El Gobierno se mantiene firme. Por estas horas, su postura es clara: que no haya excepciones con los empresarios que defraudaron al Estado.

Ésta es la orden que impartió Mauricio Macri a sus funcionarios para abordar la crisis del ex Grupo Indalo y de la empresa de correo OCA, que enfrentan reclamos millonarios de la AFIP por evasión de impuestos.

Pero si a la lista de firmas en problemas se le suma el caso de Cresta Roja, que ya quedó al borde de la cesación de pagos, la situación es más que delicada. Entre las tres empresas hay en juego cerca de 27.000 puestos.

Un panorama de fin de año complicado, al que podrían sumarse los 35.000 empleos que el Ministerio de Modernización analiza dar de baja en el Estado.

En este escenario, el Gobierno se topó con un dilema: ¿debe mantener a rajatabla la presión sobre empresarios a los que tacha de "delincuentes", o facilitarles una salida negociada a costa de resignar ingresos inmediatos para así evitar un incremento del desempleo en el sector privado?

En ambos casos, Cambiemos pagaría un costo político. Según los funcionarios, hacer excepciones mostraría flexibilidad con algunos frente al resto de los contribuyentes, que sí cumple con sus obligaciones.

"La norma indica que hay que proteger el crédito fiscal. Y si obligo a un monotributista a que pague, ¿a los más grandes qué les tengo que decir?", argumentan en la AFIP. Con el agravante, agregan, que "estos tipos armaron políticas para defraudar y evadir".

En este contexto, el fisco, encabezado por Alberto Abad, pasó a tener un rol muy protagónico en el manejo de la crisis.

No es para menos, el ex Grupo Indalo, hasta hace poco en manos de Cristóbal López, le debe cerca de $14.000 millones en impuestos a la transferencia de combustibles, mientras que OCA, a cargo de Patricio Farcuh, evadió más de $3.500 millones en cargas patronales.

En total, los pasivos suman el equivalente al 8% de la recaudación de noviembre, monto que dejó de percibir Abad.

Pero el Gobierno también es consciente del impacto social que tendría la caída en desgracia de ambas compañías.

No sólo corre el riesgo de ser responsabilizado por no haber evitado una eventual quiebra sino también de generar un daño colateral con el estallido de un potencial conflicto laboral.

"No somos boludos, no es lo mismo si se cae una persona en un Mirage que lo que estamos haciendo por los 44 del submarino. Socialmente el golpe es muy distinto", reconocen fuentes oficiales.

En los últimos días, el clima de incertidumbre se extendió dentro de Indalo, donde el personal empezó a percibir nuevamente sus sueldos en cuotas y a expresar sus reclamos en redes sociales, radios y el canal del grupo.

Se trata nada menos que de 4.000 empleos directos, la mayoría en la petrolera Oil Combustibles y Alcalis, y de unos 11.000 indirectos.

El conglomerado incluye a C5N, Radio 10, Mega, Pop, One, Ideas del Sur, Ámbito Financiero, Minuto 1 y Diario Registrado.

El escándalo llegó Showmatch, donde Pampita se mostró preocupada y amenazó con renunciar si no le pagaban. El conductor "Beto" Casella también se refirió a la situación en su programa "Bien levantado" en Pop.

A través de mensajes de Whastapp reveló la interna dentro del grupo, en el que los nuevos accionistas de Op Investment se verían imposibilitados de asumir su rol en la empresa por la inhibición de bienes dispuesta por la AFIP y, por ende, se niegan a hacerse cargo de las remuneraciones.

A la situación de Grupo Indalo se le suma la de OCA, la principal empresa de correo privado de país, que emplea a 7.000 personas en forma directa y a unas 4.000 de manera indirecta.

En su gran mayoría, son afiliados al poderoso gremio de Camioneros, conducido por Hugo Moyano. El sindicalista, de quien se presume es el verdadero propietario de la firma, mantiene una pulseada abierta con Macri.

Su hijo Pablo paralizó la reforma laboral con una protesta masiva frente al Congreso. Esa decisión, a contramano de la cúpula de CGT, fue leída en el Gobierno como una presión por OCA.

El caso de Cresta Roja es diferente. Ovoprot, el accionista mayoritario de la segunda avícola del país, anunció días atrás su inevitable default. Desde que el consorcio Proteinsa se hizo cargo, a fines de 2016, la fabricante de pollos tiene problemas para repuntar.

Sin embargo, no tiene reclamos de la AFIP y su situación, por ahora, no repercutió sobre los 900 empleados, que siguen cobrando sus salarios en tiempo y forma.

El gerente Santiago Perea se reunirá esta semana con los trabajadores para informarles sobre la cesación de pagos y el plan de cancelación de las indemnizaciones adeudadas.

