• 12/10/2024

Jubilaciones: el Senado aprobó la nueva ley con aumento y ahora empieza batalla por veto de Milei

Con una nueva derrota a cuestas el Presidente ratificó que vetará la ley de la oposición por su costo fiscal. Qué dice la norma y cómo seguirá la pulseada
22/08/2024 - 16:55hs
Jubilaciones: el Senado aprobó la nueva ley con aumento y ahora empieza batalla por veto de Milei

La oposición logró aprobar en el Senado la ley que modifica la fórmula de movilidad de jubilaciones y que implica, como primer efecto, un aumento del 8,1% sobre los haberes pero el presidente Javier Milei ratificó que la vetará para cuidar el "equilibrio fiscal", lo que preanuncia una nueva pelea con el Congreso, donde se intentará anular esa decisión e insistir con la nueva norma.

El proyecto había sido aprobado en junio por la Cámara de Diputados gracias a la mayoría circunstancial que armaron el kirchnerismo, la UCR y el bloque de Miguel Pichetto, entre otros. Ese acuerdo se reflejó en el Senado, donde opositores dialoguistas y duros le dieron sanción definitiva a la ley con 61 votos a favor y 8 en contra en general.

Milei sufrió varias derrotas en el Congreso en las últimas 24 horas y en la Casa Rosada ya sabían que les esperaba otra con el tema de las jubilaciones. Por ese motivo, momentos antes de la sesión del Senado el Presidente indicó que cumplirá la advertencia que lanzó en junio: estrenaría la herramienta del veto con esta ley.

Sin embargo, si las dos cámaras del Congreso reúnen una mayoría de dos tercios pueden ratificar la ley y anular el veto presidencial. El Ejecutivo queda obligado a promulgarla. En ese sentido, el dato central es que en Diputados y en el Senado el proyecto se aprobó con esa mayoría, lo que implica que la oposición arranca en condiciones de librar esa pelea con Milei.

La pelea por parte de Milei involucra no solo los aumentos que dispone la nueva ley para las jubilaciones y que a su juicio perjudica su plan económico, sino también la disputa entre el Gobierno nacional y 13 provincias por la deuda con las cajas jubilatorias no transferidas a la Anses. Por este motivo, la discusión que empieza sobre el eventual veto y la reacción del Congreso tiene otras aristas, además de la recomposición que esperan los jubilados.

¿Qué establece la nueva ley sobre jubilaciones que aprobó la oposición? 

La ley que impulsó la oposición mantiene la fórmula de actualización mensual de los haberes por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fijó Milei por decreto, pero dispone un aumento del 8,1% por el mes de abril que se sumará al 12,5% que ya otorgó el Gobierno, para cubrir así el 20,6% de la inflación de enero -la más alta del año- que no había sido contemplada en su totalidad.

Además, la iniciativa fija un aumento adicional para el mes de marzo de cada año por el 50% de la variación del índice RIPTE (evolución del salario promedio del sector formal) por sobre la variación del IPC del último año anterior, siempre que ésta sea positiva.

Por otra parte, la nueva ley establece que el haber mínimo nunca podrá estar por debajo del valor de la canasta básica total de un adulto multiplicado por 1,09. En julio (último dato disponible) la canasta fue $291.471,73, por lo que el nuevo piso para las jubilaciones debería ser $317.704,19.

El otro punto clave atañe más a la política que a los jubilados y se trata del artículo que le da a la Anses un plazo de seis meses para cancelar la deuda con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas a la Nación.

Tanto este punto como los aumentos y el nuevo piso para las jubilaciones dependerán, lógicamente, de si Milei aplica o no el veto presidencial´y cómo lo hace. Y es que el Ejecutivo tiene la atribución de vetar parcialmente cualquier ley, esto es, promulgar algunos artículos y no otros.

Milei ratificó que vetará la ley: ¿qué alternativas maneja el Gobierno?

Este tema es clave para la pelea política que se viene. Poco antes de que empiece la sesión del Senado, el Presidente ratificó que vetará la ley como advirtió hace dos meses y volvió a calificar a los legisladores que votaron a favor como "degenerados fiscales".

Lo hizo al republicar un tuit del subsecretario de Prensa, Javier Lanari, quien afirmó que "el equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico" y agregó: "Todo lo que ataque eso se va a vetar. El 'costo político' no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales".

En el Gobierno calcularon que el impacto fiscal del aumento sería de 0,3% del PBI para este año y 0,4% para 2025 mientras que, si tuviera que cumplir con la cancelación de la deudas con las provincias, el Estado finalizaría el año con déficit fiscal. Esto es intolerable para Milei.

Sin embargo, durante la discusión en las comisiones del Senado el oficialismo intentó dilatar la aprobación de la ley con modificaciones que hubiera obligado a devolver el proyecto a Diputados. En ese plan, había aceptado el aumento de 8,1% para recomponer los haberes frente a la inflación de enero y sus senadores lo ratificaron durante el debate.

