Con la polémica por Vicentin, el kirchnerismo volvió a demostrar que no puede prescindir de su instinto peleador. La batalla contra enemigos del "campo nacional y popular" –reales o imaginarios- ha sido, desde siempre, parte central de la cultura política K.

A lo largo de su historia, intentó convertir en batallas épicas cada una de sus decisiones de gobierno, algunas de corte polémico y otras que apenas constituían medidas rutinarias. Es así que convirtió en motivo de cruzada la retención a la exportación agrícola, la ley de medios, la confiscación del fondo jubilatorio a las AFJP, la reestatización de Aerolíneas Argentinas y de YPF, los canjes de deuda y la pelea con los "fondos buitre", entre muchas otras. Cristina Kirchner hasta se anunció con bombos y platillos el ajuste jubilatorio por debajo de la inflación y el pago de un bono que constituía la "independencia financiera" del país.

Pero muchas veces había un problema con estas cruzadas: el resultado real de las medidas estaba lejos del que se planteaba en el discurso.

Por ejemplo, la lucha contra el campo derivó en una mayor dependencia de la soja; la ley de medios no logró disminuir el poderío de Clarín; la pelea con los "buitres" terminó en una derrota más cara de lo que habría salido un acuerdo temprano; la cruzada por imponer una cultura pesificadora no hizo eco ni entre los propios ministros de Cristina; la reestatización de Aerolíneas implica un costo diario de un millón y medio de dólares; y la de YPF ya costó u$s5.000 millones –más un juicio pendiente por u$s3.000- y tuvo que firmar contratos concesivos con grandes grupos globales para poder explotar Vaca Muerta. Y así sucesivamente.

El contraste entre la imaginación y la realidad

Con esos antecedentes, nadie puede sorprenderse de que la estatización de Vicentin también dejara entrever grandes distancias entre los objetivos declarados y lo que en el negocio agropecuario ven como la consecuencia real de una medida de ese tipo.

Entre los dirigentes de la poderosa Cámara de la Industria Aceitera cundió un total escepticismo en el sentido de que Vicentin pudiera –como esbozó Alberto Fernández- jugar en el campo un rol análogo al de YPF en los combustibles. Es decir, su participación de 9% en las exportaciones agrícolas no le permite fijar precios ni inducir al resto de los jugadores a tomar decisiones como, por ejemplo, vender los porotos guardados en silobolsas y liquidar más rápido las divisas.

De hecho, expertos del negocio agropecuario comentan con sorna el entusiasmo del kirchnerismo, que cree que con una Vicentin estatal empezará a controlar el comercio exterior y dejar que quede librado "a las fuerzas del mercado".

Más bien al contrario, opinan que Vicentin no tiene forma de incidir gran cosa, en un negocio donde los jugadores argentinos no son formadores de precios sino que toman las referencias del mercado internacional. Y, por otra parte, señalan que la parte de la compañía que sería objeto de la estatización son plantas atrasadas tecnológicamente, mientras las mejores unidades –que son las asociadas a Glencore- quedarían en la órbita privada.

Pero, sobre todo, está el tema de las divisas de la exportación, un tema híper sensible cuando el Gobierno busca resistir las presiones del mercado cambiario.

El kirchnerismo sigue viendo las silobolsas como una expresión de intentos desestabilizadores por parte del campo.

Los reflejos del kirchnerismo con ese tema pueden comprenderse a raíz de la experiencia del segundo mandato de Cristina. En aquel momento, tras tener que convalidar un salto devaluatorio, Axel Kicillof intentó –con poco éxito- acordar con los exportadores un "piso" de liquidaciones que permitieran previsibilidad en el ingreso de divisas.

Sin embargo, en el campo tampoco creen que el ritmo de liquidación de divisas pueda acelerarse si Vicentin cayera en manos del Estado. Para empezar, porque en gran medida ese ritmo depende más de los pequeños productores que de las grandes exportadoras.

Por otra parte, desde el campo rechazan la acusación de que haya una menor liquidación a la normal. Es más, sostienen que cuando se hace la cuenta en volúmenes y no en dinero, la conclusión es que lo liquidado este año está dentro del promedio histórico, alrededor de un 50% de la cosecha hasta junio.

Pero claro, esto implica, para quienes sostienen la teoría conspirativa, que podría haber un equivalente a u$s6.000 millones guardados en silobolsas, y que ralentizan su venta como parte de una maniobra para forzar una devaluación.

El regreso de la épica

En todo caso, si Vicentin finalmente no será tan importante para los fines de ganar injerencia en el negocio del campo, ¿por qué el kirchnerismo aparece entusiasmado con la idea de esta nueva estatización? La respuesta aparece muy clara: por su importancia en el plano político y simbólico.

