvo que Uruguay siempre fue un país con grandes incentivos fiscales y regímenes tributarios bastante buenos. "Teniendo en cuenta que Uruguay es un país chico que necesita inversiones, al dar este tipo de facilidades, le es beneficioso".

En ese sentido, describió que "Argentina está en default y Brasil tiene problemas mucho más importante con el coronavirus que el resto de la región". Y agregó que en Uruguay la economía no va a sufrir tanto como está pasando en Argentina.

Residencia fiscal uruguaya: claves del proyecto

Mientras que a través de un proyecto de ley que enviará al Parlamento, el gobierno se apresta a ampliar la llamada "vacación fiscal" que rige para los ciudadanos extranjeros que llegan al país.

Decreto facilita la residencia fiscal en Uruguay: qué establece

Hoy día por cinco años están exonerados del pago de Impuesto a la Renta por los rendimientos mobiliarios —intereses por depósitos bancarios, dividendos de acciones, bonos, obligaciones o títulos de renta fija, entre otros— y se ampliará el beneficio a diez años.

A esto se suma que Uruguay no cobra tributos a las rentas generadas en el exterior por rendimientos inmobiliarios y por incrementos de patrimonio.

En enero, cuando aún era presidente electo, Luis Lacalle Pou había anunciado su intención de de flexibilizar algunas regulaciones sobre la residencia legal y fiscal en Uruguay para posibilitar la llegada de extranjeros que inviertan en el país.

El decreto dice que "la política del Poder Ejecutivo en materia de inversiones se basa, fundamentalmente, en ofrecer al mundo un país de oportunidades".

Por esto, "se impulsa una política de estímulo a la inversión como instrumento idóneo para la generación de empleo y mejora del bienestar general, para que puedan instalarse en el Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos".

El vecino país otorga dos tipos de residencia. La legal, que es la que reciben los extranjeros que pretenden quedarse en el país, ya sea para trabajar o por razones personales, mientras que la residencia fiscal es un concepto que establece que a la persona física residente fiscal uruguaya, a la que se le aplica el régimen impositivo local y tributará el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El Impuesto a las grandes fortunas dispara las consultas para radicarse en Uruguay

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, descartó que el oficialismo esté pensando en bajar de 200 millones de pesos a 150 millones la base a partir de la cual se aplicará el impuesto a las grandes fortunas para contribuir a la lucha contra la pandemia.

Si bien en los últimos días trascendió que había un debate interno en el Frente de Todos, Heller desechó que se esté evaluando esa modificación y ratificó, en diálogo con Diputados TV, que el piso estipulado en el proyecto de ley será de 200 millones de pesos.

"El número de 200 millones no es un número arbitrario. Nos permite circunscribir el gravamen a unas 12.000 personas humanas. Si lo bajáramos a 150 millones, como leí en alguna publicación, estaríamos incorporando 20.000 personas más, es decir alcanzaría a más de 30.000, y según nuestros números, el aumento del potencial recaudatorio no está en proporción a la cantidad de gente, por eso hicimos esa raya", explicó.

Por esa razón, el diputado reiteró que no se puso "un número caprichoso" sino que se trató de encontrar "un punto de equilibrio entre la menor cantidad de gente alcanzada y la mayor cantidad de dinero a recaudar".

Además, el porteño confirmó que el cálculo se hará según las declaraciones juradas de las personas alcanzadas, y que las alícuotas serán escalonadas.

En cuanto a la recaudación, precisó que "el destino de los fondos será asistir a los trabajadores de las pymes más castigadas, asistir a las personas que viven en barrios vulnerables, y la adquisición de insumos sanitarios".

Heller anunció que la iniciativa ingresará a la Cámara baja en los próximos días para iniciar el tratamiento en comisiones, aunque aclaró que se buscarán consensos con la oposición ya que "los proyectos impositivos requieren mayoría especial" de 129 votos.