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Cuál es la provincia argentina con más juicios laborales, según las ART

Una provincia lidera el ranking de litigiosidad laboral y supera por mucho a otras provincias. Las causas detrás de este particular fenómeno
Por IM
LEGALES - 18 de Marzo, 2026

Los juicios laborales se convirtieron en uno de los temas más relevantes dentro del sistema de riesgos del trabajo en Argentina. En los últimos años, el aumento de juicios encendió alertas tanto en el sector empresario como en las aseguradoras, especialmente por su impacto en los costos y en el funcionamiento general del sistema.

Dentro de este escenario, las diferencias entre provincias son marcadas. Mientras algunas jurisdicciones lograron contener el nivel de demandas, otras muestran cifras significativamente más elevadas. En ese contexto, surge una pregunta clave: cuál es la provincia con más juicios laborales en el país según los datos más recientes de las ART.

Santa Fe, la provincia con más juicios laborales del país

De acuerdo con un informe de la Unión Argentina de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Santa Fe encabeza el ranking nacional de litigiosidad laboral. La provincia registra 296 juicios cada 10.000 trabajadores registrados, una cifra que supera en un 123% el promedio nacional.

La diferencia con otras jurisdicciones es significativa. Por ejemplo, en Córdoba la probabilidad de que un trabajador inicie un juicio es menos de la mitad en comparación con Santa Fe, lo que refleja un contraste marcado dentro del mapa laboral argentino.

Este nivel de litigiosidad tiene consecuencias directas sobre la estructura de costos. En Santa Fe, las empresas abonan una alícuota promedio de ART del 4,03%, muy por encima del promedio nacional, que se ubica en 2,78%. Esta brecha representa un sobrecosto estimado en 100 millones de dólares anuales para el sector productivo de la provincia.

Según el informe, uno de los factores centrales que explican esta situación es el esquema de honorarios de los peritos médicos judiciales. Actualmente, estos profesionales perciben ingresos en función del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad que determinan, lo que genera incentivos para fijar niveles más altos de daño, elevando su propia retribución económica.

Otro punto señalado es la demora en la implementación de la Ley 27.348. Si bien esta normativa nacional propone profesionalizar las pericias mediante la creación de cuerpos médicos forenses con honorarios fijos, pero en Santa Fe recién se inició en 2025 el proceso para conformar este sistema.

A esto se suma la falta de obligatoriedad efectiva de instancias previas al juicio, como las comisiones médicas, lo que favorece que muchos reclamos se judicialicen directamente sin pasar por etapas administrativas.

Uno de los datos que más llama la atención es que este crecimiento de la litigiosidad se da en paralelo a una reducción sostenida de los accidentes laborales y de los fallecimientos. Según el informe, los siniestros se redujeron un 55% y las muertes laborales un 80% en las últimas décadas, lo que equivale a más de 19.000 vidas salvadas.

La concentración geográfica también es un rasgo destacado. El 73% de los juicios se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. Estas regiones concentran el 61% de los trabajadores, lo que evidencia que el problema se encuentra focalizado en determinados distritos.

Para la UART, esta situación responde a distorsiones estructurales dentro del proceso judicial, especialmente vinculadas al funcionamiento de las pericias médicas. El sistema actual, donde los honorarios dependen del resultado del juicio, es señalado como uno de los principales factores que impulsan la litigiosidad.

La reforma en Santa Fe y los cambios en debate

Frente a este escenario, en la provincia de Santa Fe se impulsa una reforma parcial del Código Procesal Laboral. La iniciativa es promovida por el diputado provincial José Corral y cuenta con el respaldo de la Federación de Industriales de Santa Fe.

El proyecto apunta a corregir lo que se describen como distorsiones estructurales del sistema, con el objetivo de reducir la litigiosidad y los costos asociados al esquema actual.

Uno de los ejes centrales es establecer la obligatoriedad de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia previa a cualquier demanda judicial. Este paso busca ordenar el proceso, agilizar la resolución de los reclamos y evitar que todos los casos lleguen directamente a los tribunales.

Otro de los puntos clave es la modificación del sistema de pericias médicas. La propuesta plantea desvincular los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o del porcentaje de incapacidad, eliminando los incentivos económicos asociados a la determinación de lesiones más graves.

En esa línea, también se impulsa la creación de Cuerpos Médicos Forenses con profesionales que perciban honorarios fijos, con el objetivo de garantizar mayor imparcialidad y rigor en las evaluaciones.

Además, la reforma busca una adhesión efectiva a la Ley Nacional 27.348, alineando el sistema provincial con el marco vigente en otras jurisdicciones que lograron reducir la litigiosidad. Entre los cambios, se contempla la revisión de plazos como el de caducidad de dos años.

Qué impacto podría tener la reforma

De acuerdo con la Federación Industrial de Santa Fe y los impulsores del proyecto, los cambios propuestos podrían generar una reducción de costos significativa para el sector productivo. Se estima que el ahorro alcanzaría los u$s100 millones anuales.

También se espera una mejora en la competitividad de las empresas locales, que actualmente enfrentan mayores costos en comparación con otras provincias con menor litigiosidad, como Córdoba.

Otro de los beneficios señalados es la posibilidad de lograr un sistema más ágil para los trabajadores. Con un esquema más ordenado, quienes efectivamente sufrieron un accidente laboral podrían acceder a una resolución más rápida, evitando procesos judiciales prolongados.

En este contexto, Santa Fe se mantiene como la provincia con mayor cantidad de juicios laborales del país, mientras avanza el debate sobre reformas que buscan modificar el funcionamiento del sistema y reducir el nivel de litigiosidad.

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