Milei acelera la liquidación del Procrear y pone en venta otros dos grandes predios
La liquidación del plan Procrear lanzado por el anterior gobierno kirchnerista dejó de ser una decisión administrativa para convertirse en un negocio inmobiliario de gran escala.
De hecho, el Gobierno comenzó a ofrecer al mercado terrenos que durante años estuvieron reservados para desarrollos urbanísticos financiados por el Estado y que ahora buscarán nuevos dueños mediante subastas públicas.
El nuevo paso quedó formalizado con las resoluciones 133 y 134 de la Secretaría de Obras Públicas que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Nación de este martes 14 de julio.
Las normas autorizan la venta de dos predios estratégicos ubicados en Junín y Mercedes, ambos en la provincia de Buenos Aires.
Entre los dos suman casi 39.100 metros cuadrados y tendrán un precio base superior a los u$s11,2 millones, reflejando el rumbo que eligió la administración de Javier Milei para cerrar definitivamente el capítulo del Procrear.
Más allá del monto, las decisiones reflejan el rumbo que eligió la administración de Javier Milei para cerrar definitivamente el capítulo del Procrear.
En lugar de reactivar obras que quedaron inconclusas o avanzar con nuevos planes habitacionales, a través del Ministerio de Economía se optó por desprenderse de los activos que integraban el patrimonio del fondo fiduciario disuelto a fines de 2024 y abrir la puerta a la inversión privada.
El proceso forma parte de la política oficial de reducción del Estado y de venta de bienes públicos considerados prescindibles.
En este caso, no se trata de edificios o inmuebles ociosos, sino de terrenos que habían sido incorporados a uno de los programas de vivienda más importantes de las últimas décadas y donde estaban previstos desarrollos urbanísticos que finalmente nunca se completaron.
Dos terrenos que vuelven al mercado
El activo de mayor valor está ubicado en la ciudad de Junín, entre las calles San José Obrero, Intendente Borchex, Capitán Vargas y Chacabuco.
Se trata de un predio de 21.347 metros cuadrados que el Tribunal de Tasaciones de la Nación valuó en más de u$s7,4 millones.
Sin embargo, para favorecer la competencia en la subasta, el Gobierno fijó un precio base de u$s7.061.772, equivalente a poco más de $10.550 millones según la valuación oficial utilizada en el expediente.
La segunda operación corresponde a un terreno ubicado sobre el Acceso Manuel San Martín, en la ciudad de Mercedes.
Allí el Estado pondrá a la venta una superficie de 17.714 metros cuadrados, con un precio mínimo de u$s4.235.602, luego de que el Tribunal de Tasaciones estimara un valor de mercado cercano a u$s4,46 millones.
En conjunto, ambos activos representan una operación inicial de u$s11,3 millones, aunque el monto final dependerá de las ofertas que se presenten durante las subastas electrónicas que se realizarán a través de la plataforma oficial SUBAST.AR.
El cambio de rumbo
La decisión no surgió de manera aislada sino que forma parte del plan decidido por el Poder Ejecutivo luego de disolver el Fondo Fiduciario Procrear mediante el Decreto 1018/2024.
En ese momento también encomendó al ministerio que dirige Luis Caputo revisar uno por uno los desarrollos urbanísticos que permanecían en distintas etapas de ejecución.
El objetivo era determinar si convenía terminar las obras, transferirlas a otros organismos o directamente vender los inmuebles, ya que el Gobierno avisa que ya no pretende actuar como desarrollador inmobiliario ni financiar complejos habitacionales con recursos públicos y que la prioridad ahora es monetizar esos activos y acelerar la liquidación del patrimonio que pertenecía al programa.
Los expedientes de Junín y Mercedes muestran cuál fue el criterio finalmente adoptado ya que, en ambos casos, la documentación oficial reconoce que las obras permanecían suspendidas mientras el Estado analizaba su futuro.
Tras esa evaluación, Economía descartó continuar con los proyectos y resolvió avanzar con su venta mediante subasta pública.
A modo de mensaje, el Gobierno avisa que ya no pretende actuar como desarrollador inmobiliario ni financiar complejos habitacionales con recursos públicos y que la prioridad ahora es monetizar esos activos y acelerar la liquidación del patrimonio que pertenecía al programa.
Ese cambio también modifica el perfil de los potenciales interesados.
Donde antes el protagonista era el Estado construyendo viviendas, ahora aparecen constructoras, desarrolladores inmobiliarios, fondos de inversión y grupos empresarios que pueden incorporar tierras urbanas con infraestructura ya planificada para transformarlas en emprendimientos privados.
Un negocio que empieza a despertar interés
La salida al mercado de estos dos predios no sólo representa un nuevo paso en el cierre del Procrear sino que también abre una ventana de oportunidades para un sector inmobiliario que, tras la estabilización macroeconómica y la recuperación del crédito hipotecario, volvió a mirar con interés los proyectos de mediano y largo plazo.
