Preocupación de argentinos por un impuesto que puede frenar las inversiones en Punta del Este

El proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, presentado por el gobierno del presidente uruguayo Yamandú Orsi el 1 de septiembre pasado puede frenar la ola inversora argentina, en especial, en Punta del Este.

Se trata de una iniciativa que propone gravar rentas de depósitos e inversiones en el exterior de residentes uruguayos, incluidos extranjeros, y aplicar un impuesto mínimo del 15% a empresas con facturación superior a los u$s750 millones.

Si bien la medida busca recaudar u$s360 millones anuales, el impacto podría llegar a ser inverso si se tiene en cuenta la preocupación que ha generado en los 20.000 ciudadanos argentinos que residen en Uruguay, atraídos por su régimen fiscal favorable.

Ocurre que el plan amplía el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para incluir ganancias de capital en activos fuera del país, exentas desde 2007, y busca cumplir con el estándar global de la OCDE.

Desincentivar las residencias

La mayor preocupación se centra en el departamento de Maldonado, donde se encuentra Punta del Este y en donde los argentinos representan el 40% de las transacciones inmobiliarias de lujo y el 65% del turismo de alto poder adquisitivo.

Varios medios periodísticos de esa localidad recogieron opiniones adversas al proyecto del presidente uruguayo con opiniones, por ejemplo, de Javier Sena, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, quien señaló que "los inversores con activos en Estados Unidos o Europa enfrentarán una carga impositiva del 12-22%, lo que podría desincentivar residencias".

También sostuvo que las medidas podrían frenar el "boom" de compras de inversores argentinos quienes además estarían analizando reconsiderar sus estadías en el país vecino.

En este sentido, el presidente Orsi defendió el proyecto y lo calificó como "esencial para la eficiencia recaudatoria sin subir impuestos generales".

Sin embargo, la iniciativa también generó críticas internas en la política uruguaya, teniendo en cuenta que varios referentes opositores cuestionan el riesgo para sectores como el inmobiliario y el turismo.

Reunión sin resultados

Se trata de dudas compartidas por los principales referentes del mundo inversor de Punta del Este, quienes ya transmitieron al propio presidente Orsi su "alta preocupación" por las "ambigüedades" que tendría el proyecto de ley oficial.

Advirtieron sobre "incoherencias" en esta iniciativa que se encuentra incluida en los artículos tributarios del proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el 2026, que el gobierno uruguayo ya envió al Parlamento.

Los planteos de los empresarios fueron escuchados por el Presidente durante un encuentro mantenido en la casa de gobierno a fines de la semana pasada y de la cual participaron inversores inmobiliarios como Sergio Grosskopf; Maximiliano Chabsis; Ernesto Kimelman; Juan Etcheverrito y Gustavo Mochón.

La inquietud central de estos hombres de negocios gira en torno a cambios impositivos propuestos por el gobierno uruguayo que amplían el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para gravar rentas de capital en el exterior, como ganancias bursátiles e inmobiliarias de residentes fiscales uruguayos, incluidos extranjeros.

Esta medida, alineada con el impuesto mínimo global de la OCDE, genera temores sobre la posibilidad de que se erosione el atractivo de Uruguay para inversores internacionales, especialmente argentinos, que representan hasta el 40% de las transacciones de lujo en Punta del Este.

Boom en riesgo

En el sector inmobiliario de Punta del Este, se sostiene que los tributos podrían frenar el flujo inversor y, de este modo, terminar con el negocio de la construcción que viene siendo exitoso en el mayor balneario de Uruguay.

Los empresarios pidieron "claridad" en la redacción del proyecto, ya que, por ejemplo, interpretan de forma diversa el alcance sobre el régimen de la exención temporal para nuevos residentes fiscales.

También recuerdan que corre riesgo el boom inmobiliario en Maldonado, que mostró un crecimiento del 450% en compras argentinas en el 2024, ya que se teme una fuga hacia destinos como Panamá o Asunción del Paraguay.

Es decir, Punta del Este enfrenta por estas horas un desafío que podría frenar su desarrollo inmobiliario y la llegada de capitales extranjeros, de acuerdo a la opinión de importantes referentes desarrollistas del sector que piden cambios urgentes al proyecto del presidente Orsi.

Lo que reclaman es la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 10% que grava la venta de inmuebles en edificios en altura, ya que más que un gravamen lo consideran como una "multa" que castiga la inversión extranjera y el desarrollo económico local.

Advierten que este impuesto, aplicado al momento de la entrega de la posesión de los inmuebles, desalienta la llegada de capitales externos y pone en desventaja competitiva a Uruguay frente a otros mercados como Argentina o Miami.

Un "castigo"

Según los inversores, el impuesto no solo afecta la rentabilidad de los proyectos, sino que también contradice el espíritu de fomentar la inversión extranjera en un sector clave para la economía del país.

De acuerdo a una nota del Diario de Punta del Este, los empresarios coinciden que el IVA del 10% que se aplica sobre el valor total de la escritura, incluye no solo el precio de venta, sino también el costo del terreno, la mano de obra, los materiales y los años de trabajo invertidos en la construcción.

Por eso lo califican también como un "castigo", explicando que se paga al momento de entregar la llave, incluso si el pago del comprador está financiado a uno o dos años, lo cual genera un costo financiero significativo para los desarrollistas, que deben adelantar el pago del impuesto antes de recibir el total del valor de la venta.

Según la visión de los empresarios, se trata de un impuesto que no tiene equivalencia en mercados como Miami, donde los compradores son predominantemente extranjeros, o en Argentina, donde el consumidor es mayoritariamente local y no se aplica una alícuota similar en la venta de inmuebles de estas características.

A modo de contrapropuesta, los hombres de negocios con operaciones en Uruguay le proponen al presidente Orsi una reforma en la aplicación del IVA, basada en una escala que incentive las grandes inversiones.

Aseguran que quienes invierten menos pueden pagar ese 10%, pero que a partir de inversiones de entre u$s20 millones o u$s30 millones deberían abonar un 5%, y de u$s50 millones para arriba, que queden exentas de cualquier pago.

Según esta lógica, los proyectos de mayor envergadura, que generan más empleo y traen mayores cantidades de divisas al país, no deberían pagar el impuesto, tal como ya ocurre con actividades de exportación, como la carne o las materias primas.

Sin respuestas oficiales

De acuerdo a una nota publicada por Correo de Punta del Este, la preocupación entre los desarrolladores inmobiliarios es generalizada ya que la percepción general es que el IVA del 10% no solo afecta la rentabilidad de los proyectos, sino que también pone en riesgo la viabilidad de nuevas inversiones en el sector.

En la nota del medio uruguayo también se cuestiona la falta de respuesta de las autoridades uruguayas, a pesar de las reuniones mantenidas con varios funcionarios.

"La resolución de este conflicto podría marcar la diferencia entre un nuevo auge inmobiliario en Punta del Este o un estancamiento que aleje a los inversores hacia otros destinos más competitivos", se advierte en el artículo.