El pasado 18 de mayo iba a ser un día clave para el futuro de Ribeiro, ya que se había previsto la realización de una asamblea virtual para analizar la propuesta de reestructuración de la millonaria deuda de la cadena de venta de artículos electrodomésticos.

El directorio de la compañía había convocado a los acreedores titulares de varias series de Obligaciones Negociables (ON), con el fin de tratar la propuesta de acuerdo preventivo presentada por Ribeiro para proponer una forma de pago de algo más de $1.000 millones, que había acumulado por estos años, luego de haber llegado a facturar u$s370 millones; emplear a 2.000 trabajadores y operar 90 sucursales.

Pero la asamblea no se pudo realizar por varios motivos vinculados a la imposibilidad de la compañía de contar con las mayorías necesarias para aprobar su propuesta de reperfilamiento, con lo cual su directorio le acaba de pedir a la Justicia poder mejorar la oferta y ampliar el periodo de exclusividad para presentarla en una nueva asamblea de obligacionistas.

En una nota que la compañía le envió al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 23, Secretaría Nro. 46, se explican los motivos y las circunstancias que hicieron que, por ahora, fracasaran las negociaciones.

Ribeiro pide plazo para negociar sus deudas: el argumento

"Si bien el contexto negocial habitual en la República suele ser complicado, las circunstancias que enfrenta hoy la concursada son mucho más difíciles. Y a los efectos de valorarlas, debe tenerse en cuenta que el ofrecimiento que se realiza, incluso con su mejora, es atractivo; tampoco es común en concursos de esta dimensión, en tanto exhibe francas posibilidades de obtener el cobro del total de las acreencias comprometidas en la propuesta y en muy poco tiempo", inicia el texto enviado a los tribunales.

Según los abogados de Ribeiro, el centro de distribución sito en el Polo Industrial Ezeiza, en la calle Torcuato Di Tella Nro. 1700, localidad de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, ofrecido como parte de pago es valioso por sus condiciones, ubicación, condiciones de uso, escasísima antigüedad y avanzada tecnología.

La cadena culpa al proceso inflacionario por la distorsión que provocan en los cálculos de los acreedores.

Los letrados entienden que atrae el interés de muchos postulantes y su venta constituye una posibilidad cierta, pero advierten que "en la estimación de muchos acreedores (que valorizan profesionalmente sus créditos) también son contempladas las circunstancias del mercado de la concursada y sus posibilidades de continuar participando en él e incrementando su porción".

Para Ribeiro, en esta situación, influye el contexto económico general "francamente malo para las decisiones concursales que, en muchos casos –sobre todo institucionales- se adoptan en comités, analizando esa situación y el impacto de las acreencias en sus resultados".

Entre los ingredientes de ese escenario que enrarecen la negociación, la empresa hace referencia al proceso inflacionario y sus proyecciones, por la distorsión que provocan en los cálculos y las previsiones de los acreedores.

A esto le agregan las circunstancias cambiarias, la disparada de las cotizaciones y de la brecha entre el dólar oficial y los restantes ofrecidos.

Ribeiro y la crisis política y ecónomica: un impacto doble

En el escrito, los abogados de Ribeiro agregan que el tema influye en dos factores, de diversa manera: en los créditos nominados en moneda extranjera y en el valor del bien a vender, cuya base está tasada en dólares.

Otro factor exógeno es la situación política y el próximo acto electoral ya que, entienden que los cambios que puedan resultar de ese proceso, influyen en mayor medida en acreedores bancarios (sobre todo en los oficiales) y en algunas empresas multinacionales.

Al igual que Garbarino, Ribeiro se vio muy perjudicado por la inestabilidad económica argentina en sus ventas.

El informe también menciona una serie de circunstancias particulares que enrarecen el proceso de negociación de la propuesta y que la convierten en un hecho "naturalmente complejo", no solo por la cantidad de acreedores, sino también por su diferente idiosincrasia.

"Las características de la empresa y su historia han justificado que la negociación del ofrecimiento estuviese a cargo de su principal accionista y Presidente del Directorio: Manuel Ribeiro. El, no solo es la representación de la historia de la compañía, sino también el protagonista principal de su crisis, asumiendo los problemas, intentando propuestas y obteniendo el stand & still y enfrentando los avatares de los hechos posteriores (pandemia, emergencia, etc.)", detalla en otro párrafo el documento.

Para los ejecutivos de la cadena, este modo de negociación personal y directa, desde el comienzo se ha revelado como inexorable para evitar que el curso de las tratativas no asumiera derivaciones marginales, imposibles de asumir ya que, a pesar de la demanda personal que significa, ha evitado situaciones de esa naturaleza.

La modalidad también implica una logística y esfuerzo personales considerados arduos y engorrosos, que elonga las primeras reuniones, pero facilita las siguientes, donde puede acudirse a la delegación.

Pero más allá de las características del proceso de consenso, el informe advierte que se han enfrentado otras situaciones como dificultades con algunos acreedores ya que "en el elenco del pasivo de la deudora, muchos interlocutores deciden por si, en tanto otros tienen instancias organizacionales que complican la decisión".