Basta con repasar el comunicado de La Cámpora, las declaraciones de los dirigentes políticos y los editoriales de los medios de comunicación afines al kirchnerismo para entender el "alivio" que significa poder, por fin, abandonar la agenda de la coordinación y "buena onda"con la oposición para gestionar la cuarentena y poder pasar a la lógica confrontativa que está en el ADN kirchnerista.

En las semanas previas al anuncio sobre Vicentin, se notaba cierta fatiga por parte de estos medios, que ante la ola de malas noticias derivadas de la cuarentena no encontraban forma de cultivar la mística militante con la agenda local y no tenían más remedio que dedicar largos espacios en TV, diarios y páginas web a los problemas de Bolsonaro y Donald Trump.

Es por eso que lo de Vicentin excedió ampliamente el caso puntual de la empresa: implicó un punto de inflexión. Al decir del politólogo Rosendo Fraga, implica "el quiebre del pacto de paz entre el oficialismo y la oposición". Y, por sobre todo, un regreso de Cristina Kirchner a una posición protagónica.

"Me parece que la Casa Rosada se va adecuando a la velocidad que le impone la vicepresidenta. Si prestamos atención a los hechos de las últimas horas, a la presencia de Cristina en los juzgados de Loma de Zamora, a los dichos del ministro Berni que la calificó como la líder del espacio político, y al anuncio de Alberto Fernández, va quedando lejos la idea de una política más conciliadora, que se había conformado durante la pandemia", señaló Fraga.

Además, como todos sus colegas, destacó la importancia simbólica de la expresión "soberanía alimentaria", que está en sintonía con el planteo que había hecho la diputada Fernanda Vallejos, en el sentido de tomar porciones accionarias de empresas en crisis como forma de protegerlas contra posibles compras hostiles de parte de fondos de inversión que aprovechen la pandemia para adquirir compañías a precios de ganga.

Lo cierto es que antes del caso Vicentin empezaban a notarse las señales de fastidio del kirchnerismo para con Alberto Fernández. En una entrevista que Página 12 le hizo al propio mandatario se le dijo que su nuevo apodo era "Alcentro", por su preferencia por las posturas moderadas. Y en los medios K abundaron críticas por la "ingenuidad" del Banco Central al bajar encajes de los bancos que luego podían ir a presionar al dólar.

Por cierto, la caída de 19% en la liquidación de divisas del agro constituyó otro motivo de reclamo para que el Gobierno endureciera su postura frente al sector privado.

La batalla por reivindicar una palabra "cara a los intereses populares"

Fue en ese marco que llegó se festejó la propuesta de Vicentin. Para entender mejor lo que este tipo de debates genera en el núcleo duro kirchnerista, tal vez no haya nada mejor que recurrir a las viejas reflexiones de los intelectuales de Carta Abierta.

Tras la estatización de YPF, Ricardo Forster, que luego fue secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, aludía al acierto al utilizar un lenguaje simple y directo, que asociaba los conceptos de autoabastecimiento energético con el objetivo de la "inclusión social". Era ahí, en esa capacidad de definir y nombrar los temas de la agenda donde, según el intelectual, residía la capacidad de llevar adelante los proyectos políticos.

Recordaba al respecto que, en los años ’90, "el triunfo del modelo neoliberal no fue sólo y apenas el resultado de un cambio en el patrón de acumulación sino que también encontró su potencialidad y su hegemonía en la creación de un nuevo sentido común".

Tras celebrar la reversión de ese sentido común y la recuperación al lenguaje político de términos como "expropiación" ("una palabra cara a los intereses populares"), Forster destacaba que la reestatización de YPF se ubicaba en línea con la supresión de las AFJP y la captación de dólares del Banco Central para la política de desendeudamiento.

Ricardo Forster reivindicaba la palabra "expropiación" ya en el debate por YPF.

Ocho años después de aquella "gesta", la interpretación no cambió un ápice. Por eso la idea de la intervención, expropiación y estatización de Vicentin pueda ligarse al concepto de "soberanía" es algo que genera entusiasmo en el universo K.

Es cierto que Alberto Fernández, obligado a llevar un mensaje tranquilizador en el sentido de que no habrá una "venezuelización", avisó que el de la cerealera santafesina es un caso aislado y no el primero en una ofensiva estatizante.

Pero en esa batalla cultural por instalar el léxico que formará el "nuevo sentido común", la militancia K siente que se anotó una victoria. A fin de cuentas, los mismos argumentos que se plantearon para Vicentin podrían aplicarse a otras compañías del campo que también tienen deudas o que vienen con una sucesión de balances negativos y pérdida de valor. Se incluyen allí nombres tan potentes como Molinos, Sancor o Molino Cañuelas.

De todas formas, no está ganada la batalla por la opinión pública. En el caso de YPF en 2012, el apoyo popular había sido abrumador, con un 85% de la gente a favor de la medida. En cambio, los primeros sondeos sobre Vicentin indican que apenas un 21% está a favor de la expropiación.