"Gracias por tanto amor" escribió en su cuenta de Twitter Cristina Kirchner tras recibir la que tal vez haya sido su mejor noticia en lo que va del año: quedó sobreseída en la causa judicial denominada "dólar futuro", la primera de la larga lista de actos de presunta corrupción ocurridas durante su gestión, y que ella transformó en un símbolo del "lawfare".

Después de su intensa prédica para explicar que esta causa era en realidad una operación político-mediática destinada a perjudicar las chances electorales del peronismo y perseguirla a ella personalmente, la Cámara de Casación Penal dictó por unanimidad el sobreseimiento, basándose en la inexistencia de delito.

Pero acaso no sólo el kirchnerismo sea el que respiró aliviado tras este fallo, sino que también dentro del macrismo hay quienes tienen motivos para considerarse indirectamente beneficiados.

Ocurre que, entre los principales argumentos de defensa que plantearon Cristina, Axel Kicillof -entonces ministro de Economía- y Alejandro Vanoli -entonces titular del Banco Central-, uno de los principales era que las decisiones de política económica están dentro de las facultades privativas de los funcionarios y que, por tanto, no pueden ser judiciables por sus resultados, a no ser que haya ocurrido una intención de dolo.

Esto podría aplicarse, también, a Mauricio Macri y los funcionarios de su equipo económico, que son objeto de una querella por parte del Estado por haber tomado deuda con fondos de inversión y luego haber firmado el acuerdo "stand by" con el Fondo Monetario Internacional.

Lo cierto es que la causa contra Cristina por el tema del dólar futuro -impulsada en 2015 por Federico Pinedo y Mario Negri- siempre había causado desavenencias internas en la coalición Cambiemos. Sobre todo, naturalmente, por los funcionarios del área económica, que no se sentían cómodos al tener que tomar medidas que, con los mismos criterios que se les aplicaba a sus predecesores, lo podrían afectar también a ellos.

Empezando por Federico Sturzenegger, primer presidente del BCRA en la gestión macrista. Tanto fue así que, como recordó el ex ministro Kicillof durante su alegato, Sturzenegger le consultó al fallecido juez Claudio Bonadio antes de pagarle a los acreedores que habían comprado los contratos de dólar futuro -en todo caso, una obligación del Banco Central, que en ese caso fue negociada-.

Un fallo que exime de juzgar decisiones económicas

Los jueces justificaron su decisión, sobre todo, luego de ver el informe de peritos financieros de la propia Corte Suprema, que no vieron un daño patrimonial al Banco Central por la aplicación masiva de contratos en el mercado de futuros del dólar durante el año 2015, cuando el tipo de cambio oficial estaba en $9,70 pero en el mercado de futuros de Wall Street y en las operaciones de triangulación de bonos cotizaba a $16.

Desde el momento en que se conoció la noticia, el kirchnerismo lo celebró como una victoria política, sobre todo con el recuerdo fresco del potente alegato realizado por la ex mandataria, que fue televisado en vivo, y en el que desarrolló su visión sobre el concepto del "lawfare".

En su alegato ante la Cámara, Cristina dijo que la causa dólar futuro sería un "leading case" sobre la aplicación del "lawfare"

En esa oportunidad, frente a los camaristas Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, su acusación de que los jueces eran cómplices de políticas económicas perjudiciales para la población alcanzó un nivel inusitado.

"Ahora los argentinos deben 44 mil millones de dólares y ustedes también son responsables, no miren para otro lado, porque ustedes causan climas en la república Argentina, que impactan en agentes económicos y así estamos", les dijo directamente a los jueces de la Cámara.

Y, con la seguridad que le daba el hecho de contar con un informe favorable a cargo de peritos de la Corte Suprema de Justicia, calificó a esta investigación como "un leading case" en casos de persecución política a cargo de fuerzas mediático-judiciales.

Ya en 2016, cuando por primera vez tuvo que concurrir a Comodoro Py para responder ante el fallecido juez Claudio Bonadio sobre la causa "dólar futuro" había recurrido a los ejemplos históricos como el de Hipólito Yrigoyen, preso tras ser derrocado en 1930. Una comparación ante la cual la Unión Cívica Radical contestó ofendida.

Lo cierto es que los jueces, con el informe de los peritos oficiales como principal elemento de consideración, concluyeron que no se había violado la carta orgánica del BCRA y que no es pasible de ser considerado delito ningún resultado de medida económica que haya sido adoptada por un accionar ajustado a Derecho.

En el texto del fallo, se señala que las operaciones que hacía Vanoli en el mercado de futuros no hacía más que materializar una política monetaria cuyos aciertos o desaciertos no atañen a las materias que los jueces deben atender. En definitiva, el fallo reafirmó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia según la cual las razones esgrimidas por los funcionarios de otros poderes del Estado no pueden estar dentro del control judicial.

Quien había argumentado con más elocuencia ese punto durante la audiencia había sido Kicillof, quien llevando su análisis al extrema de la ironía, había dicho que si es un delito que un gobierno intervenga en el mercado financiero, entonces se debería juzgar a los presidentes de bancos centrales de todos los países o bien, cada vez que un titular del BCRA tiene que tomar una medida debe ir primero a Comodoro Py a preguntarle a un juez a qué precio debe vender, para saber si está dentro de la ley.

Y, recordó el ex ministro, este tipo de instrumentos que se usan para aliviar la tensión cambiaria "los usan todos, hasta lo hicieron los funcionarios de Macri".

