La discusión sobre la reforma de la Ley de alquileres, que empezó en abril pasado, está estancada en la Cámara de Diputados desde junio y un sector de Juntos por el Cambio intenta salir de la encerrona con una convocatoria a sesión especial para tratar el tema antes de que concluya el año parlamentario.

A lo largo del año, el debate sufrió varias demoras y quedó trabado con la presentación de dos proyectos antagónicos, uno del Frente de Todos y otro del arco opositor, consensuado entre Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, Provincias Unidas, SER y Avanza la Libertad.

Ese acuerdo le garantizaba a la oposición mayoría en el recinto. Sin embargo, ese consenso se quebró con el correr de los meses y quedó diluido en medio de la crisis política y económica que se desató tras la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán, que no dejó ajeno al Congreso.

Ahora, algunos diputados del PRO iniciaron gestiones ante sus pares con el fin de reconstruir ese consenso y juntar las firmas necesarias para convocar formalmente a una sesión especial y forzar una definición sobre la modificación de la Ley de alquileres (27.551) con un escenario favorable al proyecto opositor, según indicó ante iProfesional uno de los legisladores involucrados.

Esa iniciativa plantea volver a los contratos de alquiler de 2 años -con la ley sancionada en 2020 pasaron a ser de 3- y que la actualización de precio se defina por un mecanismo "acordado entre las partes" en plazos que pueden ir de los 3 a los 12 meses. Este último punto sobre el período para el ajuste había generado algunas reservas entre los propios opositores, que ahora intentan resolver.

Reforma de la Ley de alquileres: qué planea la oposción

"Vamos a pedir una sesión especial", aseguran en el bloque del PRO que lidera Cristian Ritondo, donde consideran que, terminado el debate sobre el Presupuesto 2023, la oposición debe intentar una vez más que el debate sobre los alquileres llegue al recinto, antes de que finalice el período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre.

Juntos por el Cambio quiere intentar nuevamente que la reforma de la Ley de alquileres llegue al recinto.

Como contó iProfesional, el riesgo de que el tratamiento de la reforma quede para 2023 creció en los últimos meses cuando el consenso opositor sufrió una fisura. En Juntos por el Cambio deslizaron que los diputados rionegrinos que forman parte del interbloque Provincias Unidas pusieron reparos a pesar de haber firmado el dictamen conjunto en junio.

En el plan de llamar a una sesión especial, diputados del PRO retomaron el contacto en los últimos días con los rionegrinos encabezados por Luis di Giacomo para tratar de "acercalos de nuevo", según deslizaron fuentes parlamentarias.

Como parte de las gestiones se abrió la posibilidad de retocar el dictamen de la oposición, para que el ajuste del precio del alquiler se pueda hacer, como mínimo, cada 6 meses y no cada 3. "El consenso era con aumentos semestrales", comentó un diputado ante iProfesional al ser consultado por esa cláusula puntual del proyecto.

Si bien no se trata de algo ya definido, la opción de hacer ese retoque en caso de ser necesario para construir una mayoría que les permita avanzar con el proyecto es algo que se comenta en las filas opositoras.

Ley de alquileres: ¿podría aprobarse el proyecto en Diputados? 

Si bien el dictamen de mayoría, con 40 firmas, sigue siendo el del Frente de Todos que mantiene los contratos de 3 años y el ajuste anual definido por la combinación del índice de inflación y de variación salarial, el acuerdo de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal con las demás bancadas opositoras le da más chances a su proyecto en el recinto de la Cámara baja.

Un antecedente que juega a favor de esa posibilidad se dio en el proyecto para establecer la Boleta Única en Papel para las elecciones nacionales, el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados con esa misma unidad de bloques opositores.

El proyecto opositor propone volver a los contratos de 2 años y ajustes por períodos más cortos.

En aquella sesión del 9 de junio pasado, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal, los bloques provinciales y los liberales y libertarios sumaron 132 votos afirmativos contra 104 negativos del oficialismo y 4 abstenciones del Frente de Izquierda. Si bien hubo algunas ausencias en el Frente de Todos, con sus 118 diputados sentados tampoco habría podido evitar el triunfo opositor.

Con el mismo caso puede citarse también un antecedente negativo para la oposición: el kirchnerismo logró frenar ese proyecto en el Senado, donde tiene una leve ventaja numérica sobre la oposición.

La Ley de alquileres podría tener, entonces, un destino similar, aunque en los últimos debates de la Cámara alta el oficialismo se vio más débil y necesitado de sus pocos aliados. En ese sentido, resalta el hecho de que uno de los senadores que suele acompañarlos es el rionegrino Alberto Weretilneck, líder del espacio con el que la oposición intenta volver a acordar en Diputados.

Por otra parte, el conglomerado opositor de Diputados está envalentonado por las concesiones que hace un tiempo le viene arrancando a un oficialismo al que cada vez le cuesta más construir una mayoría parlamentaria. Se vio recientemente en la discusión del Presupuesto 2023 y antes en la sesión para repudiar el atentado contra Cristina Kirchner, donde el texto se cambió por exigencia del PRO.

La propuesta del oficialismo, irreconciliable con el proyecto opositor

La iniciativa del oficialismo deja como están los dos puntos más criticados por el mercado inmobiliario: los contratos de 3 años y el ajuste anual determinado por el coeficiente entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de variación salarial (RIPTE). En cambio, propone beneficios fiscales para los propietarios de inmuebles, con el fin de solucionar la escasez de oferta sobre la que vienen alertando tanto las inmobiliarias como los inquilinos.

En este sentido, el proyecto exime del impuesto sobre Bienes Personales a los inmuebles en alquiler "con destino exclusivo a casa habitación", los cuales no estarán alcanzados cuando su valor sea de hasta $30.000.000, y propone que los pequeños contribuyentes que "no posean más de 3 unidades de explotación" podrán seguir en el Régimen Simplificado si se destinan a alquiler para vivienda.

La discusión sobre la reforma empezó en abril, pero quedó estancada mientras suben los precios y escasea la oferta.

Por otra parte, el dictamen del Frente de Todos incorpora la obligación de que en los contratos de alquiler se consignen "los datos bancarios necesarios de la parte locadora para recibir el pago del canon convenido por transferencia o depósito bancario" y prohíbe la publicación en dólares de alquileres con destino habitacional.

El proyecto de la oposición coincide con el del oficialismo únicamente en los beneficios fiscales, con la misma exención sobre Bienes Personales, y exceptúa del impuesto a los débitos y créditos bancarios las cajas de ahorro y cuentas corrientes que sean utilizadas de forma exclusiva para el cobro del alquiler.