Siguiendo esa lógica, existe la posibilidad de que el Presidente use un veto parcial en lugar de anular todos los artículos de la nueva ley. Aunque en la Casa Rosada le resten importancia al posible "costo político" de vetar una ley que beneficiaría a los jubilados y confíen en el poder de comunicación del mandatario, los funcionarios más afilados del Gobierno saben que puede ser un problema.

¿Cómo es la pelea que sugiere la oposición en el Congreso frente a un veto de Milei?

Con el objetivo en la mira de marcarle a Milei los límites del ajuste fiscal -que sintieron sobre todo los jubilados de la mínima- en la oposición anidó desde el inicio la idea de hacerle pagar el costo de un eventual veto, confiados en que si se el mandatario toma ese camino podrían revertirlo. Esto sería una doble derrota para el Gobierno.

Y es que de acuerdo, al artículo 83 de la Constitución Nacional, una ley vetada total o parcialmente por el Poder Ejecutivo debe volver a la Cámara de origen (en este caso Diputados) y si allí es ratificada con mayoría de dos tercios de los presentes pasa a la Cámara revisora (el Senado), donde la confirmación por la misma mayoría obliga al Gobierno a promulgar esa ley.

Por ello, en el Senado la mayor expectativa estaba en aprobar la ley con una mayoría de dos tercios, como ocurrió en Diputados al reunir 160 votos entre los 240 presentesy finalmente la oposición cumplió ese objetivo al juntar 61 voluntades a favor de la ley sobre un total de 69 presentes. Un dato no menor: los senadores del PRO -excepto Carmen Álvarez Rivero- se sumaron a la iniciativa, a diferencia de lo que habían hecho sus diputados.

Ahora esperarán a ver qué hace Milei, pero ya existe un pre acuerdo entre la UCR, Unión por la Patria, parte del PRO y bloques provinciales para buscar la anulación del eventual veto. "El Gobierno tiene que tomar nota de que no solo el Presidente tiene poder, también el Congreso", advirtieron fuentes parlamentarias ante iProfesional.

Luego de que Milei avisara en junio que estaba dispuesto a vetar la ley que aumenta las jubilaciones, en algunas oficinas de diputados opositores incluso consideraban que con esa mayoría de 160 votos que lograron para darle media sanción al proyecto podrían "convocar a una consulta popular" para que la última palabra la tengan los ciudadanos, según adelantaron a este medio.

En efecto, cualquier proyecto que sea aprobado en el marco de una consulta popular -un atributo que tiene la Cámara de Diputados- se convierte en ley y se promulga automáticamente sin que el Poder Ejecutivo pueda vetarlo. Este es el último recurso que tendría la oposición y, si bien esperan no usarlo porque llevaría la pelea por las jubilaciones al extremo, es un factor que el entorno de Milei deberá tener en cuenta.

¿Cómo fue el debate del Senado?: el oficialismo, solo con su discurso

En la votación del Senado el oficialismo mostró como nunca la debilidad parlamentaria que representa un verdadero problema para Milei, al quedar aislados tan solo con sus 7 votos, más el de la cordobesa del PRO Álvarez Rivero. A pesar de saber de antemano que perderían, defendieron a rajatabla la posición del Gobierno en sus discursos y responsabilizaron a los otros partidos por la situación del sistema previsional.

"Nos encontramos con una capacidad de financiamiento agotada, debido al desastre que nos dejaron", sentenció el senador de La Libertad Avanza Bruno Olivera, al tiempo que insistió en que la fórmula que impulsó la oposición "complica el equilibrio fiscal y nos va a llevar sin duda de vuelta al déficit fiscal que imposibilita el crecimiento económico".

En tanto, el jefe del bloque oficialista Ezequiel Atauche abundó con que hubo "52 modificaciones en 30 años que fueron emparchando y emparchando sin solucionar el problema de fondo de los jubilados". En esa línea, remarcó además que con la fórmula del gobierno de Mauricio Macri la jubilación mínima cayó 14% en términos reales" y "con la de Alberto Fernández los haberes superiores a dos haberes mínimos cayeron 25% en términos reales".

Por su parte, la oposición reclamó varias veces que Milei no vete esta norma e hizo hincapié en la pérdida sostenida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Según el radical Martín Lousteau, desde 2017 "perdieron 47%" y "los bonos no alcanzan para compensar" esa caída. Su compañero de bloque Flavio Fama aludió, en tanto, al DNU que amplió el presupuesto para la SIDE que acaba de rechazar Diputados para marcar la aparente contradicción del oficialismo.

En la bancada kirchnerista, Juliana di Tullio también defendió el proyecto pero puso el acento en el curso de la gestión económica, con una respuesta a las críticas de Milei. "Si el Presidente dice que somos degenerados fiscales él es un degenerado social, que lo que hizo fue construir el escenario con el 55% de obres y 17,5% de indigentes en ocho meses", apunto la senadora bonaerense.

Con la nueva ley de movilidad que aumenta las jubilaciones ya sancionada, la expectativa pasa ahora al veto que anunció Javier Milei, en su forma, tiempo y posibles efectos políticos, pero también a la reacción de la oposición en el Congreso, donde esta semana quedó claro que el Gobierno no tiene un control absoluto sobre el curso de la gestión.

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