Edad jubilatoria: los cambios que analiza el Gobierno y a quiénes afectarían primero
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El Gobierno nacional analiza una reforma previsional de fondo para redefinir el sistema de jubilación en la Argentina. Aunque no plantea subir de forma inmediata la edad para efectivizarla, los cambios en estudio podrían alterar cuándo y cómo acceden los jubilados al retiro, con impacto desigual según el sector.
La iniciativa se apoya en un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentado al ministro de Economía, Luis Caputo, y busca reducir desequilibrios históricos, aliviar la presión fiscal y mejorar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.
El problema de fondo: gasto alto y reglas desiguales
El diagnóstico que impulsa la reforma pone el foco en los regímenes especiales, que concentran una porción significativa del gasto previsional. Según el estudio, estos esquemas —que incluyen a docentes, empleados públicos provinciales, magistrados, fuerzas armadas y de seguridad, Cajas Profesionales y Pensiones No Contributivas— representan el 55% del gasto total, aunque reúnen poco más del 40% de los beneficiarios.
Hoy, el sistema previsional alcanza a casi 9,7 millones de personas y demanda alrededor del 8,8% del PBI. El régimen general concentra cerca del 60% de los jubilados, pero consume solo el 45% de los recursos, una diferencia que explica buena parte del debate actual.
¿Sube la edad jubilatoria?
El informe no plantea modificar de manera directa la edad legal para jubilarse. Sin embargo, propone cambiar los incentivos que hoy favorecen el retiro temprano y revisar beneficios que permiten acceder a prestaciones completas con trayectorias laborales más cortas.
En ese marco, la edad jubilatoria no se elevaría por ley, pero el nuevo esquema podría llevar a muchas personas a extender su vida laboral para mejorar el haber final.
Un nuevo modelo de jubilación por vejez
Entre las propuestas centrales se destacan:
- Eliminar la exigencia de 30 años de aportes como condición excluyente.
- Crear una prestación universal para todas las personas en edad jubilatoria, similar a la PUAM.
- Incorporar un componente contributivo que reconozca todos los aportes realizados a lo largo de la vida laboral, y no solo los últimos años.
- Promover el ahorro previsional voluntario como complemento.
Según CIPPEC, estos cambios no implicarían un costo fiscal inmediato y permitirían reducir presiones en el largo plazo.
Pensiones y movilidad: los otros ajustes
El documento también propone revisar el esquema de pensiones, con medidas como:
- Limitar la acumulación de beneficios.
- Revisar pensiones vitalicias, especialmente en casos de cónyuges jóvenes.
- Endurecer los criterios de acceso a las Pensiones No Contributivas por invalidez.
En materia de movilidad, se sugiere mantener la actualización por IPC, sumar un componente ligado a los salarios reales y corregir distorsiones entre distintos grupos de jubilados.
A quiénes afectaría primero
El impacto sería heterogéneo. Según el estudio:
Se verían beneficiados:
- Quienes no alcanzan los 30 años de aportes.
- Monotributistas y trabajadores con trayectorias laborales discontinuas.
- Personas que prolongan su vida laboral.
Podrían verse perjudicados:
- Quienes se jubilan apenas alcanzan la edad mínima con el piso de aportes.
- Trabajadores cuyos ingresos crecen fuertemente en los últimos años.
- Beneficiarios de regímenes especiales hoy más favorables.
Un debate abierto
El informe concluye que el sistema previsional enfrenta límites estructurales y que existe mayor consenso social sobre la necesidad de reformarlo. Aunque la edad jubilatoria no está en discusión formal por ahora, las nuevas reglas podrían redefinir cuándo y cómo conviene jubilarse, marcando un cambio profundo en el funcionamiento del sistema.