Con la necesidad de sancionar una nueva Ley de Alquileres ante la crisis que atraviesa el rubro, el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados alcanzaron un principio de acuerdo para buscar un proyecto consensuado que modifique la normativa en el plazo de un mes.

El acuerdo implica que el interbloque de Juntos por el Cambio suspende el pedido de sesión especial que había hecho para el próximo martes con el fin de plantear la derogación la ley 27.551 y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llama a la constitución de la Comisión de Legislación General para ese mismo día y con el único fin de debatir mejoras a la ley actual.

La idea es que la comisión, en un plazo de 30 días, reciba a los distintos actores para escuchar sugerencias y propuestas tendientes a mejorar la legislación actual. La bancada opositora que coordinan Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (Coalición Cívica) señalaron que una vez vencido ese plazo, si no hay dictamenes para un proyecto de reforma, volverá a pedir una sesión especial.

El problema que tienen tanto la oposición como el oficialismo es que ninguna de las dos partes tiene mayoría suficiente para avanzar con una iniciativa propia, de la varias que ya presentaron. Esta realidad política impacta negativamente en el problema económico de fondo y obliga a los dos espacios a buscar algún punto de acuerdo.

Juntos por el Cambio postergó su pedido de sesión para derogar la ley a cambio de iniciar un debate en comisión

Ley de Alquileres: ¿cómo viene la negociación de Diputados para cambiar la normativa?

Según pudo constatar iProfesional en base a fuentes de los distintos bloques, el mayor consenso está en la necesidad de cambiar los dos artículos que más problemas generan a inquilinos, propietarios e inmobiliarias: el de la duración de tres años para los contratos y el que indexa el ajuste anual por inflación e índice de variación salarial.

Mientras en Juntos por el Cambio predominaba por estos días la idea de derogar la norma, Massa había propuesto suspender ambos artículos. Considera que la derogación total de la ley deja sin marco normativo a los que ya firmaron contrato bajo la nueva ley, algo que también fue advertido por la asociación Inquilinos Agrupados.

La propuesta del referente del Frente de Todos se completaba con la idea de crear, mediante acuerdo de todos los jefes de bloque, una comisión que en un plazo de 90 días redactara una nuevo proyecto de ley que reúna consenso suficiente, para evitar el bloqueo parlamentario que sufren tanto el oficialismo como la oposición.

En Juntos por el Cambio esa propuesta no tuvo eco. Algunos de sus diputados recogen la advertencia del sector inmobiliario sobre lo extenso que resulta ese plazo en un contexto de inflación acelerada y de crisis en el mercado, con menos oferta y cada vez más costosa para quienes buscan vivienda.

Massa busca consenso ante el hecho de que nadie tiene mayoría propia y aceptó reducir el plazo que había propuesto

No obstante, la bancada opositora ya tenía varios proyectos presentados individualmente por sus legisladores y también apuntan a esos dos artículos clave. El de Ritondo y Álvaro González, del PRO, propone una extensión de 24 meses años para los contratos y el de Martín Tetaz, de la UCR, un año.

El ajuste de los alquileres y los otros proyectos ya presentados

Finalmente se llegó a un punto intermedio: la oposición dejó de lado su pedido de sesión especial (tampoco tenía mayoría suficiente para derogar la norma) y el oficialismo aceptó constituir una comisión (trámite que está trabado en el resto de las comisiones) y redujo el plazo para buscar consenso en torno a las modificaciones. 

Dentro de Juntos por el Cambio reconocen que la Ley de Alquileres, que fue impulsada por ese mismo espacio durante la gestión de Mauricio Macri, fue un error, principalmente por haber establecido un ajuste anual indexado.

En ese contexto, la iniciativa que presentaron Ritondo y González junto a otros legisladores propone que en los contratos de locación para vivienda "el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre los cuales pueden realizarse ajustes pactados de común acuerdo entre las partes".

Por su parte, el proyecto que presentó Asseff va en un sentido similar. El diputado explicó que apunta a la "libertad de contratación y el equilibrio de mercado" y a facilitar "la contratación y el entendimiento entre las partes".

La nueva ley afectó negativamente a propietarios e inquilinos y advierten por una crisis habitacional 

La diferencia la marca el proyecto que presentó José Luis Gioja, del Frente de Todos, el cual mantiene la fórmula de ajuste indexado pero con topes. El sanjuanino propuso un límite del 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto por la ley para la renovación y del 20% adicional para el precio inicial del alquiler.

Ninguno de los proyectos reúne por el momento el consenso suficiente, como tampoco la idea de derogar la ley vigente. Todo dependerá de si se da en el transcurso del próximo mes algún acuerdo para definir la situación del mercado de alquileres.