Tire y afloje

Pese a este difícil panorama, en el Ministerio de Trabajo se mantienen optimistas.

Afirman que la situación de Cresta Roja "está en caminada" y consideran que OCA e Indalo no están en una situación complicada. Si así fuera, deberían solicitar un proceso preventivo de crisis.

"Si una empresa despide a más de 50 personas tiene que informarlo, pero ese no es el caso y no hay una gran crisis". En sintonía con la AFIP, sostienen que "las excepciones no van a ser la regla".

Pese a las señales de endurecimiento, Moyano consiguió una cuota de oxígeno en OCA: la prórroga por 20 días de su licencia para operar, la apertura del concurso de acreedores en la Justicia y la posibilidad de ingresar en un plan de pagos de la AFIP.

De saldar sus obligaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le renovaría la licencia a la firma, que en el Gobierno asocian directamente con el camionero.

En cambio, la situación se tensó en los últimos días y hubo mayor presión del Ejecutivo sobre el rebautizado grupo Ceibo, la nueva denominación que recibieron las compañías que manejaba Cristóbal López y que fueron traspasadas al fondo OP Investment, encabezado por Ignacio Rosner.

A través de un decreto, el Ejecutivo le rescindió el contrato de concesión a Autopistas Al Sur (AECSA), antes en manos de López, por el no pago de deudas por $4.000 millones.

"Hay que andar bien con la AFIP, hay que pagar los impuestos", dijo Macri en un acto, a modo de advertencia.

Las medidas y las señales se suman a un fallo de la Justicia que rechazó la apertura del concurso preventivo solicitado por Oil Combustibles y a la inhibición de bienes que pesa sobre la compañía, situación que congeló la operación de venta.

Todas estas acciones son denunciadas por OP Investment como parte de un "plan para quebrar al ex Grupo Indalo".

"Debe ser el único caso en el mundo en el que la autoridad recaudadora prefiere quebrar al deudor antes que cobrarle la deuda", advirtió el fondo en un comunicado.

El juez Héctor Vitale acusa a López y su socio Fabián De Sousa de haber cometido "un fraude a la ley" con la solicitud de evitar la quiebra de su grupo a través de la cesación de pagos.

La sentencia llegó luego de haber recibido una opinión de la AFIP en la que argumentó que la propuesta de reestructuración presentada por la empresa no cumple los requisitos.

"Ellos armaron un paquete. En lugar de dividir a las 70 empresas, llevan una al bulto sin garantías ni nadie con expertise", señalan fuentes del Gobierno.

Por otra parte, afirman que la venta nunca se concretó. "No existe ninguna operación, el juez tiene sus bienes inhibidos, ¿Dónde está el contrato de compraventa?", deslizaron fuentes oficiales.

Por lo pronto, desconfían del plan estratégico de OP Investment, que incorporó a la petrolera rusa Lukoil como socia de Oil Combustibles. "No es lo mismo un grupo ruso que uno alemán", aseguraron.

La sensación en el Ejecutivo es que Cristóbal López tiene el dinero suficiente como para saldar lo adeudado. En ese sentido, los funcionarios creen que la situación del empresario kirchnerista difiere de la de SanCor.

En el caso de la mayor cooperativa láctea del país -que estuvo al borde de la quiebra tras negociar contratos desfavorables con Venezuela-, se negoció un plan de reestructuración.

El mismo incluyó el cierre de al menos cuatro plantas, retiros voluntarios y la reforma del convenio colectivo, a cambio de un crédito del Banco Nación por $450 millones.

"SanCor ingresó en un plan de pagos y tuvo que presentar todo lo que se le pidió. No es lo mismo que Indalo, que no pide crédito. Lo que no quieren es poner la plata", explicaron.

Tampoco sería el mismo cuadro que el que atraviesa Electroingeniería, otra de las firmas emblemáticas de la era K: tras encender las alarmas, pagó Obligaciones Negociables (ON) por $300 millones que adeudaba.

En rigor, su presente es bastante más favorable que el de López o Lázaro Báez, el empresario de Austral construcciones ahora preso, ya que el Gobierno le autorizó la construcción de dos represas patagónicas.

La incógnita es hasta dónde podrá mantener Cambiemos su firme postura con el ex Grupo Indalo.

El riesgo es que el deterioro de la situación económica de la empresa desemboque en un conflicto indeseado, que muestre a un oficialismo insensible frente a la pérdida de miles de empleos.

Todo esto ocurre en el marco de una reforma laboral que es prioridad para el Ejecutivo, que requiere del visto bueno de la CGT para su impulso, y ante un Moyano que ve en las detenciones de gremialistas y allegados al club Independiente, el inicio de una "guerra fría" por parte de Macri.