Ribeiro advirtió a los bancos por irregularidades

En este punto, el paper de Ribeiro hace referencia a ciertas "situaciones particulares, que ameritan ser consideradas para esta petición".

Manuel Ribeiro, principal accionista y Presidente del Directorio, es quien encabeza las negociaciones.

Un caso es el de los bancos, acreedores muy relevantes y con los que anteriormente la cadena había negociado una refinanciación a fin de evitar la solución concursal. Fue una instancia en la que se arribó al stand&still y donde las posibilidades de éxito eran muy altas, si no hubieran sucedido los eventos extraordinarios como los que la cadena plantea en su nota.

"En situación de concurso, los bancos son acreedores profesionales, habituados a la negociación de propuestas y a esgrimir las consecuencias patrimoniales que les significa el concursamiento de su deudor (régimen de clasificación de deudores, provisiones, efectos sobre su responsabilidad patrimonial computable, etc.)", sostiene el paper.

En ese marco, señala que la existencia de garantías de terceros también complica las tratativas, ya que la evidencia de saldos descubiertos o la tenencia de activos no ejecutados constituyen factores de incidencia, ya que su evolución frente a las circunstancias analizadas, es sumamente relevante.

Para los abogados de Ribeiro, "una situación como la señalada, junto con su condición de entidad multinacional, por ejemplo, es la que ha complicado el vínculo con el Banco Patagonia que ha motivado que nos viéramos obligados a solicitar su autoexclusión voluntaria".

Del mismo modo critica la colectivización de las decisiones, con la intervención de áreas de administración crediticia, ya que demora las definiciones.

Los cuestionamientos también se amplían a otros bancos privados que comparten con el Patagonia su condición de banca multinacional, vínculo que retarda las decisiones, en muchos casos por exigencias en el nivel de aprobación o, en otros, por el impacto de las provisiones locales en los estados contables internacionales.

Ribeiro advirtió al Banco Patagonia por las garantías de terceros.

En el caso de la banca oficial, los factores políticos contribuyen a la estrictez de las respuestas, la excesiva formalización de las tratativas y la rigidez de las decisiones, que involucran muchas instancias, las más altas muy sensibles al factor político por el origen de los cargos, lo cual dilata en grado sumo las definiciones.

Negociaciones demoradas: Ribeiro pide 90 días

Situaciones similares a las señaladas respecto de los bancos se le han presentado a Ribeiro con acreedores prestadores de servicios, de estructura multinacional, y ha demorado las tratativas y, en algunos casos, ha motivado la mejora.

En otro orden, el informe explica que cuando la deudora categorizó al universo de acreedores titulares de Obligaciones Negociables (ON), tuvo en cuenta su particular configuración. Jurídicamente son acreedores comunes, provistos de un título valor transable en el mercado de capitales. Pero, personalmente, son individuos que, o fueron parte de la historia de Ribeiro, o se incorporaron en su transcurso y, siempre, depositaron su confianza personal en la empresa y su evolución.

"Originariamente, incluso, estaban ubicados geográficamente en dos ámbitos: Villa Mercedes, San Luis y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchos hoy están subrogados por sucesores, también individuales", agrega el informe.

Por eso y más allá de haber adoptado como temperamento más apropiado a la sinceridad de su oferta, la negociación personal, en el caso de estos acreedores, además, se impone por la configuración del universo. Y en este grupo cada voto cuenta y todos participan en la decisión colectiva, más allá de que ella se expresa en una Asamblea.

En este sentido, para Ribeiro "las reacciones y los temores se contagian y los factores analizados influyen decisivamente. Además todo debe explicarse precisamente por su condición de acreedores que no son inversores profesionales y que, en algunos casos, están asesorados por abogados con poca experiencia concursal y ninguna obligacional".

Ribeiro pidió 90 días para renegociar la deuda con sus acreedores.

Por eso, la empresa pide que a la Asamblea debe llegarse con un cierto consenso alcanzado que hasta ahora no se ha logrado y por lo cual la empresa pide más tiempo porque se han acentuado las indefiniciones en la mayoría de los acreedores y cada modificación en ellos, las ha dilatado aún más.

"Con el fin de evitar todas las incidencias señaladas y posibilitar el curso de tramitaciones, autorizaciones, comités y directorios y todas las modalidades que cada acreedor exige antes de prestar su aprobación, estimamos como plazo necesario el de 90 días", reclama Ribeiro al juez que entiende en su proceso concursal.

Además, le agrega una mejora a su propuesta vinculada a que si después de destinarse el 55 % del producido de la venta del bien fideicomitido al pago de los créditos concurrentes quedara un saldo en el monto de esos créditos, este se abonará conforme los términos y condiciones de la propuesta subsidiaria.

El pedido fue escuchado, ya que se le concedió una nueva y excepcional prórroga del período de exclusividad fijando su vencimiento para el 26 de octubre de 2023. En su fallo, el juez dejó sin efecto la audiencia anterior y estableció una nueva fecha para el 19 de octubre próximo a las 10 horas.