No le faltaba razón al ahora gobernador bonaerense: ante las crisis, los funcionarios deben tomar decisiones que inevitablemente tienen su costo. Así como en su momento Sturzenegger generó la famosa "bola de Lebacs" para tratar de pelear contra la inflación y la presión inflacionaria, de la misma manera ahora el Banco Central a cargo de Miguel Pesce está armando la "bola de Leliqs".

Los funcionarios macristas que pasaron por el Banco Central rechazaron los argumentos acusatorios sobre la toma de la deuda

El argumento K: lo de Macri sí fue delito

Pero claro, no se termina en este fallo la polémica. Porque ahora vendrá la guerra interpretativa en el sentido de si el endeudamiento realizado por el macrismo debe considerarse en los mismos términos que las operaciones de dólar futuro -y, por consiguiente, no judiciable- o si se trata de un caso con dolo.

Ya la propia Cristina se había percatado de que su defensa era un arma de doble filo, porque el macrismo podría querer utilizar su alegato en conveniencia propia. Por eso hizo referencia a que ahora en los medios de comunicación notaba una mayor cantidad de opiniones en el sentido de que medidas como la de contratos de dólar futuro no son cuestiones judiciables.

"Sospecho que están diciendo esto a partir de que el Presidente decidió iniciar querella criminal por el endeudamiento que se tomó en 2018", dijo Cristina.

Es por eso que, en adelante, su estrategia consistirá en demostrar que ambos casos no son comparables, dado que en el caso de "dólar futuro" no hubo perjuicio económico mientras que Macri incurrió en violación de normas y además perjudicó las finanzas del país.

Lo cierto es que a Cristina no le resultará fácil sostener ese argumento, porque el acuerdo con el FMI no incrementó la deuda, sino que implicó cancelar deuda anterior por deuda nueva, a una tasa más baja. Hablando en números, cuando "pasaron cosas" que llevaron a Macri a acercarse al FMI, Argentina tenía una deuda total de u$s320.000 millones, mientras que cuando dejó el gobierno, había ascendido a u$s323.000 millones. Es decir, una variación mínima.

En cambio, lo que sí varió fue la composición de esa deuda- los organismos multilaterales, entre ellos el Fondo, que eran acreedores por u$s29.000 millones, ahora tienen exigencias por u$s73.000 millones-.

En aquel momento, los ex funcionarios macristas realizaron una fuerte defensa de sus actos de gobierno, a los que consideraron menos gravosos para el país que las decisiones que luego tomaría Alberto Fernández.

Por caso, Guido Sandleris, ex titular del Central, quien fundamentó que la política de endeudamiento del macrismo tuvo su origen en el déficit fiscal heredado de la gestión de Cristina.

"El Gobierno de Macri recibió un déficit fiscal primario grande (3,8% del PBI en 2015). A partir de 2018 la fuerte corrección del déficit fiscal permitió reducir la velocidad de endeudamiento y entregar un gobierno con un presupuesto casi equilibrado", apuntó. Según el ex funcionario, dos de cada tres dólares de deuda tomados por Macri tuvieron como destino pagar deudas heredadas.

Argumentó además que el préstamo tomado con el FMI fue utilizado no para fugar capital sino para pagar deuda que estaba por vencer.

Y otro ex funcionario, Hernán Lacunza, cuestionó otro de los argumentos técnicos del Gobierno: el de que ahora se esté en un proceso de desendeudamiento. Escribió que el año pasado la deuda aumentó más que en el promedio de la era macrista, porque la suba fue de u$s21.000 millones contra u$s17.800 millones que tuvo cada año del cuatrienio de Macri como promedio.

Diseñando la estrategia del contra-lawfare

En el Gobierno tienen claro que si la querella contra los endeudadores macristas se basa exclusivamente en argumentaciones económicas, corren el riesgo de que la justicia se declara no competente para intervenir.

Y por ello no fue casual la insistencia que, en su discurso ante el Congreso, el presidente Alberto Fernández calificó la toma de deuda como un acto de "administración fraudulenta" y "malversación de fondos". El argumento es que el endeudamiento no se hizo en bien del país, y que la prueba de ello es la fuga de capitales por una cifra similar a la que se tomó. 

Y, por las dudas de que alguien quisiera establecer una comparación con la situación actual, el Gobierno planteó la diferencia existente entre una política de endeudamiento en pesos -supuestamente menos grave porque el propio Banco Central tiene la potestad de emitir para pagar vencimientos- en relación con una deuda en dólares.

Es decir, no se limitó a calificar la política de endeudamiento como un error técnico pasible de ser cometido por quien maneja la política económica sino directamente como una acción con dolo, en perjuicio directo del Estado.

Por lo pronto, la estrategia judicial kirchnerista empieza a quedar en claro. Hay dirigentes que ya están afirmando que el tema del dólar futuro debe tener un capítulo de contraataque. Es decir, no debe terminar con el sobreseimiento a Cristina sino que debe acusar a funcionarios que estaban vinculados con fondos de inversión que se beneficiaron cuando se produjo la devaluación de diciembre de 2015.

Luis Caputo, entonces secretario de finanzas -que antes de asumir había tomado contratos de dólar futuro como gerente de una sociedad de fondos de inversión- tiene el número puesto para las acusaciones. Tras el sobreseimiento a Cristina, fue inmediatamente recordado por dirigentes cercanos al kirchnerismo, que especularon con la posibilidad de una acusación.

Pero, sobre todo, la preocupación central de Cristina es que se profundice el concepto de "lawfare" para que no haya posibilidades de que los mismos argumentos aplicados en el fallo por el dólar futuro sean también transferibles al endeudamiento macrista.