El Senado debate hoy la nueva ley de discapacidad: pensiones, empleo, salud y controles
El proyecto busca transformar el sistema de pensiones con énfasis en fiscalización, transparencia y garantía de acceso a cobertura social
El Senado tratará este jueves 19 de noviembre el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que propone establecer nuevas condiciones para acceder a las pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral. La iniciativa mantiene el beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, conserva la posibilidad de trabajar formalmente bajo determinados límites de ingresos e incorpora auditorías periódicas.
El texto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y obtuvo dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano del Senado. Llegó al recinto sin modificaciones respecto de la versión aprobada por la Cámara baja.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto establece requisitos específicos de acceso, un mecanismo para suspender y rehabilitar las prestaciones cuando los beneficiarios superen determinados ingresos y garantías de cobertura médica. También contempla un esquema permanente de financiamiento, nuevas obligaciones de transparencia y un procedimiento para regularizar las deudas con prestadores.
El tratamiento legislativo se produce ante el vencimiento de la emergencia nacional en discapacidad, previsto para el 31 de diciembre de 2026. La iniciativa busca reemplazar ese esquema excepcional, establecido por la Ley 27.793, por un régimen permanente.
Durante el tratamiento en comisiones, legisladores oficialistas y de distintos bloques opositores coincidieron en la necesidad de establecer un régimen permanente, aunque también hubo cuestionamientos sobre el contenido de la propuesta y la falta de consultas a las organizaciones del sector.
Pensiones por discapacidad: cuáles serían los requisitos para acceder
Uno de los cambios centrales del proyecto es la modificación del artículo 9 de la Ley 13.478, que regula las pensiones inembargables destinadas a personas que no cuentan con recursos propios suficientes.
La iniciativa autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar este beneficio a personas de 70 años o más, personas imposibilitadas para trabajar y personas con discapacidad que no estén amparadas por otro régimen previsional.
En particular, para acceder a la pensión no contributiva por discapacidad, los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Certificado Único de Discapacidad (CUD): deberán acreditar que cuentan con este documento y presentar el DNI para demostrar identidad, edad y nacionalidad
- Nacionalidad: podrán acceder los argentinos nativos, por opción o naturalizados
- Residencia: las personas extranjeras deberán acreditar una residencia legal mínima y continuada de cinco años en el país anteriores a la solicitud
- Ingresos: no podrán percibir ingresos económicos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Para determinar este requisito se tendrá en cuenta el ingreso individual y no el del grupo familiar
- Otras prestaciones: no podrán cobrar otra jubilación, retiro permanente o pensión contributiva o no contributiva, ni la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad o la asignación familiar correspondiente
- Evaluación socioeconómica: deberán aprobar un análisis de su situación económica, de acuerdo con los criterios que establezca la reglamentación y en coordinación con el Consejo Federal de Discapacidad
- Además, en caso de que el solicitante sea propietario de una vivienda, deberá acreditar que se trata de su única vivienda familiar
Estas condiciones corresponden al nuevo régimen propuesto para las pensiones por discapacidad. El texto aclara que las pensiones por invalidez laboral continuarán sujetas a las normas que regulan sus propios requisitos.
Cuánto se cobrará por las pensiones no contributivas
El proyecto mantiene el monto vigente de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado.
La prestación continuará actualizándose de acuerdo con las disposiciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regulado por la Ley 24.241.
Por lo tanto, la iniciativa no contempla un aumento específico ni modifica la fórmula de cálculo. El valor de ambos beneficios seguirá vinculado a la evolución del haber mínimo del sistema previsional.
Pensión por discapacidad y trabajo formal: cuál será el límite de ingresos
El proyecto conserva la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo formal, una alternativa que ya estaba contemplada en el esquema de emergencia establecido por la Ley 27.793.
De aprobarse la iniciativa, los titulares podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse en los regímenes tributarios general o simplificado, siempre que sus ingresos no alcancen ni superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Si las remuneraciones llegan a ese límite o lo superan, la prestación quedará suspendida automáticamente durante el período en que se mantenga esa situación. Cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación de la pensión.
El derecho a percibirla se restablecerá desde la fecha en que se presente esa solicitud.
De esta manera, la propuesta mantiene la compatibilidad entre pensión y trabajo, pero establece expresamente cómo se suspenderá y recuperará el cobro cuando cambie la situación laboral o económica del beneficiario.
Qué cobertura médica tendrán los beneficiarios
La iniciativa garantiza que las personas titulares de una pensión no contributiva por invalidez laboral o discapacidad tengan acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud.
