Denunciaron a la jueza bonaerense que frenó por 60 días la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
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La suspensión por 60 días de la ley que establece en 14 años la edad de imputabilidad penal en la provincia de Buenos Aires abrió una disputa judicial que ahora también alcanza a la magistrada que dictó la medida.
La asociación civil Usina de Justicia presentó una denuncia penal contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, a quien atribuyó los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
El planteo surgió después de que la jueza resolviera interrumpir temporalmente la aplicación de la normativa que reduce el límite de edad de 16 a 14 años. La decisión había sido adoptada tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de libertad.
Ley de imputabilidad: por qué denuncian a la jueza que suspendió su aplicación en Buenos Aires
Uno de los argumentos centrales de Usina de Justicia está relacionado con el efecto territorial que produce la resolución mientras permanezca vigente.
Según la entidad, durante esos 60 días los menores de catorce años que "cometan delitos" en la provincia de Buenos Aires "no serán imputables", mientras que esa situación sería diferente en otras jurisdicciones del país.
Para la organización, la medida genera una consecuencia que excede las facultades propias de un magistrado. Por eso sostuvo que resulta "equiparable al dictado de alguna especie de amnistía de manera impropia".
La asociación remarcó, además, que la definición sobre quiénes son alcanzados por la legislación penal corresponde al Congreso. En ese sentido, afirmó que "está claro que, en cualquier caso, un juez no puede arrogarse esa competencia que es propia del legislador de la Nación".
El cuestionamiento a la intervención de la jueza
La denuncia también apunta directamente al alcance de la resolución de Pascual. Usina de Justicia sostuvo que el pronunciamiento "resulta absolutamente arbitraria y contraria a Derecho, ya que viola la División de Poderes base del sistema democrático e implica un claro abuso de autoridad".
Para la entidad, el problema no se limita al contenido de la decisión, sino también a la posibilidad de que un juez deje sin efecto temporalmente una norma penal de fondo aprobada por el Poder Legislativo.
En esa línea, consideró que el fallo "excede las funciones de los Magistrados, ya que un juez no puede suspender por pedido de parte, ni de oficio, los efectos de una ley penal de fondo".
El argumento se vincula con la modificación introducida por la nueva legislación, que establece que el umbral de imputabilidad pasa a ser de 14 años. De acuerdo con la denuncia, desde la entrada en vigencia de la norma "los menores desde los catorce años son, ahora, imputables penalmente".
Qué plantea la denuncia sobre las penas para adolescentes
Usina de Justicia también objetó que la resolución judicial haya considerado como escenario un eventual aumento de la cantidad de personas privadas de la libertad.
La asociación sostuvo que ese razonamiento no parte de una afectación concreta de derechos. Según expresó, la decisión "se basa en un razonamiento hipotético, puesto que no existe una lesión de derechos en forma concreta, ni tampoco existe un peligro inminente de que ello suceda".
A su vez, cuestionó el análisis realizado sobre la legislación sancionada por el Congreso y señaló que "en rigor, se hizo un análisis de futuro, pero desapegado de la realidad legislativa, ya que no se ha analizado el texto legislativo sancionado por el Congreso Nacional".
La entidad incorporó otro elemento a su argumentación: el régimen de penas previsto para adolescentes. Según planteó, la jueza no consideró "que el artículo 19 de la Ley que decidió suspender prohíbe las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua, determinando que ‘la pena privativa de la libertad respecto de personas adolescentes no podrá superar un máximo de quince años’".
Ese límite, de acuerdo con la denuncia, continúa vigente incluso cuando la escala penal correspondiente sea superior debido a la concurrencia real de distintos hechos independientes.
La discusión sobre el impacto de la nueva ley
La asociación también rechazó la interpretación según la cual la reducción de la edad de imputabilidad necesariamente provocaría un incremento considerable de la población privada de la libertad.
Su argumento parte de las propias características del nuevo régimen penal. Usina de Justicia señaló que la normativa "limitará notablemente el máximo de la pena de prisión, al establecer medidas y penas alternativas a la prisión y al prever la posibilidad de -incluso- de reemplazar una pena de prisión ya dictada judicialmente, no resulta una ley que ‘aumentará considerablemente la cantidad de personas privadas de la libertad’, aún con el agregado de los menores imputables de la franja etaria de los 14 y 15 años".
De esta manera, la organización sostuvo que el análisis sobre las consecuencias de la norma debe contemplar no solamente la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen de imputabilidad, sino también las restantes disposiciones referidas a las penas y sus alternativas.
El eje de la denuncia, en definitiva, se concentra en una cuestión institucional: Usina de Justicia considera que la resolución de Pascual interfirió sobre la aplicación de una ley penal sancionada por el Congreso y produjo, durante el período de suspensión, un régimen diferente para los menores de catorce años en territorio bonaerense.
