Una multinacional se mete en la disputa para quedarse con Vicentin junto a una empresa local
La reestructuración de Vicentín ingresó en un momento decisivo. Según trascendió en las últimas horas, la multinacional Cargill se encuentra en conversaciones avanzadas para respaldar la oferta de la empresa corredora Grassi SA, que busca hacerse con los activos de la firma santafesina a través del mecanismo judicial de cramdown.
Si bien la empresa confirmó que mantiene charlas preliminares, aclaró que su participación sería limitada a un acuerdo comercial con Grassi, en caso de que esta logre imponerse en la puja. Cabe recordar que Vicentin fue hasta 2019 uno de los principales exportadores de soja del país, hasta que la empresa pidió concurso preventivo con deudas impagas por 1.300 millones de dólares.
Entre sus activos más valiosos figura una participación del 33% en la planta de molienda de soja de Timbúes, considerada la mayor del mundo, con capacidad para procesar más de 30.000 toneladas diarias. Ese paquete accionario, junto a otras instalaciones, incluidas una terminal sojera y una planta de girasol, se encuentra en disputa en un proceso concursal que definirá quién se queda con el control de la empresa.
Los interesados en adquirir Vicentín
Además de Grassi, en la lista de interesados aparecen otros pesos pesados del comercio global de granos: Bunge Global SA, que ya posee el 67% restante de la planta de Timbúes, y Louis Dreyfus Company, en alianza con Molinos Agro SA, controlada por la familia Pérez Companc.
No obstante, Grassi, lega con una ventaja: fue la que forzó la apertura del cramdown, luego de que la Justicia declarara inconstitucional un intento de rescate liderado por Bunge y avalado por la familia fundadora. Esa maniobra permitió que la causa quedara abierta a ofertas de distintos competidores.
En los próximos días, los interesados tienen que presentar propuestas a los acreedores, que incluyen a cientos de productores y acopiadores de la región pampeana. Para que un plan prospere, es necesario que reuna la adhesión de más de la mitad de los acreedores y dos tercios del monto de la deuda antes de fines de octubre, requisito previo a la homologación judicial.
Sin embargo, la incertidumbre rodea el futuro de una de las compañías más importantes del complejo agroexportador argentino. Lo que está en juego no es solo la continuidad de Vicentin, sino también la definición de quién controlará activos estratégicos en la industria aceitera local, clave para las exportaciones del país.
Vincentín opera en mínimos
Hasta que se define el rescate, las plantas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone trabajan bajo el esquema de fasón, procesando granos para terceros. No obstante, están bajo inconvenientes técnicos y limitaciones de capacidad. Según el gremio aceitero, los equipos sufren roturas frecuentes y solo se asegura procesamiento de girasol hasta octubre/noviembre y de soja hasta febrero de 2026.
El frente industrial forma parte del desafío para cualquier nuevo controlador: reactivar la capacidad productiva y sostener el empleo, en una empresa que fue un emblema del agro argentino antes del default de diciembre de 2019, que derivó en el concurso más grande de la historia privada local, con pasivos que superan los u$s1.500 millones.