Intercargo: ¿junio será el mes de la verdad para una privatización clave de Milei?

El Gobierno llegó a junio con una incógnita que excede largamente a Intercargo. Después de tres postergaciones consecutivas, la administración de Javier Milei enfrenta una prueba que el mercado considera clave para medir la viabilidad de todo su programa de privatizaciones.

La pregunta es simple: ¿habrá finalmente ofertas concretas el próximo 25 de junio o la venta volverá a sufrir otro retraso?

La expectativa no es menor.

Intercargo se convirtió en el expediente más avanzado del programa de privatizaciones habilitado por la Ley Bases y, por esa razón, es observado como un termómetro para medir el verdadero interés que despiertan los activos estatales argentinos en el sector privado.

La nueva fecha fijada para el 25 de junio aparece ahora como una instancia decisiva.

Si ese día aparecen varios competidores, el Gobierno podrá mostrar que existe demanda por las empresas públicas que pretende vender.

Si la participación resulta escasa o surgen nuevas demoras, el impacto excederá ampliamente al negocio aerocomercial.

La valuación que genera dudas en el mercado

La licitación prevé la transferencia del 100% del paquete accionario de Intercargo y establece un precio base de u$s45,12 millones.

La compañía presta servicios de asistencia en tierra, carga y descarga de aeronaves, manejo de equipajes y apoyo operativo en los principales aeropuertos argentinos.

Con más de 1.500 empleados y presencia en más de una veintena de terminales aéreas, durante décadas operó bajo un esquema que le permitió dominar prácticamente sin competencia el negocio de rampas.

La empresa tiene presencia en aeropuertos estratégicos como: Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Bariloche, Iguazú, Neuquén y Ushuaia.

Sin embargo, cuando llegó el momento de venderla, el escenario ya era otro.

La administración libertaria decidió avanzar simultáneamente sobre dos objetivos: privatizar Intercargo y terminar con su histórica posición dominante.

Como consecuencia de esa política comenzaron a obtener autorizaciones empresas como:

• Fly Seg
• Air Class Cargo
• Global Protection Service
• Handyway Cargo

La medida fue celebrada por aerolíneas privadas que reclamaban desde hace años una mayor competencia en el servicio de rampas.

Pero también introdujo una variable incómoda para el proceso de venta.

Quien compre Intercargo ya no accederá a una empresa con un mercado cautivo, sino que deberá competir por contratos y clientes en un negocio que el propio Gobierno decidió abrir.

Esa realidad explica parte de las dudas que persisten en torno a la valuación oficial y también algunos de los interrogantes que sobrevuelan las sucesivas postergaciones.

En el sector no descartan que la extensión de los plazos haya tenido como objetivo ampliar el universo de interesados y evitar una licitación con escasa participación.

Los posibles compradores que aparecen en escena

Aunque la Agencia de Transformación de Empresas Públicas mantiene reserva sobre los interesados, en el mercado existen algunos nombres que aparecen recurrentemente.

Uno de ellos es el empresario Horacio Paolini, vinculado a Escalum Investment e Invhora, grupos que vienen ganando presencia en actividades logísticas y aeroportuarias.

Su interés por Intercargo comenzó a mencionarse luego de que compañías relacionadas obtuvieran habilitaciones para operar servicios de asistencia en tierra.

Junto a los grupos locales también hubo consultas de operadores internacionales especializados en handling aeroportuario con actividad en América Latina y Europa, aunque hasta el momento no se conocen ofertas formalizadas.

La incógnita sobre cuántos competidores llegarán finalmente al proceso es, precisamente, uno de los factores que más atención concentra dentro del mercado.

Una licitación con varios participantes permitiría validar el precio fijado por el Estado y demostrar que existe interés genuino por el activo.

Un escenario con pocos oferentes podría generar el efecto contrario.

Por qué esta venta vale más que sus 45 millones

Para la Casa Rosada, Intercargo representa bastante más que una operación valuada en u$s45 millones.

El Gobierno necesita mostrar que su programa de privatizaciones puede traducirse en resultados concretos.

Hasta ahora, la estrategia oficial avanzó más rápido en anuncios, decretos y reformas regulatorias que en transferencias efectivas de empresas al sector privado.

Solo hay algunos ejemplos como IMPSA, el capital estatal en Transener y algunas concesiones viales y de centrales hidroeléctricas.

Por eso, dentro del mercado financiero y empresarial existe consenso en que la venta de Intercargo funciona como un caso testigo.

La operación permitirá medir no sólo el atractivo de una empresa estatal específica, sino también el apetito inversor por el resto de los activos que el Gobierno pretende poner en manos privadas.

Las mega privatizaciones que esperan su turno

La relevancia de esta licitación también está vinculada con lo que viene después.

En la agenda oficial todavía figuran procesos de mucha mayor escala económica y complejidad operativa.

Entre ellos aparece AySA, considerada la joya del paquete de empresas estatales; Belgrano Cargas, cuyo esquema de privatización contempla separar infraestructura, operación y talleres para facilitar el ingreso de distintos operadores; y Correo Argentino, otro de los activos que el Ejecutivo pretende transferir al sector privado.

A ellos se suman las concesiones de rutas, corredores viales e infraestructura de transporte que forman parte del plan oficial para reducir la participación del Estado en la economía.

Por esa razón, empresarios, bancos de inversión y potenciales interesados siguen con atención cada movimiento alrededor de Intercargo.

La lectura es que si una compañía valuada en poco más de u$s45 millones encuentra compradores y genera competencia, el camino para futuras operaciones será más sencillo.

Si aparecen dificultades incluso en esta instancia, las dudas sobre el resto de los procesos inevitablemente crecerán.

La fecha que definirá el futuro del programa completo

Con el nuevo cronograma ya definido, todas las miradas apuntan ahora a la fecha prevista para la apertura de sobres.

Ese día comenzará a saberse si las postergaciones respondieron únicamente a cuestiones administrativas o si, como sospechan algunos actores del mercado, estuvieron vinculadas con la necesidad de sumar interesados y garantizar una licitación competitiva.

También será el momento de comprobar si la valuación oficial de u$s45,12 millones encuentra respaldo entre los potenciales compradores.

Pero, sobre todo, permitirá medir algo más importante: la capacidad del Gobierno para transformar en hechos uno de los pilares centrales de su programa económico.

Porque la discusión ya no gira únicamente alrededor de una empresa de servicios aeroportuarios.

Lo que se pondrá a prueba antes de que termine junio será la capacidad del Gobierno para demostrar que existe interés privado por los activos estatales que pretende vender, con Intercargo como primera respuesta y expedientes mucho más grandes esperando detrás como AySA, Belgrano Cargas y Correo Argentino.