Reforma laboral 2026: ¿cuál sería el impacto en los juicios por trabajo y despido?
El proyecto de reforma laboral que el Gobierno prevé impulsar en 2026 busca introducir cambios de fondo en el esquema de los juicios laborales, con la intención de reducir la litigiosidad y generar un marco de mayor previsibilidad para las empresas, bajo el argumento de que un sistema más estable podría impactar en la creación de empleo y en las condiciones de trabajo en el sector privado.
El punto de partida es un sistema judicial saturado, con más de 630 mil causas en trámite, concentradas principalmente en despidos y accidentes de trabajo, un volumen que equivale a cerca del 10% del empleo privado registrado.
Reforma laboral 2026: cómo podría modificarse la dinámica de los juicios por trabajo
- Menos margen para iniciar demandas: la reforma busca reducir la litigiosidad laboral y dar mayor previsibilidad a las empresas, con el argumento de que un sistema judicial más estable favorecería el empleo y mejoraría las condiciones de trabajo en el sector privado.
- Sistema judicial con alto nivel de saturación: el punto de partida es un volumen superior a las 630 mil causas laborales en trámite, concentradas en despidos y accidentes de trabajo, una cifra equivalente a cerca del 10% del empleo privado registrado.
- Cambios en las indemnizaciones por despido: el pago pasaría a tener carácter definitivo y cancelatorio, lo que impediría reclamos posteriores una vez abonada la indemnización. Además, se limitaría la base de cálculo al excluir conceptos no mensuales, reduciendo el monto potencial de las demandas.
- Reglas procesales más estrictas: las pruebas deberán presentarse al inicio del juicio, se elimina el impulso automático de los jueces y el avance del expediente quedará en manos de las partes. Si el trabajador no impulsa la causa durante seis meses, el empleador podrá pedir su caducidad.
- Modificación del fuero competente: los conflictos laborales en los que intervenga el Estado dejarían de tramitar en la justicia del trabajo y pasarían al fuero contencioso-administrativo.
- Nuevo esquema de intereses y actualización: se fija un mecanismo uniforme para actualizar los créditos laborales que elimina la capitalización de intereses y limita el crecimiento de las condenas. En los juicios en curso, los intereses se calcularían con una tasa definida por el Banco Central.
- Impacto en riesgos del trabajo: se prevé la creación de cuerpos médicos forenses y un sistema de honorarios periciales desvinculado del monto del juicio, con el objetivo de desincentivar la litigiosidad en este tipo de causas.
- Menos juicios por relaciones encubiertas: los prestadores de servicios pasarían a ser considerados trabajadores autónomos, lo que podría reducir demandas por reconocimiento de relación laboral.
Escenario judicial abierto
Aunque el Gobierno y el sector empresario esperan una baja en los juicios laborales, especialistas advierten que algunos puntos podrían ser cuestionados en los tribunales, lo que podría trasladar el conflicto a instancias superiores.
¿Puede la reforma laboral bajar la litigiosidad?
El debate sobre la reforma laboral vuelve con fuerza, esta vez centrado en cómo reducir los juicios por despidos, accidentes y conflictos sindicales. Sin embargo, ninguna modificación legislativa garantiza que los procesos disminuyan: siempre habrá resistencia, objeciones judiciales y vías alternas de reclamo.
La saturación de tribunales laborales convive con otras demandas contra empresas, como ejecuciones fiscales o conflictos de consumo, que también crecen con el comercio digital. Por eso, limitar los litigios exige más que cambios legales: requiere ajustes en la cultura empresarial, en las prácticas laborales y en la eficiencia del Estado.