Con un trámite express y con una publicación extraordinaria casi de madrugada del Boletín Oficial, el Gobierno finalmente decidió prohibir los despidos de personal durante los próximos 30 días.

Es decir que las empresas no podrán reducir personal por lo menos hasta junio próximo, tal como se informa en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por el presidente Alberto Fernández en el marco de la emergencia sanitaria para combatir el coronavirus.

El respaldo a esta decisión se lo dio un informe de la CGT que anticipaba que el impacto económico de la pandemia podría afectar a 1,5 millones de empleos públicos, privados e informales.

Por eso fue una decisión esperada por los sindicatos que le reclamaron a las autoridades medidas para impedir que las empresas redujeran sus dotaciones, en especial luego de la disputa que se generó con la decisión del Grupo Techint de terminar la relación laboral de 1.450 empleados de su empresa constructora.

Esto, a pesar de la profunda crisis que sufren todos los sectores y que deriva de las consecuencias económicas que está causando el aislamiento social obligatorio.

El DNU tiene siete artículos pero solamente se centra en la continuidad de los contratos laborales y aclara que los despidos se prohíben si no existen causas que los justifiquen y tampoco se los habilita por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor por el plazo de 60 días contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial.

El Jefe de Estado también prohibió las suspensiones por las mismas causas y por igual plazo y, en el DNU, advierte que los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación a lo dispuesto "no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales".

Empresarios, en la espera

Con esta decisión, finalmente el Gobierno tomó nota de los pedidos de la CGT pero dejó casi sin herramientas de auxilio a una gran cantidad de empresas que venían reclamando ayuda económica a través de informes y documentos elaborados por la Unión Industrial Argentina (UIA) que fueron acercados a los principales funcionarios del Gobierno.

En este sentido, el Presidente definió solamente una fuerte inyección de fondos a las pymes con hasta 100 empleados con casi $30.000 millones que serán destinados a garantizar el repago de los préstamos para capital de trabajo que hayan tomado estas compañías para pagos de salarios, aportes y contribuciones patronales, y cobertura de cheques diferidos, entre otras razones.

Estas medidas también fueron publicadas en un primer DNU conocido hace unas horas y que establece como beneficiarios a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según el documento, las garantías podrán cubrir hasta el 100% del préstamo tomado por este sector y el Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) podrá otorgarlas hasta lo que se defina en cada caso, sin exigir contragarantías por parte de la empresa tomadora del préstamo.

Será el Ministerio de Desarrollo Productivo la autoridad de aplicación y el que determinará el destino de los fondos que no estuvieran comprometidos en razón de garantías otorgadas, quedando facultado para decidir la transferencia de los mismos a fondos fiduciarios que funcionen bajo su órbita y que promuevan el financiamiento.

En este marco, se crea un Fondo de Afectación Específica con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las MiPyMES y se faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes a fin de transferir al Fondo de Garantías Argentino (los $30.000 millones que se usarán como auxilio financiero) a las empresas más comprometidas por la crisis que está causando el aislamiento obligatorio y la falta de producción y ventas en casi todos los sectores de la economía.

En un primer momento, había circulado otro DNU en el cual también se prohibían los despidos y las suspensiones pero se otorgaban beneficios previsionales y tributarios a las empresas a partir de una serie de medidas que implicaban un gasto de parte del Estado nacional de $400.000 millones.

Sin embargo, en el decreto oficializado a última hora de este martes 31 de marzo pasado nada se agregó sobre esos supuestos beneficios para los sectores afectados por la crisis económica causada por el aislamiento obligatorio.

Las especulaciones habían rondado en un mega plan de salvataje mucho más amplio como una sustancial reducción de las cargas laborales de hasta el 95%, el pago por parte del Estado nacional de una parte del salario en empresas de hasta 100 empleados, la generalización del Repro, un seguro de desempleo de entre $6.000 a $10.000 pesos, entre otras decisiones.

La ola de despidos se agranda

En cambio, el Presidente Fernández consensuó con el resto de su gabinete que la ayuda económica se limitara, por lo menos por ahora, a pymes y medianas compañías con hasta 100 trabajadores.

Por ese motivo, podrían quedar afuera de la ayuda oficial otros sectores también afectados fuertemente por el freno de la producción y las ventas que, a través de la UIA, venían solicitando protección al gobierno del Frente de Todos.

Sectores que muestran dificultades por la falta de liquidez para afrontar todas las obligaciones -entre ellas, las salariales- y teniendo en cuenta que se deberán hacer grandes esfuerzos para encarrilar nuevamente a la Argentina, aunque sea en el mismo sendero de recesión que sufría antes de que llegara la pandemia del Covid-19.

También porque el caso Techint, que derivó en la intervención del Ministerio de Trabajo y en el anuncio de una conciliación obligatoria por 15 días, no fue el único de advertencias sobre despidos suspensiones o reducción de salarios.

Se conocieron el cierre de la revista Pronto, que deja 50 trabajadores en la calle; la posible finalización de los contratos que Mirgor tiene con 700 colaboradores y los contratistas de la minera Livent que desvincularon a otros 400 trabajadores.

A estos casos se le suman las suspensiones forzadas en la industria automotriz, donde las terminales se vieron obligadas a frenar la producción y enviar a gran parte de su personal al hogar con el pago de un porcentaje menor de los salarios.

También en la aérea Latam ya anunciaron que reducirán en un 50% los salarios de todos sus trabajadores a nivel mundial, incluyendo a los que se desempeñan en la Argentina.

Entre los gastronómicos, de servicios y en la industria del turismo y la hotelería se repite el escenario de manera mucho más dramática y también con el fantasma de los despidos masivos como una posibilidad inmediata a partir de abril.

Incluso en los sectores que fueron excluidos del aislamiento social obligatorio hay empresas que operan con parte del personal y dieron asueto al resto, ya que la caída de la demanda es otro de los factores que influye en los ingresos empresarios.

Tanto en supermercados, como en productoras de alimentos y el sector de la logística sufren restricciones derivadas de las menores ventas que se observan por estos días y que tienen que ver con la imposibilidad de los consumidores a moverse libremente y con el temor que esas mismas personas tienen a perder el empleo y que las lleva a recortar al máximo sus gastos.

Sin embargo y a pesar de que se anticipaba la inclusión de más sectores entre los que no deben cumplir con el aislamiento obligatorio, el DNU que extendió la cuarentena hasta el 12 de abril nada agregó sobre esa posibilidad.

En su artículo 2° explica que "las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren alcanzados por ninguna de las excepciones previstas en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, y deban cumplir con el "aislamiento social preventivo y obligatorio", pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente".