Bonadio piensa que los Kirchner eran los beneficiarios finales de las coimas

Tras poco más de 20 días desde que inició la causa donde se investiga una estructura para la recaudación de fondos ilícitos y que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita, el juez federal Claudio Bonadio informó la cantidad de dinero secuestrado a la fecha como así también el estado de la causa que cuenta con, 15 detenidos, 11 liberados y más de 70 allanamientos.

Segun un informe presentado por el propio juez al Centro de Información Judicial (CIJ), se montó un aparato complejo desde el Estado. Bonadio indicó que esta maniobra muestra la existencia de "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor y Cristina Kirchner) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015".

“Procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, definió el juez de la causa.

Oscar Centeno fue quién condujo vehículos en donde Roberto Baratta y parte del entonces ministerio de planificación, durante ocho años, “efectuaron las cobranzas a distintos particulares”. Esto se sostuvo gracias a las medidas de prueba adoptadas.

El expediente que inició con 15 cuerpos, ya se duplicó y durante la instrucción se realizaron 70 allanamientos, 36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza, habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación.

Lo que se recuperó

Además, y según el informe judicial, ya se secuestraron en distintos allanamientos "mas de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados con un valor aproximado de $ 37.000.000 y $ 4.500.000". Como consecuencia el juzgado secuestró más $ 6.350.000, más de U$S 1.245.000 y más € 235.000. Como así también sumas de dinero expresadas en chilenos, uruguayos y reales, más nueve armas de fuego, equipos de telefonía móvil y electrónicos y finalmente, una gran cantidad de rodados de diferentes marcas y modelos, muchos de ellos de alta gama.

Hasta el momento, declararon 52 personas y se detuvieron 26 personas, “11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura".

La red de corrupción según el informe

Para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que "prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos–, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".

Al momento de dar detalles sobre el funcionamiento de la operación, el juzgado indicó: "previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación)".

La siguientes instancia y final era "derivar a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández y Julio Miguel De Vido"