Las dos empresas que pelean con quedarse con el control de AySA

Finalmente las ofertas técnicas para la concesión del 90% de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentina S.A. (AySA) se abrieron ayer y quedaron en carrera dos consorcios del total de los 17 que ofertaron. La fecha previa era 27 de agosto pero ese plazo se estiró hasta el 14 de septiembre y la adjudicación final será entre noviembre y fines de diciembre.

El primer aspecto es que se trata de una licitación sin precio base y esto significa que el pliego no fija un precio mínimo para vender un activo estratégico que da servicio de agua potable a unas 14 millones de personas habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del conurbano de la Provincia de Buenos Aires (PBA).

Para poder ser privatizada en forma de concesión AySA fue incluida en el artículo 7 de la Ley Bases como compañía sujeta a privatización. El pliego estipula una concesión a 30 años sin el cobro de un canon a la empresa adjudicataria y el Gobierno espera recaudar unos u$s500 millones.

El segundo aspecto que distingue la futura concesión de AYSA es que se trata de una empresa que será privatizada por segunda vez en su historia. En 1993 la empresa Aguas Argentinas S.A., manejada por la francesa Suez Lyonnaise des Eaux-Dumez y un grupo empresario argentino, se hizo cargo de la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hasta entonces había sido controlada por la empresa pública Obras Sanitarias de la Nación (OSN). Finalmente fue estatizada, durante la presidencia de Néstor Kirchner, en marzo de 2006 a través del decreto 304/2006 tras la rescisión del contrato con la concesionaria que le ganó un juicio al Estado en el CIADI.

Quiénes son los dos consorcios finalistas que pelean por AySA

La primera propuesta quedó registrada bajo la razón social Rowing S.A. Es la empresa de ingeniería fundada por Walter Román, que en los últimos meses avanzó en conversaciones con el empresario Mauricio Filiberti para estructurar una oferta conjunta. Filiberti es dueño de Transclor, proveedor de policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009, y socio de los empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano en la distribuidora eléctrica Edenor.

La empresa con mayor experiencia técnica internacional dentro de este consorcio es Arcos Saneamento e Participações S.A., la compañía brasileña que opera el servicio de agua potable y alcantarillado en Río de Janeiro bajo la marca comercial Águas do Rio, tras haberse adjudicado en 2021 una de las mayores subastas de saneamiento de la historia de Brasil. La cuarta integrante es PHX, un fondo de inversión con sede en los Países Bajos.

El segundo consorcio ganador es Roggio ROAS S.A.U., una UTE del Grupo Roggio, que hoy opera Aguas Cordobesas S.A. y es una de las empresas argentinas con mayor trayectoria específica en la operación de agua y saneamiento.

El Grupo Roggio también controla el subterráneo porteño a través de Emova y el ramal Urquiza de trenes mediante Metrovías. A Roggio se suman en la propuesta Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

Cuánto deberá invertir el futuro operador de AySA

Uno de los aspectos centrales del proceso de privatización es el compromiso de inversiones que deberá asumir quien resulte adjudicatario y, según informó el Gobierno, el futuro operador deberá cumplir con un Plan de Acción 2027-2031, que contempla inversiones por unos $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA.

En términos nominales, el Poder Ejecutivo destacó además que el esquema implicará inversiones superiores a los u$s2.000 millones durante los primeros cinco años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el nuevo operador tendrá la obligación de avanzar con obras destinadas a ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.

El plan establece metas concretas para 2031:

• Una cobertura mínima de 75,3% en agua y 63,9% en cloacas
• Objetivos que deberán incrementarse progresivamente hasta alcanzar, al finalizar el período inicial de la concesión, al menos el 90% y 75%, respectivamente

La decisión del Gobierno nacional de privatizar AYSA volvió a encender la discusión política, particularmente en la provincia de Buenos Aires (PBA), donde la empresa presta servicios a millones de usuarios.

La privatización de Aysa genera el mismo interrogante de principios de los 90 cuando la vieja Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fue privatizada y entregada a un consorcio conformado por el Grupo Suez y otras empresas argentinas.

Una investigación de los economistas Daniel Azpiazu y Karina Forcinito ofrece elementos claros de este proceso y señalan que los aumentos de tarifas por encima del índice de precios al consumidor y la falta de inversión impactó en una menor cobertura de la red de agua potable.

El estudio señala que, a pesar de que las tarifas debían permanecer estables durante los primeros diez años, la factura media del servicio residencial acumuló un incremento del 88,2% entre mayo de 1993 y enero de 2002. "Dicho incremento tarifario no guarda relación alguna con la variación de los precios al consumidor que entre el comienzo de la concesión y enero de 2002 sólo registró un crecimiento del 7,3%", destaca el informe.

Otro aspecto importante del estudio que está directamente relacionado con lo anterior es la razón por la cual el Grupo Suez ganó la licitación. El grupo francés había ganado la licitación con una rebaja del 26,9% de las tarifas. Sin embargo, la suba posterior de tarifas neutralizó por completo el descuento inicial con el que se ganó la licitación. El estudio destaca que los incumplimientos afectaron al 63% de la población comprometida en la oferta original (1.078.000 habitantes) para el servicio de agua potable, y al 88% de la correspondiente al servicio de cloacas (812.000 habitantes).

Qué obras se harán y cuáles quedan relegadas a la próxima década

El decreto 494, del 22 de julio de 2025, inició el proceso para que el Estado venda el 90% de la compañía ya que el 10% restante está en manos de trabajadores desde la privatización de 1993. El operador se hará del 51% de la empresa y el resto de las acciones se colocarán en el mercado bursátil. El presidente de AySA, Alejo Maxit, coordina el proceso con la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial que es el brazo privatizador del organismo multilateral y es el que le busca el concesionario.

El contrato de concesión que es el que se entregará a los nuevos concesionarios fija una inversión de u$s1.940 M para el primer quinquenio y u$s2.030 M para el segundo, hasta llegar a un total de u$s15.040 M en los 30 años de vigencia.

La presión de agua -el reclamo más repetido de los usuarios de la zona sur del conurbano- mejora del 58% al 61% y luego al 67% de las mallas con servicio satisfactorio, mientras que la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 de cloacas por ciclo completan una agenda que el propio pliego describe como de "estabilización operativa", no de expansión.

Las obras de mayor porte quedan, en su mayoría, fuera de la primera década de la concesión. Entre 2026 y 2036 se deben completar la terminación de Río Sur Tramo 1, la Impulsión Malvinas más Noroeste 1 y la ampliación de la planta de Bernal, junto con el cierre del Plan de Transición heredado de la gestión anterior.

Recién después de 2036 aparecen en el contrato:

• La construcción del Río Subterráneo Tramo 2
• La nueva toma de agua de Bernal
• Las cuatro plantas de tratamiento cloacal que la Región Metropolitana necesita hace años: Campo de Mayo, Laferrêre, Pilar y Escobar

Todas obras de entre u$s150 M y u$s560 M que el concesionario recién estaría obligado a encarar una vez terminado el segundo quinquenio.

Además no se prevé la universalización del servicio dentro de sus 30 años y esa meta queda relegada a una eventual prórroga, con una cobertura que llegaría, en el mejor de los casos, al 90% en agua y al 75% en cloacas.