Mientras la sociedad se debate entre quienes defienden las medidas del Gobierno para combatir la pandemia del Covid-19 y quienes creen que es necesario repensar las estrategias sanitarias para evitar una mayor crisis económica, la Justicia parece avanzar hacia un inexorable "cajoneo" del mayor caso de corrupción de la historia argentina.

Se trata de la bautizada "Causa de los Cuadernos" que involucra a decenas de políticos y ex funcionarios kirchneristas y a la crema empresaria del país en una trama de sobornos y arreglos vinculados con el reparto de millones de dólares provenientes de licitaciones para el desarrollo de obras públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La actual Vicepresidenta de la Nación fue señalada por el ex juez ya fallecido Claudio Bonadio como la líder de esa banda de delincuentes que tiene cerca de 130 procesados a la espera de ser enjuiciados por un tribunal oral, que en su momento conmocionó al mundo político y empresario por la notoriedad de los apellidos involucrados, que fue creciendo en pruebas por el aporte de muchos arrepentidos y que hasta fue catalogada como el "Lava Jato" argentino.

La reacción de las empresas

En el mundo corporativo varias de las entidades más representativas salieron a despegarse de los involucrados, con comunicados reivindicando la transparencia como la única forma de hacer negocios y hasta redactando nuevos códigos de ética.

Un caso paradigmático fue el de IDEA, la organización empresaria que todos los años realiza su tradicional Coloquio y que en el 2018 le dedicó gran parte del evento a cuestionar a los empresarios involucrados y a reivindicar la necesidad de profundizar las investigaciones contra los involucrados.

Sin embargo, a casi dos años de iniciada la causa, muy pocos son los hombres de negocios que recuerdan datos sobre la investigación.

Tapado por el cambio de gobierno primero; el nuevo alineamiento de la Justicia a ese cambio de viento político después; y por los temas de coyuntura actuales que se debaten entre la profunda crisis económica que sufre la Argentina por la pandemia del coronavirus y el proceso de reestructuración de la deuda externa del país, el mayor caso de corrupción de toda la historia del país parece ser una anécdota más.

El fallecido juez Bonadio fue el impulsor de la investigación.

Cuadernos: ¿qué pasará con la causa?

El caso ya fue elevado a juicio oral por la contundencia de los testimonios y las pruebas acumuladas durante estos dos años de investigaciones y procedimientos dirigidos por el fiscal Carlos Stornelli, que dan cuenta de la existencia de arreglos para el reparto de los fondos entre ex funcionarios kirchneristas y poderosos hombres de negocios.

Sin embargo, la sensación que cubre a gran parte de la sociedad y de la dirigencia empresaria y política es que luego del regreso de muchos de los implicados al gobierno de la mano del Frente de Todos, el expediente va camino a "dormir el sueño de los justos".

Incluso, en contra del verdadero significado de esta expresión con la que los griegos hacían referencia a quien dormía en forma muy tranquila, porque no tenía cargos de conciencia y llevaba una vida ética y moral imperturbable. En la "Causa de los Cuadernos", la frase se aplica en otro sentido, más cercano a que la causa se encuentra frenada, casi dejada de lado y sin avances.

Hace meses que espera turno para ser tratada por el Tribunal Oral Número 7 que hasta ahora no ha tomado ninguna decisión y que no lo haría mientras se mantengan las restricciones para el funcionamiento de los tribunales en el marco de las medidas para combatir el avance del coronavirus.

De hecho, solamente tres implicados permanecen detenidos, de los 49 ex funcionarios y empresarios que debieron cumplir con prisiones preventivas dictadas por Bonadío en el marco de este proceso que, a su vez, tuvo varias ramificaciones.

El último excarcelado vio la luz del día el 28 de diciembre del año pasado cuando la Cámara de Casación ordenó la excarcelación de muchos de los ex funcionarios que quedaban detenidos en dicho expediente.

Fue Oscar Thomas, quien pagó una caución de $3 millones para salir y dejar nada más que a Julio López; Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi en prisión y quienes en estos dos últimos casos cumplen además una condena por sus responsabilidades en la llamada Tragedia de Once.

A Schavi, en abril pasado, la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó su excarcelación en la Causa de los Cuadernos, donde está procesado como presunto miembro de una asociación ilícita dedicada a actos de corrupción que, para la justicia, fue liderada por la actual vicepresidenta de la Nación.

La carátula de la investigación judicial se inició gracias al trabajo de investigación del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, y se conoce como "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita".

Fue secretamente preparada en abril del 2018 en el fuero penal federal de Bonadio, a partir de la digitalización de ocho cuadernos con anotaciones que realizara Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, por entonces el segundo funcionario más poderoso en la órbita del ex Ministerio de Planificación Federal que comandaba Julio De Vido.

Durante 12 años, Centeno consignó en esos cuadernos sus viajes para recolectar sobornos en una serie de cuadernos que fueron entregados a la Justicia por Cabot y que sirvieron para iniciar una causa que creció a niveles impensados.

A partir de esos datos, la justicia realizó 70 allanamientos en diversos lugares del país en oficinas de empresas nacionales e internacionales y en domicilios de exfuncionarios públicos; secuestró no menos de $6,4 millones; u$s1,5 millones; 235.000 euros además de otros importes en monedas de países vecinos.