La prestación deberá contemplar las coberturas básicas previstas en la Ley 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.
Uno de los cambios es la extensión expresa de esta garantía a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, además de mantener la cobertura para quienes perciben pensiones por discapacidad.
El proyecto también incorpora la obligación de que las instituciones y las personas que brinden servicios o atención a este colectivo garanticen la capacitación de sus trabajadores.
La formación deberá promover una atención no discriminatoria, respetuosa y accesible, basada en el reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad y adaptada a las tareas que desempeñe cada trabajador.
Auditorías de las pensiones por discapacidad: qué controles se incorporarán
El proyecto establece un sistema permanente de auditorías periódicas para verificar que los titulares de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad continúen cumpliendo las condiciones necesarias para recibirlas.
La tarea estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, que podrá cruzar información con distintas bases de datos públicas. Entre ellas, las de ANSES, la Secretaría de Trabajo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).
El objetivo será comprobar los requisitos documentales y socioeconómicos que puedan verificarse mediante esos registros.
El procedimiento también contempla garantías para los beneficiarios. Si del cruce de información surge que una persona podría incumplir alguno de los requisitos, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá notificarla fehacientemente, informar los motivos de la observación y establecer un plazo para presentar un descargo.
Una vez vencido ese plazo, el organismo podrá disponer la suspensión preventiva de la prestación.
Sin embargo, la suspensión no impedirá que el titular solicite la rehabilitación inmediata y provisoria de la pensión mientras se resuelve el procedimiento administrativo, cuando sostenga que no incurrió en el incumplimiento señalado.
Las auditorías deberán garantizar el debido proceso inclusivo.
Cómo se financiarán las pensiones y las prestaciones por discapacidad
La iniciativa busca establecer un mecanismo permanente de financiamiento para las pensiones y las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.
Los gastos derivados de su aplicación serán afrontados inicialmente con partidas presupuestarias del Ministerio de Salud destinadas a las pensiones no contributivas por invalidez laboral, la atención médica de sus beneficiarios y la prevención y el control de las discapacidades.
Si esos créditos resultaran insuficientes, el proyecto contempla la posibilidad de cubrir el excedente mediante compensaciones presupuestarias con partidas de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Además, establece una garantía presupuestaria: las leyes de presupuesto deberán asegurar los recursos necesarios para sostener el sistema y el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al contemplado en el ejercicio inmediato anterior.
La iniciativa también faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la continuidad de las prestaciones.
Qué pasará con las deudas pendientes a los prestadores
El proyecto incorpora una disposición transitoria para regularizar los pagos pendientes de las compensaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 27.793, destinadas a los prestadores que hayan cumplido los requisitos establecidos por esa norma.
Si al momento de la sanción de la nueva ley todavía existieran compensaciones sin cancelar, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá comunicar y publicar un cronograma para completar los pagos.
Ese calendario tendrá que difundirse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la norma y prever la cancelación total de las compensaciones dentro de los 90 días corridos, para quienes hayan finalizado el correspondiente trámite administrativo.
El vencimiento del plazo de emergencia establecido por la Ley 27.793 no afectará el derecho de los prestadores que hayan cumplido las condiciones para recibir esos pagos.
La Secretaría Nacional de Discapacidad también deberá publicar información estadística sobre el estado de ejecución de las compensaciones pendientes.
Qué información deberá publicar el Gobierno y cuándo entraría en vigencia la ley
La iniciativa establece nuevas obligaciones de transparencia sobre el funcionamiento del sistema de discapacidad.
El Gobierno deberá difundir periódicamente información estadística sobre la ejecución presupuestaria de los programas, los valores vigentes de los aranceles del sistema de prestaciones básicas y la cantidad y los montos de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.
Los datos deberán publicarse en formatos abiertos y accesibles, con resguardo de la información personal y sensible de los beneficiarios.
En cuanto a la implementación, el Poder Ejecutivo deberá determinar la autoridad de aplicación y reglamentar la ley dentro de los 30 días hábiles posteriores a su publicación en el Boletín Oficial.
El proyecto dispone que la norma comenzará a regir al día siguiente de su publicación. También establece la derogación de los artículos 7, 8 y 16 de la Ley 27.793.
De esta manera, la propuesta busca reemplazar el régimen de emergencia, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026, por un sistema permanente con requisitos específicos de acceso, controles periódicos, cobertura médica y mecanismos de financiamiento y transparencia.