En el mercado coinciden en que los grandes terrenos urbanizados son cada vez más escasos, especialmente aquellos que ya cuentan con estudios previos, infraestructura proyectada y una situación dominial regularizada.
Por eso, la decisión del Gobierno podría despertar el interés de desarrolladoras nacionales, constructoras e incluso inversores institucionales que buscan ampliar sus bancos de tierras.
En ambos casos no se trata de lotes aislados sino que son predios que habían sido incorporados al Procrear precisamente por su potencial para desarrollar barrios o complejos habitacionales.
Se trata de una condición que ahora podría ser aprovechada por el sector privado, siempre dentro de las normas urbanísticas que establezcan los municipios.
Otro dato que sigue de cerca el mercado es el valor fijado para las subastas a pesar de que los precios fueron establecidos por el Tribunal de Tasaciones de la Nación sobre la base de inspecciones realizadas durante 2025.
Esto se debe a que el Gobierno decidió fijar un precio mínimo inferior al valor venal de cada inmueble para incentivar la competencia entre los oferentes.
En el caso de Junín, el Tribunal estimó un valor de mercado de u$s7,43 millones, aunque la base quedó fijada en u$s7,06 millones mientras que en Mercedes la tasación alcanzó u$s4,46 millones, pero el precio mínimo para participar de la subasta será de u$s4,23 millones.
La diferencia ronda el 5% en ambos casos, una práctica habitual en este tipo de operaciones para facilitar que el proceso competitivo impulse el precio final.
El rol del Banco Hipotecario
Uno de los actores menos visibles, pero más importantes de todo el proceso, es el Banco Hipotecario.
Aunque el Procrear dejó de existir como fondo fiduciario, el Gobierno decidió mantener a la entidad como administradora de buena parte de los activos que quedaron bajo la órbita estatal.
Para eso, en septiembre de 2025 el Ministerio de Economía firmó con el banco un contrato de mandato mediante el cual le delegó la administración y disposición de los inmuebles pertenecientes al extinto programa.
Eso incluye la conservación de los bienes, la regularización de la documentación, las tareas previas a las ventas y toda la operatoria necesaria para concretar las subastas, aunque las decisiones finales continúan dependiendo de la Secretaría de Obras Públicas.
En los expedientes también intervino la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que verificó la situación registral de los inmuebles antes de autorizar el proceso de venta.
Cómo será la subasta
Más allá de la participación del Hipotecario en el proceso, las resoluciones explican que las dos operaciones se realizarán bajo el régimen de contrataciones del Estado y utilizarán la plataforma electrónica SUBAST.AR, el sistema que el Gobierno emplea para vender bienes públicos.
También se aprobaron los pliegos de bases y condiciones particulares que regirán cada procedimiento y delegaron en la Subsecretaría de Obras y Servicios la posibilidad de emitir aclaraciones o modificaciones durante el proceso licitatorio.
En las próximas semanas deberán publicarse las fechas de apertura, las condiciones para participar, las garantías exigidas y el cronograma completo de las subastas, momento a partir del cual cualquier empresa o inversor que cumpla con los requisitos podrá presentar ofertas.
El fin de un modelo de política habitacional
La venta de los predios de Junín y Mercedes también simboliza el cierre definitivo de una etapa en la política de vivienda de la Argentina.
Creado en 2012, el Procrear nació con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia mediante líneas de crédito y el desarrollo de barrios construidos sobre tierras del Estado.
Durante sus distintas etapas impulsó miles de viviendas, generó actividad para la construcción y se convirtió en uno de los principales programas habitacionales del país.
Sin embargo, también acumuló demoras, cambios de diseño, proyectos inconclusos y dificultades financieras que se profundizaron en los últimos años.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el programa quedó bajo revisión.
El Gobierno sostuvo que el Estado no debía seguir actuando como desarrollador inmobiliario y decidió disolver el fondo fiduciario, transfiriendo al Ministerio de Economía la responsabilidad de administrar y liquidar todos sus activos.
Desde entonces, la prioridad dejó de ser terminar las obras paralizadas para pasar a definir cuáles podían transferirse, cuáles debían regularizarse y cuáles directamente convenía vender.
De todos modos, el patrimonio remanente del Procrear todavía incluye desarrollos urbanísticos inconclusos, terrenos, viviendas sin adjudicar y otros inmuebles distribuidos en distintas provincias que continúan siendo analizados por el Ministerio de Economía.
De hecho, durante los últimos meses el Gobierno fue aprobando un régimen específico para desprenderse de esos activos, una señal de que la estrategia apunta a acelerar las ventas durante 2026.
Para desarrolladoras, constructoras y fondos especializados, ese escenario puede abrir un mercado que hasta hace poco estaba vedado, ya que muchas de esas tierras permanecían afectadas exclusivamente a programas públicos de vivienda.
Ahora podrían convertirse en nuevos barrios privados, complejos residenciales, edificios de departamentos o emprendimientos de usos mixtos, dependiendo de las condiciones urbanísticas y de las decisiones que adopten los municipios donde se encuentran ubicados.