A esto se agregaron inmuebles y bienes que, según Bonadío, estaban vinculados a la evasión del país de importes que provendrían de los sobornos con los cuales se compraron en Estados Unidos propiedades con un valor estimado en u$s70 millones.

En esta ramificación de la causa imputó a Carolina Pochetti, la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, su primo Carlos Gellert, Juan Carlos Campillo, ex ministro en la provincia de Santa Cruz y Víctor Manzanares, ex contador de Cristina Kirchner.

En la investigación se detallan los nombres de 15 empresas que se constituyeron para la compraventa de 16 inmuebles en Estados Unidos, además de un emprendimiento inmobiliario en las Islas Turks and Caicos.

También se secuestraron más de 250 obras de arte con un valor aproximado de $41 millones; armas de fuego y una gran cantidad de rodados y otros efectos.

La actual vicepresidenta es una de las principales figuras políticas imputadas en la causa.

Decenas de procesados

Bonadio cuantificó el pago de coimas y sobornos en unos u$s150 millones y dejó a 172 personas procesadas, de las cuales 136 son empresarios, 22 exfuncionarios y 14 testaferros, además de 31 "arrepentidos".

Sin embargo, en la actualidad varios de quienes en ese momento colaboraron con la justicia buscan despegarse de esa decisión argumentando que fueron "apurados" por el anterior gobierno de Mauricio Macri para declarar en contra de Cristina Kirchner. Y hasta el propio Oscar Centeno hoy está "protegido" por gente cercana a la Vicepresidenta a la espera del juicio.

Hace unos días, la también senadora nacional fue desligada de una causa satélite a la de los Cuadernos de Centeno cuando el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi le revocó el procesamiento que se le había impuesto por sus vínculos con supuestos pagos de coimas por parte del Grupo Techint a ex funcionarios K con el objetivo de resolver un problema político que sufría su empresa Sidor en Venezuela durante el 2008 cuando fue expropiada por el gobierno de ese país.

El magistrado benefició con el mismo fallo a Luis María Betnaza, un alto ejecutivo del holding de la familia Rocca; al ex ministro De Vido; y para los ex funcionarios Baratta; José María Olazagasti y Claudio Uberti por estos hechos puntuales.

El procesamiento por el tramo vinculado a estos supuestos pagos ilegales fue dictado el 17 de septiembre del 2018 por Bonadio, a quien reemplaza Martínez De Giorgi, y también tuvo como procesado al CEO de Techint, Paolo Rocca, pero la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.

Durante el proceso, otros empresarios fueron beneficiados con medidas similares después de haber pasado algún tiempo bajo tras las rejas como ocurrió con los empresarios Carlos Wagner; Javier Sánchez Caballero; Héctor Zabaleta; Jorge Neyra y Gerardo Ferreyra, entre otros de quienes integraron el extenso listado de hombres de negocios implicados en el pago de coimas al gobierno de Cristina Kirchner para favorecerse con millonarios contratos de obras públicas.

Varios de los liberados se beneficiaron por la decisión de la Cámara Federal porteña que el año pasado, tras las elecciones de las PASO, consideró la inexistencia de riesgo procesal que justificara las detenciones como el caso de Gerardo Ferreyra, uno de los dueños del grupo cordobés Electroingeniería, implicado en el pago de coimas y que debió cumplir prisión domiciliaria.

Otros lograron regresar a sus hogares a partir de la nueva mirada sobre las restricciones a las prisiones preventivas implementadas en el Código Procesal Penal.

De este modo, a casi dos años desde el inicio de la investigación, de más de un centenar de allanamientos; detenciones y de 49 prisiones preventivas dictadas contra ex funcionarios y empresarios, sólo quedan tres imputados en la cárcel.

Entre los hombres de negocios que caminan libremente a la espera del supuesto juicio oral se encuentran Javier Sánchez Caballero; Gerardo Ferreyra; Claudio Javier Glazman; Jorge Guillermo Neira; Armando Roberto Loson y Carlos Mundín; Francisco Valenti y Juan Goicochea.

A esta lista se suma Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y ex dueño de la constructora Iecsa, quien quedó imputado, declaró que hizo pagos destinados a campañas electorales del kirchnerismo, fue aceptado como imputado colaborador y se le eximió de prisión.

Del mismo modo, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, obtuvo su libertad después de haber estado detenido y confesar los pagos junto a un grupo de empresas contratistas del Estado que cartelizaban la obra pública.

Aseguró que los sobornos se disfrazaban como adelantos de obra que pagaba el Estado nacional y que ascendían al 10% o 20% del total de la obra o que se entregaba una parte de lo que iban recibiendo como certificados de obra.

Otro acusado fue Aldo Roggio, dueño de una de las grandes empresas contratistas del país, que lleva su nombre y de la cual debió alejarse para evitar generar daños a los negocios del grupo.

Juan Carlos Lascurain, quien fue presidente de la Unión Industrial Argentina, también cumplió prisión preventiva, al igual que Carlos Mundín, de la empresa BTU; Rodolfo Poblete, extitular del Grupo Romero.